En el marco de la sexta intervención de Estados Unidos en América Latina, el gobierno estadounidense acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de presuntos vínculos con cárteles mexicanos del narcotráfico y con organizaciones catalogadas como “terroristas” por EU en otros países de América Central y Sudamérica.
Las acusaciones forman parte de una ofensiva judicial y política que Washington justifica como un combate directo contra redes criminales transnacionales.
Las imputaciones se dan en un contexto de alta tensión regional y reavivan el debate sobre la creación e narrativas para justificar la injerencia estadounidense en asuntos internos de países latinoamericanos, así como sobre el alcance de sus acciones bélicas, bajo el argumento de seguridad nacional.
Captura y extradición de Nicolás Maduro: la sexta intervención de Estados Unidos en Latinoamérica
Estados Unidos volvió a intervenir militarmente en Venezuela, un hecho que analistas internacionales enmarcan dentro de una larga historia de acciones directas de Washington en América Latina.
La operación se suma a una serie de intervenciones justificadas bajo argumentos de seguridad, combate al crimen transnacional y defensa de intereses estratégicos en la región.
De acuerdo con recuentos históricos, esta acción representaría la sexta intervención de Estados Unidos en Latinoamérica en los últimos 75 años, retomando una política que marcó buena parte del siglo XX.
Episodios como Bahía de Cochinos en Cuba, la intervención en República Dominicana en 1965 y la operación en Granada en 1983 son citados como antecedentes.
En el caso venezolano, Washington sostiene que la intervención responde a la existencia de un gobierno señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico y organizaciones criminales, lo que, según su postura, representa una amenaza regional.
Estas acusaciones han sido acompañadas de procesos judiciales abiertos en tribunales estadounidenses contra altos funcionarios venezolanos.
La intervención ha reavivado el debate sobre la soberanía nacional y la injerencia extranjera en América Latina, además de generar reacciones diplomáticas en distintos países de la región.
El episodio marca un nuevo punto de tensión en la relación entre Estados Unidos y gobiernos latinoamericanos críticos de su política exterior.
Acusación del Gran Jurado en Nueva York contra Nicolas Maduro
El Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York acusa a Nicolás Maduro Moros y a su esposa, Cilia Adela Flores de Maduro, de haber abusado de sus cargos de confianza pública y de corromper instituciones del Estado venezolano para facilitar la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación sellada S4 11 Cr. 205 (AKH), el presunto esquema operó durante más de dos décadas y habría contado con la protección de estructuras oficiales del gobierno venezolano.
EU acusa a Maduro de presuntos vínculos con organizaciones criminales mexicanas y “terroristas”
La acusación afirma que, desde al menos 1999, funcionarios venezolanos, entre ellos Maduro, Cabello y Rodríguez Chacín, mantuvieron vínculos con organizaciones criminales y grupos catalogados como narcoterroristas, como las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua.
Según el documento, estas alianzas permitieron que redes criminales operaran con impunidad en territorio venezolano, facilitando la producción, protección y traslado de cocaína hacia Estados Unidos.
EU señala a funcionarios como parte de un presunto cártel venezolano
El documento judicial señala como acusados a Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Adela Flores de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias “Nicolasito” o “El Príncipe”, y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”.
Según el tribunal, estas personas formarían parte de un presunto cártel de narcotráfico que operaba desde Venezuela, utilizando recursos del Estado para proteger y facilitar el tráfico de drogas a gran escala.
EU realiza señalamientos directos contra Nicolás Maduro
Estados Unidos acusa directamente a Nicolás Maduro de liderar esta estructura criminal y de utilizar su autoridad política para transportar miles de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense. El informe sostiene que estas actividades se realizaron con el apoyo de fuerzas de seguridad venezolanas.
Además, se señala que, durante su paso por la Asamblea Nacional y posteriormente como ministro de Relaciones Exteriores, Maduro habría participado en operaciones de traslado de cargamentos ilícitos bajo cobertura oficial.
La acusaciones implican uso de recursos diplomáticos y beneficios de familiares de Maduro.
El gran jurado acusa a Maduro de proporcionar pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes, así como de facilitar cobertura diplomática a aeronaves empleadas para el lavado de dinero y la repatriación de ganancias del narcotráfico desde México hacia Venezuela.
El documento sostiene que la corrupción impulsada por el negocio de la cocaína benefició no solo a miembros del régimen, sino también a familiares directos del mandatario y a altos mandos políticos y militares.