El juicio del siglo en Brasil comenzó este martes contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de golpismo y por el que podría pasar el resto de sus días en la cárcel, si los cinco jueces del Tribunal Supremo dan la razón al juez instructor, Alexandre de Moraes, quien declaró que el líder ultraderechista y otros siete acusados intentaron imponer una “dictadura” en el país.
“Solo queda lamentar que en la historia republicana brasileña haya habido un nuevo intento de golpe, atentando contra las instituciones y contra la propia democracia, para instalar un estado de excepción y una verdadera dictadura”, dijo el juez en la primera de las sesiones de la fase final del juicio, que empezó este martes y se extenderá hasta el viernes de la próxima semana.
De Moraes empezó la lectura del informe del caso al afirmar que una “verdadera organización criminal” intentó romper el orden democrático en momentos en que el país atravesaba “una nociva radical y violenta radicalización política”.
“No confundir pacificación con impunidad”
El magistrado citó que desde el grave asalto a las instituciones del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro vandalizaron las sedes de los tres poderes para incentivar una intervención militar contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva; asonada por la que el Supremo ha dictado 683 condenas, 11 absoluciones, 554 acuerdos de no persecución penal y aún quedan 382 acciones pendientes de resolución relacionadas con ese episodio.
En este sentido, De Moraes pidió no confundir la pacificación del país con la impunidad.
“La historia enseña que la impunidad, la omisión y la cobardía no son opciones para la pacificación porque el camino más fácil, el de la impunidad, deja cicatrices traumáticas y corroe la democracia”, añadió el togado.
Con la lectura del informe del proceso, por parte de De Moraes, la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil inició este martes la fase final del juicio contra Bolsonaro y otros siete acusados de orquestar el complot golpista tras perder las elecciones de 2022 ante Lula.
Injerencia de Trump
El proceso, uno de los más importantes de la historia reciente de Brasil, ha estado además marcado por las injerencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El mandatario estadounidense ha sancionado a varios jueces del Supremo brasileño, entre ellos a De Moraes, y ha impuesto aranceles del 50% a Brasil en represalia por el juicio a Bolsonaro, que ha descrito como una “caza de brujas” contra su aliado político.
Sin embargo, De Moraes dijo que “ese intento de obstrucción no afectará a la imparcialidad de los jueces del tribunal”.
“La soberanía nacional no puede, no debe y jamás será vilipendiada o negociada. La independencia judicial constituye un derecho fundamental de los ciudadanos” y “es un principio inflexible de la Constitución brasileña”, añadió.
Investigado el hijo de Bolsonaro
El magistrado citó además que, en paralelo, se ha ordenado una investigación sobre la gestión que el diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente, ha hecho en Estados Unidos en favor de que Brasil y algunos magistrados del Supremo sean sancionados por el Gobierno de Trump como represalia por este proceso penal.
Eduardo Bolsonaro se autoexilió a Estados Unidos para desde allí presionar al gobierno de Trump para que forzara a las autoridades brasileñas a cancelar el juicio contra su padre, mediante el chantaje arancelario, aunque ello perjudicará a la economía nacional y al pueblo brasileño.
Plan para asesinar a Lula
Seguidamente, el fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, admitió que los ocho reos, que incluye a Bolsonaro, exministros y antiguos jefes militares, no participaron “en todas las fases del golpe”, pero sostuvo que “todos colaboraron en cada etapa del proceso” con la intención de consumarlo.
El fiscal recordó que que en la investigación fue hallado el borrador de un decreto que anulaba las elecciones, “intervenía” el Poder Judicial y ordenaba la detención de algunos jueces, entre ellos Alexandre De Moraes, hoy relator y juez instructor del proceso por golpismo.
Gonet añadió que también se encontraron documentos sobre un plan para vigilar los movimientos de Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el propio De Moraes, y hasta sugería la posibilidad de asesinarlos.
Así mismo, el fiscal responsabiliza a Bolsonaro por las protestas y campamentos frente a cuarteles del Ejército, en los que se exigía un golpe para impedir la investidura de Lula, todo lo cual sostiene que desembocó en el violento asalto a Brasilia del 8 de enero de 2023.
Ese día, una semana después de la toma de posesión del actual mandatario, miles de bolsonaristas ocuparon e hicieron graves destrozos en las sedes de la Presidencia, del Parlamento y la propia Corte Suprema, donde se celebra el juicio, al exigir una “intervención militar” para derrocar al Gobierno elegido en las urnas en octubre de 2022.