El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue identificado como el “principal beneficiario” de una red de espionaje ilegal operada por la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) durante su mandato, de acuerdo con un informe de la Policía Federal divulgado este miércoles por la Corte Suprema.
El documento, que se basa en declaraciones, pruebas documentales y resultados de operaciones de búsqueda, detalla el uso de la ABIN para espiar a adversarios políticos, atacar instituciones del Estado y difundir noticias falsas con fines de manipulación política.
Aunque el informe no presenta cargos formales contra Bolsonaro, sí lo vincula directamente con la operación clandestina, que habría sido dirigida por una red que funcionó durante su gobierno. En total, más de 30 personas han sido formalmente acusadas, entre ellas su hijo Carlos Bolsonaro, concejal de Río de Janeiro, y Alexandre Ramagem, exdirector de ABIN y actual diputado federal.
Espionaje político con intento de golpe
La publicación del informe fue autorizada por el magistrado del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien justificó su decisión ante la filtración parcial de la investigación a los medios, lo que generó versiones contradictorias.
De acuerdo con el texto policial, el grupo utilizó ilegalmente las herramientas tecnológicas de ABIN para realizar seguimientos, intervenciones y campañas de desinformación orientadas a beneficiar políticamente al entonces presidente Bolsonaro.
Asimismo, el informe sugiere posibles conexiones entre esta red de espionaje y la causa abierta por el intento de golpe de Estado, en la cual Bolsonaro ya figura como imputado.
La Fiscalía General de la República será la encargada de decidir si formaliza una denuncia penal contra Bolsonaro por estos hechos. Mientras tanto, el abogado del exmandatario, Celso Vilardi, declaró que aún no ha tenido acceso completo al informe y por tanto no emitiría comentarios.
Bajo acusación formal
Entre los acusados destaca Carlos Bolsonaro, quien fue señalado como integrante activo de la organización criminal. En respuesta, el concejal negó cualquier participación en actividades ilícitas y calificó la investigación como un ataque político en su contra de cara a las elecciones municipales del próximo año.
También figura en la lista de imputados Alexandre Ramagem, quien dirigió la ABIN bajo la presidencia de Bolsonaro. Según el informe, Ramagem habría utilizado la estructura del organismo con fines ilegales y formaría parte de la organización criminal. Por su parte, Luiz Fernando Correa, actual director de ABIN, es acusado de obstrucción a la investigación policial, al interferir presuntamente con el trabajo de los agentes.
Ramagem, ahora diputado federal, publicó en su cuenta de X que revisará las acusaciones en cuanto tenga acceso oficial al documento, pero no emitió comentarios adicionales. La ABIN, por su parte, se negó a responder preguntas de la prensa, tanto el martes como el miércoles.
La investigación representa uno de los frentes más graves que enfrenta Bolsonaro, ya inmerso en varias causas judiciales por su rol en la desinformación electoral, su retórica antidemocrática y los actos de violencia institucional tras su salida del poder.