A un año de múltiples intentos por celebrar la audiencia inicial por el caso AXE Ceremonia, festival donde los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas Hernández y Berenice Giles perdieron la vida a causa del colapso de una grúa colocada de manera ilegal, se convocó a la reanudación del proceso ante la autoridad judicial.
Sin embargo, la audiencia donde el Ministerio Público formularía la imputación por el delito de homicidio culposo en contra de las empresas presuntamente responsables en el crimen, fue diferida a causa de que una de las personas imputadas solicitó asistencia consular de su país natal — Francia — para que sea asistida en el proceso penal; no obstante, esta mujer también cuenta con la nacionalidad mexicana.
Para la representación legal de la familia de Miguel Ángel Rojas, la petición de la imputada es una táctica dilatoria para que no se celebre la audiencia y no sean formalmente señaladas ante el juez de control.
En meses anteriores, la audiencia inicial por el caso AXE Ceremonia fue frenada en múltiples ocasiones debido a que la defensa de la familia de Berenice Giles promovió amparos con el objetivo de que las empresas Operadora de Centros de Espectáculos S.A., de C.V, (OCESA) y Seguridad Privada LOBO, pasaran de testigos a investigadas.
Con todo y los recursos legales que fueron analizados por jueces federales, en días recientes la familia de Berenice Giles alcanzó un acuerdo reparatorio con Grupo ECO Live y O.N. Producciones Creativas, empresas vinculadas con la organización y producción del festival. Este acuerdo contempla la reparación del daño y el otorgamiento del perdón legal de la familia Giles respecto de esas compañías.
Por lo tanto, el Poder Judicial capitalino deberá de enviar un oficio al consulado para que designe a un representante francés y le otorgue la asistencia a la imputada. Para los juristas que acompañan a la familia Rojas Hernández, levanta suspicacia que esta persona podía requerir el auxilio de su país desde el 19 de septiembre del 2025 — fecha del primer intento de la audiencia inicial — aunque no lo realizó.
“Le expusimos al juez de control que para nosotros era una táctica dilatoria, porque en tres intentos previos de la audiencia inicial nunca lo había solicitado. Nos llama la atención y lamentamos profundamente que se estén ocupando estas tácticas por parte de las defensas de las empresas imputadas”.
“Para la familia de Miguel Ángel Rojas Hernández era un día muy importante, hemos venido documentando estos retrasos injustificados durante más de un año. Le queremos mandar un mensaje a la fiscal general de justicia — Bertha Alcalde — que se de cuenta de las tácticas que están haciendo los defensores de estas personas morales y físicas imputadas”, declaró el abogado de la familia Rojas Hernández, Edwin Alan Piñón.
Y advirtió que estos entramados continuarán en las siguientes audiencias: “esto no va a parar, van a seguir haciendo estas tácticas, tenemos fecha para el 14 de octubre y en la próxima audiencia va a pasar algo similar, van a volver a cambiar una defensa, a presentar algo que impida la celebración de esta audiencia”.
Edwin Alan Piñón agregó que estos métodos de dilación de la audiencia inicial han sido denunciados ante la Fiscalía capitalina y llamó a que se aceleren las indagatorias.
El jurista subrayó que los corporativos involucrados en el fallecimiento de los fotoperiodistas también se han acercado a la familia que representa para ofrecer un acuerdo reparatorio, aunque, dijo, es importante que las empresas sean imputadas ante un juez y se difunda que es la primera vez en que industrias del entretenimiento son llevadas ante un proceso penal por negligencias, omisiones e incumplimiento en reglamento de Protección Civil.
El Ministerio Público de la Fiscalía capitalina ha otorgado la calidad de imputadas a tres empresas vinculadas con la organización y realización del evento: Operadora Eclectic, administradora del Parque Bicentenario; La Agencia de los Socios, empresa organizadora del festival; y O.N Producciones Creativas, responsable de la producción y ambientación.
Asimismo, ocho personas físicas han sido imputadas, siete de ellas relacionadas con dichas empresas — entre accionistas, apoderados legales, administradores y operadores —, además de la encargada de Protección Civil del evento, María del Pilar “N“.