España va a contracorriente dentro de la ola mundial antiinmigrante y lo hace por una razón de peso: el país ibérico lidera el crecimiento de Europa, casi exclusivamente, a los trabajadores inmigrantes, como asegura el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, aunque la derecha considera que hay “demasiados extranjeros”.
Este martes, el Gobierno aprobó una regularización extraordinaria de inmigrantes que viven en España en situación irregular, una medida dirigida a quienes puedan acreditar cinco meses de residencia en el país hasta el 31 de diciembre de 2025 y que beneficiará a medio millón de indocumentados.
También se podrán beneficiar unos 100,000 solicitantes de asilo en la misma fecha.
En ambos casos, los que se acojan a la nueva medida no pueden tener antecedentes penales ni en España ni en su país de origen.
Según cálculos del centro de análisis Funcas, la cifra de migrantes que viven en España en situación administrativa irregular ronda las 840,000 personas. Por origen, destacan las nacionalidades del continente americano (760,000), que representan el 91 % del total.
“Un día histórico”
La reforma es fruto de un acuerdo alcanzado por el oficialista Partido Socialista (PSOE), con la formación izquierdista Podemos, después de que la iniciativa legislativa popular para esta regularización masiva, que recabó más de 700,000 firmas de ciudadanos españoles, haya estado más de un año bloqueada en el Congreso por la oposición conservadora.
Al tramitarse como un real decreto, el Gobierno no requiere de su convalidación parlamentaria, lo que le permite esquivar la falta de apoyos.
Para la ministra española de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, se trata de un “día histórico”, que mejora la vida de la gente, al dar la oportunidad de vivir “con igualdad de derechos y oportunidades”.
Sin embargo, no lo ve así el conservador Partido Popular (PP), el principal de la oposición, y la extrema derecha de Vox.
“Llamado a las mafias”
El PP, de Alberto Núñez Feijóo, tachó este martes de “ilegal” esa regularización y consideró que es un llamado “a las mafias” para que sigan llevando a gente a España.
Por su parte, el xenófobo Vox avanzó que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo (de mayoría conservadora) para revertir la medida.
Ambos partidos gobiernan aliados en varias comunidades autónomas, como Murcia y Valencia, con fuerte presencia de inmigrantes, y esperan repetir la misma fórmula en cuanto se convoquen elecciones, ya sea porque caiga el Gobierno o cuando agote la legislatura, en 2027.
Tres meses sin poder ser expulsados
El empadronamiento municipal u otros documentos, como un informe médico, un contrato de luz o de renta o un certificado de envío de dinero, servirán para acreditar ese tiempo de residencia. El plazo de tramitación será de tres meses como máximo, pero la mera admisión de la solicitud, que puede demorarse unos 15 días, permitirá a la gente trabajar desde el primer día.
El Ejecutivo prevé que puedan empezar a presentarse las solicitudes en abril y en el momento en que ese trámite tenga lugar quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesen sobre los solicitantes.
La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá acceder al mercado laboral y a una vivienda, recibir atención sanitaria con normalidad o viajar sin miedo a una posible multa o expulsión. Pasados esos doce meses podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
No es la primera vez que tiene lugar en España un procedimiento de este tipo. La última se produjo en 2005, durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), pero desde los años ochenta ha habido al menos otras seis.
Incertidumbre policial, bendición de la Iglesia
Los sindicatos de la Policía Nacional SUP, Jupol y CEP advirtieron este martes de un riesgo de colapso en las unidades de Extranjería ante esa regularización “masiva” de migrantes, mientras que desde ámbitos como la hostelería se ha pedido que vaya acompañada de programas de formación para avanzar en la profesionalización de esas personas.
La Conferencia Episcopal Española (CEE) cree que es un acto “de justicia social”. En opinión del presidente de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana, Fernando García, “sirve para poner luz y esperanza” a la situación de muchos migrantes.
Asimismo, los dos mayores sindicatos del país, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), expresaron su satisfacción, considerando que esta regularización es imprescindible y solicitando que se efectúe con rapidez.
La paradoja del empleo
La regularización masiva presenta, curiosamente, una paradoja: España calcula que necesita cubrir al menos 800,000 puestos de trabajo y al mismo tiempo es la potencia europea con el mayor nivel de desempleo.
Según la agencia de estadísticas Eurostat, de las cuatro mayores economías de la Unión Europea (UE), España tiene una tasa de desempleo de 9.8 %, seguida de Francia (7.7 %), Alemania (6.3 %) e Italia (5.7 %).
En total, 2.5 millones de españoles no encuentran trabajo, o más bien, no quieren cubrir los puestos vacantes. Quienes sí lo toman son los inmigrantes, de ahí la paradoja de que España haya sido el país con más trabajo creado en 2025 de los países de la OCDE, con 605,400 ocupados más que cotizan al seguro social (por ponerlo en perspectiva, México creó en el mismo periodo 278,000 empleos formales —y 1.2 millones informales— y Estados Unidos 584,000, para una población siete veces mayor).
Círculo virtuoso
Esta buena integración de los inmigrantes en la sociedad española, que acepta sin mayores problemas que cubran puestos vacantes, principalmente en la agroindustria, la construcción, limpieza y servicios auxiliares como enfermería y cuidado de adultos mayores, es la causante de que España sea de entre las mayores economías europeas la que más crece desde el fin de la pandemia.
De 2021 a 2025, el crecimiento acumulado del PIB en España es de 23 %, de 20 % en Alemania, de 13 % en Italia y de 9 % en Francia.
Para mantener este círculo virtuoso de mayor generación de riqueza y mayor empleo, el Gobierno socialista optó por lo contrario a la mayoría de naciones desarrolladas: integrar a los inmigrantes, en vez de criminalizarlos.
En España residen actualmente alrededor de 4.9 millones de inmigrantes legales con autorización de residencia, de los que la mitad (2.5 millones) son latinoamericanos, principalmente colombianos (600,000), venezolanos (500,000), ecuatorianos (400,000) y peruanos (300,000).
Sólo en la ciudad de Madrid (sin el área metropolitana), se alcanzó en 2025 el hito de un millón de residentes latinoamericanos.
Pese a que México es el tercer país más poblado del continente americano, la comunidad mexicana en España es relativamente muy pequeña (70,000) y muy concentrada en la capital y en Barcelona. Sin embargo, es con diferencia la que ostenta el poder adquisitivo más alto, con el mayor número de inversores y empresarios.
En cuanto al porcentaje, España es la mayor nación europea con inmigrantes (15 %), seguida por Alemania (14 %), Reino Unido (14 %), Francia (11 %) e Italia (9%).