Comenzó la etapa de audiencia intermedia de Carlota “N” y de sus hijos Mariana “N” y Eduardo “N”, familia que privó de la vida a sus invasores en un predio en colonia Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Chalco, Estado de México, el 1 de abril del 2025.
En esta fase del proceso, el Ministerio Público, así como la defensa de los imputados ofrecerán datos de prueba para sustentar el delito o en su caso, librar a los presuntos responsables de las acusaciones.
A las 8:30 horas en los juzgados del Centro Penitenciario y de Reinserción Social - Chalco, Carlota “N” y sus hijos — todos en reclusión — comparecieron para su audiencia intermedia, donde también se encontraba de manera virtual Lourdes Johanna “N”, también detenida e integrante de una organización social autodenominada “Sindicato 22 de Octubre”, quien se mantiene en calidad de afectada, dado que las víctimas mortales eran sus familiares.
Una vez iniciada la audiencia, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) indicó que ofrecería tres propuestas a la defensa de Carlota “N” e hijos, con la finalidad de lograr un procedimiento abreviado y al aceptar su culpabilidad, evitar un juicio.
El ofrecimiento se dividió por el delito cometido a cada una de las víctimas. Es decir, partir a un tercio la pena de los años de cárcel, la multa y la reparación del daño.
En el primer caso, por el delito de homicidio calificado en contra de Justin Márquez, uno de los invasores, la Ley establece que implicaría una condena de 40 a 70 años de prisión, o vitalicia, sumado a una multa de 79 mil 198 pesos, equivalente a la Unidad de Medida y Actualización del año 2025, cuando se cometió el crimen.
Por lo tanto, el MP propuso dividir el castigo en un tercio, específicamente a 26 años con ocho meses de reclusión, así como 52 mil 798.70 pesos de multa y 247 mil 776.60 pesos de reparación del daño que tendría que ser entregado en efectivo a Lourdes Johanna “N” en otra audiencia, con la finalidad de que lo cuente y avale su veracidad.
Además, la aceptación del procedimiento implicaría una amonestación pública y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
Dichos pagos y multas serían exigidos a Carlota “N” por el delito de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa para Mariana y Eduardo.
En tanto, en cuanto a la víctima Esaú Márquez Portillo, otro de los despojadores que también perdió la vida, implica que los señalados de homicidio calificado acepten la misma cantidad de años de prisión, sumado a los acumulados por la primera víctima, además del monto equivalente a la multa y a la reparación del daño.
Por otra de las víctimas, un menor de edad de iniciales C.C.B. se le acusa a Carlota “N”, Mariana “N” y a Eduardo “N” por el delito de homicidio en grado de tentativa. En este caso, la pena mínima establecida en la normativa es de 26 años con ocho meses de prisión y 52 mil 798. 67 pesos de multa.
Al dividirlo en un tercio, implicaría que Carlota y su familia pasarían, cada uno, 17 años con nueve meses y 10 días en la cárcel.
La multa sería de 35 mil 199.11 pesos y 247 mil 776.60 pesos de reparación del daño.
Una vez escuchado el ofrecimiento del Ministerio Público, la defensa de los imputados solicitó diferir la audiencia para analizar la propuesta, sin embargo, en entrevista con Crónica, Arturo Santana Alfaro, hijo de Carlota “N”, sostuvo que rechazarán la oferta y agotarán todos los datos de prueba a favor de sus familiares en un juicio y demostrar que aparentemente actuaron en legítima defensa hacia sus invasores.
“No la vamos a aceptar, es una postura de procedimiento abreviado donde la pena mínima es de 40 años de prisión, eso definitivamente no lo vamos a aceptar, vamos a irnos a juicio, es una determinación familiar y con los abogados. El fiscal hizo su trabajo y su propuesta y creo que nosotros, con las pruebas que vamos a descubrir en la próxima audiencia, vamos a echar abajo la teoría del caso de la Fiscalía y vamos a seguir planteando, como teoría del caso, la legítima defensa”.
“El fiscal hizo su trabajo, hace lo que le ordenan, es parte del proceso de la etapa intermedia, entendemos la postura, pero se nos hace un tema incluso irrelevante, porque nosotros tenemos otra estrategia, otras pruebas que en su momento se van a desahogar y por ende creemos que no es viable la propuesta para nosotros”.
“Nosotros estamos trabajando desde hace varios meses en la conformación de este cúmulo probatorio, para efectos de reforzar nuestra teoría del caso que es la legítima defensa de mis tres familiares y nos vamos a ir por esa línea”, detalló Santana a este periódico.
El pasado 19 de febrero, un juez sentenció a seis años de cárcel a Víctor Heladio “N”, uno de los hombres que invadió la casa de Mariana “N” y quien habría actuado en complicidad de Lourdes Johanna “N” y Kartheryn “N”, aún prófuga.