El Congreso de la Ciudad de México recibió la iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en materia de extorsión; se trata de un proyecto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Penal y forma parte del Pacto Contra la Extorsión.
Además busca tipificar como delito el hostigamiento coercitivo, para castigar el acoso sistemático y las amenazas (con una pena de 3 a 7 años de prisión), sin necesidad de que la víctima llegue a concretar un pago.
Dicha figura es clave, ya que actualmente, si no existe un daño material (como lo es la entrega de dinero) difícilmente se puede castigar al acosador. Ello, deja fuera conductas intimidatorias muy reales y muy cotidianas que no llegan a concretarse pero que siembran miedo en comerciantes, transportistas y vecinos.
Con el hostigamiento coercitivo, la autoridad podrá actuar desde el primer acto de amenaza, sin esperar a que sea demasiado tarde.
La iniciativa señala que se busca la tipificación del mismo, “con el fin de no privar a las autoridades encargadas de la prevención, investigación y sanción de este delito a nivel local de una base legal suficiente para actuar aun en los casos en que la conducta no ha derivado en una extorsión, así como de establecer un mayor margen de protección para las víctimas”.
Tres puntos clave de la iniciativa
La iniciativa propone tres cambios sustanciales al Código Penal local, el primero es derogar el artículo 148 Quáter (reformado a finales del 2024) para armonizar la legislación de la Ciudad con la nueva Ley General en materia de extorsión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2025, con el fin de evitar contradicciones y fortalecer la coordinación con el gobierno federal.
Segundo, reforma el artículo 148 Quinquies sobre cobranza ilegítima para incorporar expresamente la violencia física o moral como medio comisivo agravante.
Y en tercer lugar, crea un Capítulo X al Código con el nuevo delito de Hostigamiento Coercitivo, tipificado en el artículo 148 Sexies, que contempla penas de tres a siete años de prisión para quien, mediante violencia física o moral, pretenda obligar a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar cualquier acción, sin necesidad de que se acredite un daño causado o un beneficio obtenido por el agresor.
La propuesta llega al Congreso respaldada por resultados concretos, del primero de enero de 2025 al 31 de marzo de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a 335 personas por extorsión y tentativa de extorsión.
En 2025, las detenciones crecieron 30% frente al año anterior, y las órdenes de aprehensión cumplimentadas en lo que va de 2026 representan un incremento de 170% respecto a 2019.
Además, se realiza en marco del Pacto Contra la Extorsión, firmado el lunes por los tres órdenes de Gobierno y sectores empresariales.