Uruguay no defraudó a quienes sienten compasión por las personas cuyas vidas se han vuelto insoportables por el dolor. Luego de más de diez horas de debate, los legisladores del oficialista Frente Amplio (de izquierdas) alzaron su mano para votar a favor de la Ley de Muerte Digna, a las que sumaron las de algunos de los opositores Partido Colorado (centrista) y Partido Nacional (conservador).
El proyecto aprobado busca garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir” mediante la despenalización de la eutanasia activa en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables.
“Es un derecho a decidir, no a imponer”
“Es un derecho a decidir. No sustituye lo ya existente y no impone conducta. Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida cursando una enfermedad intratable, incurable, irreversible, con sufrimiento insoportable y con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida no es un delito, por lo que no se debe penalizar a nadie”, declaró en el comienzo del debate, el senador del Frente Amplio Daniel Borbonet, quien hizo hincapié en que el proyecto no obliga a nadie, sino que es una alternativa.
En la misma línea, el senador colorado Ope Pasquet defendió la ley señalando que es “necesaria, liberal y humanitaria, porque hay mucha gente que llega al final de la vida afectada por enfermedades incurables e irreversibles, que padecen sufrimientos insoportables y que, en algunos casos, desean acortar la vida”
¿Qué tipo de muerte asistida ha legalizado Uruguay?
La eutanasia activa se difrencia del suicidio asistido en que en el primer caso, es un médico el que administra directamente una sustancia letal al enfermo, si este cumple todos los requisito. En el segundo caso, el médico le proporciona al enfermo (también bajo aprobación legal) los medios para que él mismo se quite la vida.
En cuanto a la eutanasia, además de la activa hay al menos otros dos casos: la eutanasia pasiva, cuando se suspenden tratamientos médicos o soporte vital (por ejemplo desconectar un respirador en caso de coma irreversible), para acelerar la muerte, y la eutanasia indirecta, en la que se administran medicamentos para aliviar el dolor que pueden acelerar la muerte como efecto secundario (por ejemplo altas dosis de morfina en un cáncer terminal).
¿Qué países reconocen el derecho a la eutanasia activa?
De 195 países reconocidos por la ONU, sólo 8 reconocen el derecho a la eutanasia activa:
El que abrió el camino por el que muy pocos países han transitado fue Países Bajos, en 2002, aunque ese mismo año lo aprobó su vecina Bélgica. Luxemburgo aprobó la ley en 2009, Canadá en 2016, y España y Nueva Zelanda lo hicieron en 2021.
El caso de Colombia es llamativo, porque, en teoría, fue el primer país del mundo en legalizar la eutanasia, en 1997, en un fallo histórico de la Corte Suprema -la Sentencia T-970 sobre el derecho a morir dignamente-, pero no fue hasta ocho años después, en 2015, bajo el mandato de Juan Manuel Santos, cuando el el Ministerio de Salud estableció los protocolos médicos para cumplir con este derecho humano.
¿Qué países reconocen el derecho al suicidio asistido?
De los ocho países que reconocen la eutanasia activa, todos menos Uruguay, que no está incluido en la ley recién aprobada.
Otros dos países reconocen el suicidio asistido, pero no la eutanasia activa: Suiza, que lo aprobó en 1980, siendo el primer país del mundo en legalizar uno de los dos tipos de muerte asistida, y Alemania, en 2020.
¿En qué países es legal la eutanasia y el suicidio asistido a nivel estatal pero no nacional?
En Australia la eutanasia y el suicidio asistido son legales en los estados de Victoria, Tasmania, Queensland, Australia Occidental y Nueva Gales del Sur.
En Estados Unidos es legal el suicidio asistido (no la eutanasia) en los estados de Oregon, Washington, California, Colorado, Vermont, Maine, New Jersey, Hawaii y Montana (por fallo judicial).
¿Qué países reconocen la eutanasia pasiva?
Todos los nombrados y un puñado de países donde la eutanasia activa y el suicidio asistido están prohibidos a nivel nacional, como Estados Unidos, Francia, Reino Unido e Italia.
En México, la eutanasia pasiva —es decir, el derecho del paciente a rechazar tratamientos médicos o soporte vital— está legalmente reconocida a través de la Ley de Voluntad Anticipada, pero en 21 de los 37 estados: Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas, Estado de México, Morelos, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Colima, Chiapas, Querétaro, Jalisco, Puebla y Baja California Sur.
Esta ley permite que una persona, en pleno uso de sus facultades, deje por escrito su deseo de no recibir tratamientos que prolonguen artificialmente la vida en caso de enfermedad terminal o estado irreversible.
Los estados que prohíben la eutanasia pasiva o cualquier tipo de muerte asistida son: Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.
¿Será México el próximo país?
La eutanasia ha generado un amplio debate ético, médico y religioso, aunque, paradójicamente, donde no se ha debatido en profundidad es donde debería ocurrir: en el campo de la política.
La posición de los partidos ante la eutanasia es huidiza, como si, al no abordar el tema, no existiera; como si la compasión sólo se entendiera para un animal que se ha roto el cuello y no debe sufrir más y no para los miles de mexicanos que sufren dolores incapacitantes y sin solución.
En una conferencia reciente, Sheinbaum esquivó el asunto declarando que la eutanasia es un tema polémico y que debe ser debatido por distintos sectores sociales y políticos. Eso y decir nada es básicamente lo mismo.
Esto es lo que se niega a aceptar Samara Martínez, quien padece esclerosis múltiple, promotora del derecho a la dignidad humana, quien anunció que el próximo 28 y 29 de octubre presentará en el Congreso de la Unión la iniciativa denominada Ley Trasciende, cuyo propósito es despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido en México.
La propuesta, queincluye reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud para permitir que personas con enfermedades terminales puedan solicitar asistencia médica para morir de forma digna, llega en el mejor momento: cuando acabar de legalizarse en Uruguay, uno de los pocos países más avanzados en legislar desde un punto de vista humano y científico, y no basado en dogmas religiones y tradiciones ultraconservadoras.
¿Por qué hay resistencia a legalizar el derecho a una muerte digna?
Desde la perspectiva médica, el juramento hipocrático mal entendido supone un factor principal para que no avance el derecho a una muerte digna en el mundo, ya que muchos médicos consideran que su deber es preservar la vida y no causar la muerte, aunque la vida del paciente sea miserable por los dolores, invalidez o la certeza de que prolongar la agonía hasta la muerte es cualquier cosa menos calidad de vida.
Desde la perspectiva ética, los que se oonen temen que legalizar la eutanasia pueda abrir la puerta a presiones sobre personas vulnerables, como personas discapacitadas, física o mentalmente, y que empuje a enfermos terminales a acelerar el fin.
Desde la perspectiva religiosa, como ocurre con las religiones monoteístas -el catolicismo, el islam y el judaísmo- consideran que la vida es un don divino y que solo Dios el Creador es quien puede decidir.
¿Qué rebaten los que defienden la eutanasia?
Que morir en condiciones de sufrimiento extremo, a sabiendas de que existen ya medicamentos para poner fin a la agonía y que hay países que la aplican con absoluta normalidad, es una violación a la dignidad humana. La eutanasia busca preservar esa dignidad hasta el final y evitar el ensañamiento con el enfermo.
Aunque existen cuidados paliativos, no siempre logran eliminar el dolor o el deterioro progresivo de la calidad de vida.
En casos de enfermedades terminales o dolor físico y emocional insoportable, la eutanasia puede ser vista como una opción compasiva para evitar prolongar el sufrimiento, especialmente cuando ha dejado clara su voluntad de no seguir viviendo en esas condiciones.