A partir de la divulgación del video de una adulta mayor que asesinó a mano armada a los integrantes de un sindicato de sujetos que se dedica a invadir inmuebles en el Estado de México, las autoridades en esa entidad reconocieron el grave problema de despojo por el que atraviesa el territorio, e implementaron la “Operación Restitución”, estrategia integral de la Fiscalía General de Justicia del Estado para combatir la invasión de propiedades, y que devuelve inmuebles a sus legítimos dueños.
Aún con el trabajo y la celeridad en este proceso penal, la incidencia del delito de despojo no se ha detenido en el Estado de México, incluso, el número de crímenes de este tipo cometidos supera a la labor de las autoridades por asegurar y enfajillar propiedades tomadas por el crimen organizado. Iniciada en mayo de 2025, cuenta con apoyo federal para asegurar, mediante cateos, casas y terrenos invadidos en decenas de municipios.
Operación Restitución permitió el acercamiento a la denuncia
El número de carpetas de investigación se mantiene un cifras promedio mensualmente (466). Con la creación de la estrategia de seguridad “Operación Restitución de la Propiedad” en abril del 2025, la cantidad de denuncias por el delito de despojo creció 13 por ciento de 2024 a 2025, de cuatro mil 936 denuncias a cinco mil 594, situación que si bien visibiliza la problemática, es cierto que este operativo se convirtió en una herramienta de denuncia más cercana para que este ilícito no quede en la cifra negra, como previamente la ciudadanía reportaba que ocurría y pueda ser indagado para su resolución.
No obstante, de abril de 2025 — cuando nació la estrategia — a febrero del 2026, cinco mil 147 denuncias se presentaron en el Ministerio Público por despojo.
Esto permitió que sean más las víctimas que acuden a sede ministerial a señalar dentro de estos ilícitos, hechos relacionados con conflictos entre arrendatarios e inquilinos, familiares, de herencias o colindantes, entre otros, los cuales generalmente son resueltos a través de conciliaciones.
Con este operativo de seguridad, la Fiscalía, con apoyo del Gobierno federal reconocieron que varios de estos casos reportados ante las autoridades se mantenían estáticos, sin avances en la investigación y que la impunidad permitía a los invasores ocupar predios en la ilegalidad, sumado a que las pocas detenciones de miembros de las células delictivas en el pasado, permitieron su expansión en el Estado de México.
A partir de abril del 2025 — cuando Carlota “N” privó de la vida a dos hombres integrantes del “Sindicato 22 de octubre” al exterior de un domicilio invadido en el municipio de Chalco — hasta el 12 de abril del año siguiente, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad estatal y policías municipales han asegurado mil 827 inmuebles relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad, de los cuales, mil 34 han sido devueltos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.
Resultados todavía no son integrales
No obstante, los resultados aún son bajos en comparación con la operación de la criminalidad. De abril a diciembre del 2025, a partir de la creación de la estrategia hasta el cierre de año, de mil 321 inmuebles asegurados por las autoridades, se registraron tres mil 736 denuncias de despojos, es decir, el 35 por ciento de las propiedades involucradas pasaron de manos de la delincuencia a objetos de investigación para posteriormente ser regresados a sus dueños.
Del 13 al 20 de diciembre de 2025, se realizaron operativos en 14 municipios, mediante cateos e inspecciones, que derivaron en el aseguramiento de 25 inmuebles adicionales relacionados con estos delitos. Desde el inicio de la operación en abril, el Ministerio Público ha determinado la restitución directa de los inmuebles sin necesidad de esperar una resolución judicial, lo que ha permitido agilizar la recuperación de propiedades para las víctimas. De los bienes devueltos, 699 corresponden a casas habitación, 78 a predios y dos a locales comerciales. Por lo tanto, hasta el corte de ese año, 79 fueron devueltos a sus legítimos dueños tras acreditar la propiedad.
De ese último reporte, al 12 de abril del año posterior, se sumaron 506 propiedades a la lista de predios decomisados por las autoridades, pero en los dos primeros meses del 2026, se abrieron 845 carpetas de investigación por despojo, en ese sentido, 59 por ciento de los inmuebles enfajillados corresponden al total de las denuncias presentadas en el Ministerio Público.
De diciembre del 2025 a abril del 2026, mil 34 han sido devueltos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.
Agentes realizaron acciones operativas en los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tenango del Valle, Tenancingo, Toluca, Villa Guerrero y Zumpango consistentes en 17 cateos y 22 inspecciones, en las que se aseguraron 39 inmuebles de los cuales 34 eran casas habitación y cinco predios.
De esta forma, del total de los predios asegurados, mil 499 son casas habitación, 295 predios y 28 son inmuebles destinados a uso comercial.
A través de esta operación, han sido detenidas 428 personas, 371 de ellas en flagrancia y 57 por orden de aprehensión.
El modus operandi de los grupos delictivos es ubicar inmuebles abandonados de propietarios que no viven en la ciudad o no tienen interés en el predio; luego de permanecer dentro de la casa o departamento durante meses o años, el invasor toma posesión del terreno al pagar recibos de agua, impuesto predial o servicios de telefonía, lo que le da dominio ante el Poder Judicial para apropiarse del hogar, con lo que aparenta que es el responsable del mantenimiento de la propiedad y le facilita su adquisición.
Asimismo, a través de la usucapión puede adquirirse la propiedad u otro derecho real mediante la posesión por el transcurso del tiempo. Una persona puede convertirse legalmente en propietaria de un bien que ha poseído durante un tiempo determinado, incluso si no tenía un título de propiedad original. Además, la debilidad de las penas, que abarcan de tres meses a cinco años de prisión y una multa de cincuenta a 500 pesos, da pie a la rápida ejecución del delito.
Sindicatos en proceso de ser desmantelados
Estas agrupaciones han sido señaladas por despojo de inmuebles, extorsión, secuestro y fraude inmobiliario en el Estado de México, varios de sus líderes fueron detenidos recientemente.
- “USON” (Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales)
José Carmelo “N”, extorsionador en Tecámac
Gabriela “N”, Juan Alberto “N”, Ulises “N”, Juan Alberto “N” José Manuel “N” - extorsionadores y despojadores en Ecatepec
- “GOPEZ” (Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata)
Hugo Francisco “N”, extorsionador identificado como dirigente de GOPEZ
- “Unión 300” / “Los 300”
Luis Alberto “N” — líder / coordinador de despojos
Luis Alfaro “N” (“El Conejo”) — líder principal
Edwin Israel “N” (“Conejito”) — operador, hijo del líder
Jorge “N” — segundo al mando / operador cercano
Alberto “N” — primo de líder, parte de la estructura
Jorge “N” (adolescente) — integrante
- “Sindicato 22 de octubre”
Christian Jesús “N”, (“El Jimmy” / “Gimmy”) líder del sindicato y exregidor en Chalco
Guillermo “N” e integrante clave, objetivo prioritario (extorsión y huachicol de agua)
Juan “N””, vinculado como dirigente y vocero de redes sindicales asociadas e investigado por extorsión
Lourdes Yohana “N”, ligada al “Sindicato 22 de octubre”
Víctor Heladio “N” (“El Taz”), despojo y extorsión
Ricardo “N”
María del Carmen “N”
Guillermo “N”
Juan Manuel “N”
- “Los Gastones”
Gastón Montealegre Medina (“El Gastón”), fundador y líder previo
Brandon Salvador “N”, llíder del grupo, hijo de Gastón, objetivo prioritario y generador de violencia
Francisco Javier Montealegre Vergara (“El Gastoncito”), hermano del líder y operador relevante dentro del grupo