Una corte federal de apelaciones avaló este jueves que el presidente Donald Trump mantenga bajo su control a la Guardia Nacional desplegada en Los Ángeles para responder a las protestas por las redadas migratorias, anulando así una orden judicial previa que le exigía devolver el mando al gobernador demócrata Gavin Newsom.
En una decisión unánime de 38 páginas, el panel del Noveno Circuito —compuesto por dos jueces nombrados por Trump y uno por el expresidente Biden— concluyó que las condiciones en la ciudad eran suficientes para justificar la intervención federal. “Concediendo la deferencia apropiada a la determinación presidencial, concluimos que probablemente actuó dentro de su autoridad”, escribió el tribunal.
El fallo representa una contundente victoria legal y simbólica para la Casa Blanca, que ha insistido en su derecho a movilizar fuerzas militares cuando lo considere necesario, sin importar la opinión de los gobiernos estatales.
Trump celebró la decisión y declaró que irá “donde haya disturbios”, dejando claro que piensa usar al Ejército y la Guardia Nacional como herramienta política ante la disidencia civil.
Maniobra política y militar
La decisión judicial se centró en una orden de restricción temporal emitida la semana pasada por el juez Charles Breyer, de la Corte Federal de San Francisco, quien había dictaminado que Trump no podía tomar el control de las tropas sin un argumento legal convincente. El panel de apelaciones rechazó esa visión y le dio luz verde a la intervención federal.
Aunque el caso sigue abierto, el fallo debilita la posición de California y sienta un precedente preocupante sobre el alcance del poder presidencial frente a los estados.
El gobierno estatal podría intentar apelar ante el pleno del Noveno Circuito o recurrir directamente a la Corte Suprema, aunque también podría dejar pasar esta etapa del litigio, ya que la medida anulada era provisional.
Mientras tanto, se espera que el juez Breyer analice este viernes si emitirá una orden más amplia para limitar el uso federal de tropas, incluyendo a los 700 marines desplegados por la administración en Los Ángeles.
Una de las solicitudes de California es que los soldados solo protejan instalaciones federales y se les prohíba acompañar a agentes migratorios en redadas laborales, como las que desataron las protestas.
El centro del debate gira en torno a la Ley Posse Comitatus, una norma del siglo XIX que prohíbe el uso del ejército en labores de orden interno. El gobierno de Trump asegura que no hay violación alguna, ya que los soldados no están haciendo arrestos sino resguardando a los agentes del ICE (Immigration and Customs Enforcement).
Sin embargo, el propio secretario de Defensa, Pete Hegseth, alimentó las tensiones al sugerir ante el Comité de Servicios Armados del Senado que no acatará posibles restricciones judiciales si considera que afectan la seguridad nacional: “No creo que los tribunales de distrito deban fijar la política de seguridad nacional”, dijo.
Pese a que el alcalde de Los Ángeles, Karen Bass, anunció el fin del toque de queda en el centro de la ciudad y afirmó que las fuerzas locales han restablecido el orden sin necesidad de intervención federal, la Casa Blanca mantiene su postura de mano dura.
Para Trump, las protestas ya no representan solo un tema de orden público, sino una oportunidad de exhibir fuerza ante su base electoral. “Hicimos un gran trabajo. Calmar eso. Y el solo hecho de estar ahí disuade”, dijo el presidente ante la prensa. “Si van a otro lugar, nosotros también iremos”.