El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aclaró este jueves que el Gobierno no respalda la reciente aprobación de una jubilación especial para los jueces y magistrados del Poder Judicial, medida que ha desatado críticas por su elevado costo y presunta inconstitucionalidad.
Durante su conferencia de prensa semanal, Mulino subrayó que la decisión corresponde únicamente al Órgano Judicial, que actúa de manera independiente del Ejecutivo. “Quiero ser claro, esto no tiene el aval ni es una decisión del poder Ejecutivo”, afirmó. Añadió que, a título personal, no comparte la medida, no por conflicto con la Corte, sino por las limitaciones fiscales y presupuestarias que enfrenta el país.
La polémica se originó tras la publicación del Acuerdo 407 en la gaceta oficial, que establece un fondo de compensación para garantizar a los magistrados del pleno una jubilación equivalente al 100 % de su último salario, actualmente de 14.000 dólares mensuales, tras un aumento de 4.000 dólares aprobado en 2024. Esta cifra contrasta con el salario promedio en Panamá, generando amplio rechazo en la opinión pública.
El acuerdo también fija jubilaciones diferenciadas para otros tribunales: 60 % del último salario para magistrados de tribunales superiores, 50 % para jueces de distrito y 40 % para jueces municipales, con la cobertura parcial del Seguro Social y el resto a cargo del presupuesto del Órgano Judicial.
Expertos y diputados han señalado que la medida podría ser inconstitucional, ya que solo el Parlamento puede legislar sobre jubilaciones y el artículo constitucional prohíbe “fueros y privilegios” entre ciudadanos.
El presidente Mulino enfatizó que, como jubilado, recibe lo que establece la ley y sin privilegios: “Me iré con ese sueldo y sin ningún privilegio de pensión”, señaló.
El pasado martes, la Corte Suprema decidió suspender la jubilación especial únicamente para los nueve magistrados del pleno, lo que ha mantenido la presión pública y la exigencia de eliminar totalmente el Acuerdo 407.
El Gobierno panameño insiste en que la contención del gasto es una necesidad del país, y subraya que decisiones de este tipo no deben comprometer la estabilidad fiscal ni generar desigualdad en la sociedad.