La Corte Penal Internacional (CPI) calificó como “un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial” a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra cuatro de sus miembros asegurando que la nación no se dejará “intimidar” por presiones o amenazas externas.
Estás medidas anunciadas por el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, alcanzan a la jueza canadiense Kimberly Prost, al magistrado francés Nicolas Guillou y a los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan (Fiji) y Mame Mandiaye Niang (Senegal).
Según Washington, estas personas “participaron directamente” en los esfuerzos de la CPI para investigar o procesar a ciudadanos estadounidenses e israelíes, sin consentimiento de sus gobiernos.
En un comunicado de la CPI con sede en La Haya, Países Bajos, reafirmó su apoyo a fiscales, jueces y a las víctimas de las “atrocidades inimaginables” que investigan actualmente en Palestina, Afganistán, Filipinas y varios países africanos.
“La CPI seguirá cumpliendo con sus mandatos en estricta conformidad con su marco jurídico adoptado por los Estados Partes y sin atender a restricciones, presiones o amenazas”, señaló.
Las sanciones contemplan el bloqueo de bienes en territorio estadounidense y la prohibición de realizar transacciones financieras con ciudadanos o empresas de Estados Unidos, medidas que Rubio justificó argumentando que las investigaciones representan un “exceso judicial ilegítimo” y una amenaza para la seguridad nacional y para su aliado Israel.
La CPI recordó que actúa bajo el mandato de 125 Estados Partes del Estatuto de Roma, su tratado fundacional y que su labor se realiza “únicamente en interés de las víctimas de crímenes internacionales”, por ello, pidió respaldo a la comunidad internacional y a todos los países que comparten “los valores de la humanidad y el Estado de derecho”.
El Gobierno israelí reaccionó con gratitud a la postura estadounidense por medio de un comunicado donde Netanyahu felicitó a Rubio por “un acto decisivo contra la falsa campaña de desprestigio contra Israel y las Fuerzas de Defensa israelíes”.
A su vez, el ministro de Defensa, Israel Katz, celebró la medida en la red X, afirmando que con estas acciones EU demuestra que no cederá“ ante la persecución política descaradamente corrupta de la CPI”. Katz añadió que este paso “refleja la alianza inquebrantable entre Israel y EU, basada en valores compartidos de justicia, verdad y libertad”.
Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la decisión; el portavoz del secretario general António Guterres, Stéphane Dujarric, advirtió que estas medidas “constituyen un grave impedimento al funcionamiento de la oficina del fiscal” y subrayó que la independencia judicial es un principio esencial de la justicia internacional.
La Corte Internacional de Justicia ya había advertido en julio de 2024 que la presencia continua de Israel en los territorios palestinos ocupados es “ilegal”, exigiendo la evacuación de colonos, el desmantelamiento del muro de separación y la devolución de tierras a sus legítimos residentes desplazados desde 1967.
Con este nuevo choque diplomático, se agudiza la tensión entre la justicia internacional y las potencias que rehúsan someterse a sus investigaciones, poniendo en entredicho la capacidad global de sancionar crímenes de guerra, genocidio y de lesa humanidad.
Estados Unidos, Israel, China y Rusia no forman parte de la CPI y rechazan su jurisdicción. Sin embargo, Washington sí ha cooperado con el tribunal en casos puntuales, como las investigaciones sobre crímenes de guerra en Ucrania que derivaron en la orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin. Esa colaboración terminó en cuanto la Corte avanzó sobre su aliado israelí.