La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cuenta con 67 agentes del Ministerio Público (MP) adscritos a la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas, quienes deben atender e investigar las denuncias relacionadas con este delito.
Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y víctimas indirectas han denunciado la lentitud en el avance de las investigaciones, así como la falta de resultados para localizar a sus familiares. Pese a ello, sostienen que la institución encargada de la procuración de justicia no ha reforzado el personal de esta unidad especializada.
Aunque se han realizado diversas reuniones entre colectivos y autoridades de la Fiscalía para acelerar la resolución de las carpetas de investigación mediante la incorporación de más Ministerios Públicos y Policías de Investigación (PDI), al 29 de septiembre de 2026 esa área contaba con 54 Policías de Investigación I (categoría básica) y 67 agentes del Ministerio Público.
Gobierno promete reforzar la Fiscalía especializada
Después de más de dos años de presión por parte de los colectivos, fue hasta el 23 de septiembre de 2026 cuando, en una reunión privada, el Gobierno de la Ciudad de México prometió crear una nueva agrupación de la Policía de Investigación con 100 nuevos agentes para la búsqueda e investigación de casos de desaparición.
Asimismo, anunció la incorporación de 50 nuevos agentes del Ministerio Público y una reorganización de la fiscalía especializada en desapariciones. Sin embargo, no se informó una fecha para concretar estos compromisos.
670 denuncias en 2026; cada MP tiene en promedio 10 carpetas
Entre el 1 de enero y el 29 de septiembre de 2026 se registraron 670 denuncias por personas desaparecidas en la Ciudad de México.
Con esas cifras, cada Ministerio Público tiene actualmente a su cargo 10 carpetas de investigación en promedio, mientras que cada Policía de Investigación atiende alrededor de 12 casos, además de los expedientes acumulados de años anteriores.
Los PDI son responsables de recolectar evidencias científicas y técnicas, entrevistar testigos, ejecutar los actos de investigación ordenados por fiscales y jueces, así como verificar la información relacionada con posibles delitos.
Así está integrada la Fiscalía especializada
De acuerdo con el Portal de Transparencia de la Fiscalía capitalina, los Ministerios Públicos adscritos a esta unidad se distribuyen de la siguiente manera:
- 24 Ministerios Públicos auxiliares A, de categoría básica.
- 16 Ministerios Públicos titulares A, de categoría intermedia.
- 16 agentes del Ministerio Público.
- Seis Ministerios Públicos supervisores, la categoría de mayor responsabilidad.
- Cinco oficiales secretarios del Ministerio Público.
- Un comandante de la Policía de Investigación.
La Fiscalía no cuenta con agentes auxiliares ni titulares de las ramas B y C.
Además, únicamente dispone de un psicólogo clínico y un perito profesional o técnico de categoría básica, sin personal en las categorías intermedias o superiores.
Sólo 10 personas atendidas en el “Zócalo Ciudadano” en siete meses
Del 1 de enero al 31 de julio de 2026 se iniciaron 613 carpetas de investigación por personas desaparecidas y no localizadas en la Ciudad de México. Durante agosto y septiembre se sumaron 123 denuncias más.
En ese mismo periodo, la Comisión de Búsqueda participó en el programa “Zócalo de Gobierno Ciudadano”, donde recibe peticiones y brinda seguimiento a casos de desaparición.
Sin embargo, entre enero y julio únicamente 10 personas fueron atendidas.
En enero se registraron dos solicitudes: una entrevista solicitada por un periodista y la petición de una mujer que cuestionó por qué no fue contratada nuevamente por la Comisión.
Tres meses sin atención ciudadana
Durante febrero, marzo y abril, la Comisión de Búsqueda no atendió a ninguna persona dentro del programa.
Mientras tanto, las denuncias por desaparición aumentaron:
- Enero: 61 carpetas.
- Febrero: 90 carpetas.
- Marzo: 96 carpetas.
- Abril: 88 carpetas.
En mayo fueron atendidas tres personas:
- Se programó una visita a un penal para una búsqueda en vida.
- Se canalizó un caso a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
- Se organizó una búsqueda realizada durante junio.
Ese mes se reportaron 92 personas desaparecidas.
En junio otras dos personas acudieron al programa para solicitar información sobre restos encontrados en el lago de Chalco y un plan de difusión para un caso de desaparición.
En julio fueron atendidas tres personas más, quienes solicitaron fortalecer la búsqueda en archivos de un panteón, una visita al penal de Santa Martha Acatitla y la entrevista de una persona de interés.
Ese mes se registraron 94 reportes de desaparición.
Colectivos exigen investigar el origen de las desapariciones
Los colectivos de búsqueda rechazan que las autoridades reduzcan la crisis a una discusión sobre el número oficial de personas desaparecidas en México sin investigar el origen de estos delitos ni la participación del crimen organizado.
También recuerdan que el compromiso de incorporar más Ministerios Públicos y Policías de Investigación forma parte de los 30 acuerdos asumidos por el Gobierno capitalino el 28 de abril de 2025, dentro de la Estrategia de la CDMX para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030.
Entre las acciones pendientes, señalan:
- La identificación de restos en el Panteón Civil de Dolores.
- El fortalecimiento del registro de personas fallecidas no identificadas.
- La puesta en marcha de la coordinación metropolitana para la búsqueda.
“No queremos más conteos, queremos justicia”
Los colectivos sostienen que la búsqueda de personas desaparecidas debe acompañarse de investigaciones sobre el origen de las desapariciones, los delitos vinculados, las zonas donde ocurren y los posibles grupos criminales involucrados.
“Reducir la crisis a menos de una tercera parte de su tamaño real no es un avance, es una segunda desaparición. Administrar el dolor con estadísticas no es justicia. En los últimos gobiernos, las acciones en torno a las desapariciones se han enfocado en revisar registros y corregir cifras, sin que nuestros seres queridos sean encontrados”, señalaron.
También cuestionaron que únicamente se contabilicen los casos con denuncia formal, pues muchas familias no acuden ante las autoridades por miedo, desconfianza o por presuntas omisiones institucionales.
Además, denunciaron malos tratos, negativas para iniciar carpetas de investigación, reclasificación de delitos y retrasos en la activación de búsquedas.
“El Estado también tiene responsabilidad”
Los colectivos aseguraron que, ante la falta de resultados de Ministerios Públicos y Policías de Investigación, gran parte de las búsquedas son realizadas por las propias familias, quienes aprenden técnicas de búsqueda mientras enfrentan riesgos en campo.
“Esta narrativa busca quitarle responsabilidad al Estado, ignorando que la inseguridad, la corrupción y la impunidad que ellos permiten son las que alimentan esta crisis. Si no hay justicia, no pueden hablar de localizaciones exitosas”.
“Basta de decir que todo es culpa del crimen organizado. El Estado es responsable por cada omisión, por cada fosa donde hay participación de autoridades y por la impunidad que permite que hoy sigan desapareciendo personas”, reclamaron integrantes de los colectivos.