El gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, ha salido al paso de las críticas sobre el desarrollo urbano en el municipio para enfatizar que su estrategia se centra en un crecimiento ordenado y responsable. La administración local reconoce los profundos rezagos estructurales que enfrenta la demarcación, como una red hidráulica abandonada, vialidades en mal estado y comunidades que han sido ignoradas durante años, una problemática que, según el ayuntamiento, no es imputable a la gestión actual sino que arrastra un largo historial de falta de atención.
Frente a los cuestionamientos de sus detractores, el equipo del edil Montoya ha sido enfático en señalar que su política no es la de frenar la inversión inmobiliaria, sino la de regularla con firmeza. Desde el inicio de su mandato, la postura ha sido clara: se exige a los desarrolladores de nuevos proyectos, muchos de ellos autorizados al filo del cambio de administración, el cumplimiento cabal de todas sus obligaciones legales y contractuales, negándose a otorgar facilidades que puedan lesionar el interés público de los naucalpenses.
De acuerdo con los archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano, existe un importante número de proyectos inmobiliarios que fueron avalados en la gestión anterior y que hoy operan bajo diversos regímenes como licencias, prórrogas o suspensiones. La autoridad municipal subraya que su labor no se limita a la revisión de estos expedientes heredados, sino que implica una supervisión rigurosa para garantizar que cada desarrollo se ajuste estrictamente a la normatividad y a una visión de viabilidad urbana integral para la zona.
Uno de los frentes prioritarios para la actual administración ha sido el hídrico, donde se busca revertir la dependencia histórica del Sistema Cutzamala, la cual, según cifras oficiales, aumentó hasta un 75 por ciento en el trienio pasado debido a la falta de obras. En respuesta, el alcalde Isaac Montoya puso en marcha un Plan Maestro con una inversión sin precedentes de más de 87 millones de pesos, destinado a la rehabilitación de la infraestructura hidráulica en puntos críticos, con recursos provenientes tanto del programa federal PRODDER como de las arcas municipales.
En materia de movilidad, el gobierno municipal destaca el notable avance de la Línea 3 del Mexicable, que a inicios de 2026 reporta más de un 68 por ciento de progreso, una obra que promete transformar la conectividad y reducir los tiempos de traslado para miles de usuarios. Paralelamente, se ha triplicado la inversión en la rehabilitación de vialidades durante el primer año de gestión, con acciones que van desde trabajos de concreto hidráulico en tramos de Periférico hasta un programa intensivo de bacheo y pavimentación en vialidades secundarias que son arterias principales para muchas comunidades.
Para ordenar el crecimiento a futuro, el gobierno de Montoya impulsa el Acuerdo por la Regeneración de Naucalpan (ARENA), una política pública que, según se explica, busca la equidad y el desarrollo territorial sin promover procesos de gentrificación. A través de 31 proyectos urbanos estratégicos, se pretende regenerar las zonas con mayores necesidades, aunque la administración aclara que, por el momento, no ha otorgado ninguna licencia de uso de suelo nueva, limitándose a dar seguimiento a los expedientes preexistentes.
El seguimiento a estos desarrollos heredados ha revelado una serie de adeudos por parte de las inmobiliarias. Mientras que casos como Terralago han cumplido con sus obligaciones, otros como Lomas Verdes 77 mantienen un rezago significativo en áreas de donación y obras de equipamiento, al igual que Luna Residencial. Ante esta situación, la Dirección de Desarrollo Urbano emitió en octubre de 2025 una serie de oficios formales requiriendo a empresas como ALIAH, Quiero Casa y Privada Lomas Verdes la regularización de sus aportaciones pendientes con el municipio.
Finalmente, el gobierno de Naucalpan reitera que su enfoque no es la oposición al desarrollo, sino la exigencia de una planeación responsable que garantice la viabilidad urbana. La actual gestión asegura que su trabajo se centra en evaluar integralmente el impacto de los proyectos en materia de infraestructura, agua, movilidad y equipamiento, con el objetivo de que el crecimiento de la ciudad sea sostenible y redunde en un beneficio real y tangible para toda la población.