El izquierdista expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) fue condenado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema que juzgó a Castillo consideró que el exmandatario no consumó el delito de rebelión al no concretarse sus intenciones golpistas (los mandos del Ejército no lo secundaron), motivo por el que la Fiscalía varió durante el juicio la solicitud de pena contra el ex jefe de Estado de 34 años de cárcel a la finalmente dictada por el tribunal.
El día de los hechos, Castillo dio un mensaje a la nación en el que ordenó disolver temporalmente el Congreso (Parlamento), intervenir la Judicatura y gobernar mediante decretos, tras una nueva e inminente moción en el Legislativo, dominado por la oposición, para destituirlo al salir a la luz indicios de presunta corrupción que lo señalaban directamente a él.
Sin embargo, su pronunciamiento no surtió efecto y a los pocos minutos fue detenido cuando había abandonado el Palacio de Gobierno de Lima y se dirigía aparentemente a la Embajada de México, donde su familia sí llegó y recibió asilo, mientras Castillo fue horas después destituido por el Congreso y enviado a la cárcel donde permanece hasta ahora.
Absuelto de dos delitos
La sala absolvió a Castillo de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público, pero le impuso una inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años, además del pago de una indemnización de 12 millones de soles (3,5 millones de dólares) en forma solidaria con sus coacusados.
A partir de este fallo, el exgobernante, que lleva cumplidos tres años de cárcel, deberá permanecer en Barbadillo, conocida como la cárcel para expresidentes de Perú, hasta abril de 2034.
Para los jueces, el expresidente y sus colaboradores conspiraron para atentar contra los poderes del Estado y el orden democrático y que, en el momento de su detención, pese a no haber sido todavía oficialmente destituido por el Congreso, era un presidente “de facto” tras su pronunciamiento.
¿Qué pasará con la refugiada en la Embajada?
La misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel recayó sobre la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada actualmente en la residencia de la Embajada de México en Lima, y para la que el tribunal ordenó una nueva búsqueda y captura contra ella.
La orden judicial de arresto contra Chávez mete presión al presidente interino, José Jerí, sobre si finalmente ordenará el asalto a las sede diplomática mexicana en Lima, como advirtió que contemplaba la semana pasada.
En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también lanzó una advertencia: llevará a los tribunales internacionales a Perú por violar el derecho internacional si ordena el asalto, emulando al ecuatoriano Daniel Noboa, cuando irrumpió por la fuerza en la Embajada de México en Quito y se llevó de forma violenta al exvicepresidente Jorge Glas.