Las deportaciones masivas emprendidas por Donald Trump desde el mismo día en que regresó a la Casa Blanca, a finales de enero, están generando un terremoto social, político y económico en Estados Unidos, con una sociedad profundamente dividida y sonando las alarmas en el sector productivo de la primera potencia.
Más de 100 empresarios de todo Estados Unidos acudieron este miércoles a Washington para lanzar un llamado de emergencia en el Capitolio por el desplome de la mano de obra ocasionada por las deportaciones masivas de la Administración Trump, que está poniendo en serio riesgo la marcha de la economía.
Los patronos de diversos sectores económicos se reunirán con varios legisladores de ambos partidos para pedirles que saquen adelante de forma urgente una reforma que facilite permisos de trabajo para los migrantes indocumentados, imprescindibles para la supervivencia de sus empresas y que ahora están dejando sus puestos vacíos, o bien por miedo a ser detenidos o bien porque ya lo han deportados, víctimas de la campaña antiinmigración ordenada por el mandatario republicano.
The American Business Immigration Coalition (ABIC), una coalición bipartidista que aglutina a más de 1,700 directores ejecutivos, propietarios de empresas y asociaciones comerciales en 17 Estados lleva meses alertando de las catastróficas consecuencias que las deportaciones de sus trabajadores están teniendo en sus negocios, pero ante la evidencia de que el gobierno no piensa dar marcha atrás y criminaliza a todos los indocumentados, han decidido atacar por la vía legislativa.
Bajo el título “Asegurar la mano de obra de EEUU”, la misión de empresarios se ha plantado en la capital para presionar durante tres días a los legisladores, muchos de los cuales se presentan a la reelección en las elecciones a medio mandato que se celebrarán en noviembre del año que viene.
“Gracias a su esfuerzo, los legisladores en Washington están oyendo nuestro mensaje alto y claro: La economía americana no puede crecer sin vías legales para los trabajadores que impulsan las industrias como construcción, agricultura, hotelería, sanidad...” , afirma Rebecca Shi, CEO de ABIC.
La vivienda por las nubes
Según los datos de la coalición, hay ocho millones de empleos sin cubrir en todo el país, lo que está “aumentando los precios en la economía, desde alimentación hasta materiales de construcción y limitando el acceso a productos diarios y servicios para los americanos”.
En el caso de la construcción, la mitad de los 454,000 plazas ofertadas no se cubrieron, generando retrasos en las obras y en la entrega de materiales, cuya demanda está presionando los precios al alza.
¿En qué consiste la última propuesta?
Para frenar esta sangría, ABIC aboga por que el Congreso estadounidense apruebe el proyecto Ley de la Dignidad (Dignity Act), presentado por la congresista republicana de Florida, María Elvira Salazar, y la representante demócrata de Texas, Verónica Escobar.
La propuesta se presentó sin éxito tres veces en el Congreso, con las dos cámaras dominadas por los republicanos, fieles en su gran mayoría a los dictados del presidente. La última versión, introducida en julio, difiere de la presentada en 2023 en un importante punto: elimina el establecimiento de una vía hacia la ciudadanía. A cambio, ofrece un estatus de “dignidad”, un permiso para residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Según la propuesta, para beneficiarse del permiso y regularizar los papeles (sin acceso a la ciudadanía), los migrantes deben llevar más de cinco años en el país, no haber cometido ningún delito, y pagar una multa de 7,000 dólares por haber estado indocumentado. Además, como penalidad, el Gobierno se apropiará de un 1% de sus salarios durante un plazo de siete años.
“Es una situación que necesitamos cambiar ya”, declaró Salazar en un encuentro con los empresarios en un hotel de la capital, en el que alertó sobre las consecuencias que la campaña de deportaciones va a tener sobre el Partido Republicano en las elecciones del próximo año.
“Estamos enviando el mensaje equivocado”
La congresista republicana afirmó que la situación actual “es un desastre”, porque los empresarios violan la ley al contratar a indocumentados, que, a su vez, se encuentran ilegalmente en el país.
“Estamos enviando el mensaje equivocado de que no queremos a esa gente aquí”, señaló Salazar, nacida en EEUU, pero de padres cubanos, y recordó que esos puestos vacantes “no los quieren los ciudadanos estadounidenses”.
La fuerza laboral de Estados Unidos se contrajo en julio por tres meses consecutivos, algo que no pasaba desde 2010. Los sectores más afectados son aquellos donde la mano de obra migrante predomina, como la industria láctea nacional, con el 51% de migrantes, al igual que el 45% de los trabajadores de envasado de productos cárnicos y el 29% de la construcción.
El error de los demócratas
Del mismo modo, el senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, se aleja de la posición de su partido. Gallego, nacido en Estados Unidos de padres inmigrantes (madre colombiana y padre mexicano), también presentó en mayo su propio proyecto de reforma migratoria.
El senador se dirigió ayer a los empresarios que llegaron a Washington para explicarles que su partido tiene una concepción equivocada de que los latinos son liberales en cuanto a la apertura de la frontera y la inmigración. Gallego aseguró que quienes viven cerca de la frontera con México abogan por un control más estricto de quién entra y que los demócratas han perdido votos por creer lo contrario. “Mi partido se equivocó, porque era incómodo escuchar lo que decían” quienes viven en la frontera. “Aunque Donald Trump tenía la postura más extrema sobre la frontera, esta se acercaba más a la del votante común que a la postura demócrata”, añadió.
Uno de los ejes de su propuesta es reforzar el control fronterizo. El otro eje abogaba por conceder la ciudadanía a los dreamers, los migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños, aunque para negociar con los republicanos defiende ir poco a poco.
En su opinión, la “gran equivocación” de su partido ha sido pedir un cambio total del sistema actual. “No podemos sacar de las sombras a 11 millones de personas y darles una vía a la ciudadanía”, afirmó.