La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para reformar la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros con el objetivo de regular y sancionar cobros excesivos y comisiones abusivas por parte de las instituciones bancarias.
El diputado Alberto Martínez Urincho, promovente de la iniciativa, explicó que se busca establecer mecanismos efectivos que impidan prácticas que afecten directamente la economía de las y los usuarios bancarios, garantizando condiciones más justas dentro del sistema financiero nacional.
El morenista detalló que durante el 2025 se registró un aumento en las quejas presentadas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), lo que alcanzó cifras récord en comisiones.
“Veintitrés millones de pesos por comisiones y tarifas durante 2025, marcando un máximo histórico. La concentración de quejas principalmente en la Ciudad de México fue de 40 mil 688 reclamaciones ante la Condusef durante el año. Con BBVA, Banamex y Banco Azteca encabezando la lista de quejas, los fraudes bancarios superaron los 2.4 millones en el 2025”, precisó.
Martínez Urincho señaló que la iniciativa parte del reconocimiento de que, aunque existen instituciones como la Condusef que salvaguardan derechos fundamentales, todavía persisten cobros que aplican los bancos que pueden resultar desproporcionados y poco transparentes.
Destacó que los clientes bancarios cuentan con derechos clave como el acceso a información clara sobre tasas y comisiones; la protección de sus datos personales, y la posibilidad de presentar aclaraciones por cargos no reconocidos dentro de los 90 días naturales posteriores a su estado de cuenta.
Añadió que las instituciones financieras están obligadas a responder en plazos definidos y a contar con Unidades Especializadas de Atención a Usuarios, sin embargo, dichas garantías resultan insuficientes frente a prácticas de cobro que pueden ser consideradas abusivas.
“Por ello, apuntó, es necesario reforzar el marco legal para prevenirlas, sancionarlas, y asegurar un trato digno y equitativo para la ciudadanía”.
El diputado comentó que de aprobarse su propuesta, representaría un paso importante hacia un sistema financiero más transparente, regulado y centrado en la protección de los derechos de las personas usuarias.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Administración Pública Local, para su análisis y dictamen; en caso de ser aprobada será llevada ante el Pleno del Congreso local y, en caso de recibir el aval, se enviaría al Congreso de la Unión para seguir su proceso legislativo.