Organizaciones de la sociedad civil señalaron presuntas inconsistencias en las cifras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) al afirmar que 153 denuncias por falsedad ante autoridades, correspondientes al periodo 2019-2025, no aparecen identificadas en el Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026 de la institución.
El señalamiento plantea interrogantes sobre el registro y seguimiento de estos casos; por ello, MAAS Infancia Feliz A.C. y Poder Civil A.C. consideran necesario que la Fiscalía aclare cómo se contabilizaron las denuncias y precise si están incluidas en otras categorías estadísticas del informe.
El planteamiento fue expuesto por Miguel Ángel Plata Mejía, defensor y doctorante en derechos humanos, quien se desempeña como vocero de ambas organizaciones.
El activista sostuvo que la falta de claridad en los registros puede profundizar la desconfianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia, particularmente entre familias que consideran haber sido afectadas por investigaciones irregulares o denuncias con hechos falsos.
Plata Mejía también cuestionó la actuación de los ministerios públicos y la oportunidad de las investigaciones; asimismo, vinculó esta problemática con los desafíos que enfrenta México en materia de Estado de derecho y citó la evaluación internacional del World Justice Project correspondiente a 2026.
El activista advirtió que la fabricación de delitos mediante denuncias con hechos presuntamente falsos puede afectar tanto a las personas denunciadas, particularmente a los hombres, como a niñas, niños y adolescentes involucrados en procesos judiciales.
Sostuvo que, en determinados conflictos familiares, el presunto abuso de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los vacíos legales puede propiciar acusaciones infundadas, con consecuencias para la situación jurídica de los denunciados y su relación con sus hijos.
Expone caso de un padre que enfrenta múltiples procedimientos
Como ejemplo de las consecuencias que atribuye a los procesos judiciales prolongados, Plata Mejía expuso el caso relacionado con la carpeta judicial 010/1459/2021, correspondiente a un padre de familia al que describió como un hombre ejemplar, profesionista distinguido como notario y comprometido con el trabajo en favor de distintos sectores sociales.
De acuerdo con el activista, el hombre ha enfrentado procedimientos judiciales y ministeriales durante varios años; lleva aproximadamente seis años y medio sin poder convivir con sus hijos menores de edad.
Consideró que esta situación afecta tanto al padre como a los niños y a la familia paterna, al obstaculizar la continuidad de sus vínculos familiares.
12 carpetas de investigación contra el padre
Según la información proporcionada por el vocero de MAAS Infancia Feliz A.C. y Poder Civil A.C., contra el padre de familia se iniciaron 12 carpetas de investigación. Ocho habrían concluido mediante determinaciones de no ejercicio de la acción penal y tres mediante abstenciones de investigar.
Añadió que permanece un asunto en la Ciudad de México relacionado con una acusación por abuso sexual agravado, además de dos desgloses vinculados con procedimientos anteriores.
Ante esta situación, indicó que se solicitará el sobreseimiento de los procedimientos correspondientes. El propósito, sostuvo, es obtener una resolución jurídica y que, si legalmente procede, pueda reanudarse la convivencia entre el padre, sus hijos y la familia paterna.
El activista también refirió que el caso forma parte de un conflicto más amplio, en el que se habrían acumulado más de 150 procedimientos.
Busca una solución jurídica y advierte que podría hacer público el caso
Plata Mejía afirmó que los procedimientos prolongados pueden ocasionar afectaciones emocionales, psicológicas de salud, y patrimoniales, además de implicar el uso de recursos públicos para atender denuncias con hechos falsos y que impactan a las verdaderas víctimas. Por ello, señaló que la prioridad es que las autoridades resuelvan los asuntos pendientes por las vías legales correspondientes.
Explicó que busca evitar, en la medida de lo posible, que el conflicto se convierta en un caso mediático que involucre a más personas o distraiga recursos de los tribunales.
No obstante, advirtió que, si no se obtiene una resolución favorable a las solicitudes planteadas, podría recurrir a colectivos de derechos humanos, organizaciones civiles, periodistas y líderes de opinión para visibilizar la problemática por tratarse de denuncias a todas luces falsas que impactan al sano desarrollo de la personalidad de los infantes y que, considera, la FGJCDMX debe ubicarlo como un delito de alto impacto la falsedad ante autoridades.
El vocero de MAAS Infancia Feliz A.C. y Poder Civil A.C. sostuvo que estos casos deben atenderse considerando tanto los derechos de las personas denunciadas como la protección de niñas, niños y adolescentes, sin dejar de lado la obligación de investigar las denuncias y respetar las garantías procesales de todas las partes.
Finalmente, las organizaciones plantean la necesidad de que la Fiscalía capitalina aclare las cifras correspondientes a las denuncias por falsedad ante autoridades y explique cómo se registran estos casos en sus informes, a fin de contribuir a la transparencia institucional y al cumplimiento del debido proceso.