Un juez vinculó a proceso de Arturo Ángel “N”, alias “El Ayala”, y de Juan “N”, alias “El Seven”, líderes de una facción vinculada a la organización criminal “La Familia Michoacana”.
Estos sujetos son señalados por el delito de asociación delictuosa agravada, cuando el 10 de febrero de 2025, habrían asesinado a cinco personas y lesionado a un joven, en el barrio San Miguel, en el pueblo de San Andrés Mixquic, alcaldía Tláhuac.
Atoridades vinculan al “Seven” a delitos de alto impacto, entre ellos narcomenudeo, extorsión y homicidio, con operación en la zona sur de la Ciudad de México, así como en municipios del Estado de México y Morelos.
En el pasado, este sujeto fue sentenciado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cuando intentó un asesinato en septiembre de 2019, en la alcaldía Milpa Alta.
Ese día agredió a la víctima con un objeto punzocortante, provocándole lesiones que pusieron en peligro su vida.
En el caso de Arturo Ángel “N”, las investigaciones lo relacionan con múltiples homicidios en los pueblos de San Antonio Tecómitl, alcaldía Milpa Alta; San Nicolás Tetelco, alcaldía Tláhuac; y San Juan Tezompa, en el municipio de Chalco, Estado de México. En tanto, “El Seven” es identificado como líder de dicha célula delictiva.
Así, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de ambos sujetos, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
El 27 de octubre de 2021, mediante procedimiento abreviado, el juez impuso una pena de cinco años de prisión al “Seven” y concedió el beneficio de la suspensión condicional --- salida alterna al juicio oral en el sistema penal acusatorio, donde el imputado acuerda cumplir condiciones impuestas por un juez de control y reparar el daño a la víctima para detener el proceso penal y evitar una sentencia definitiva ---.
“El Seven” estuvo sujeto al cumplimiento de diversas obligaciones procesales, entre ellas la presentación periódica ante la autoridad.
Ante el incumplimiento de dichas obligaciones procesales, se revocó el beneficio. Al no existir respuesta de la defensa ni del sentenciado, se ordenó la emisión de la orden de reaprehensión.