El uso de fuerza letal durante un operativo migratorio en Minneapolis, donde dos ciudadanos fueron abatidos a quemarropa en enero pasado, podría ser considerado un asesinato extrajudicial; así lo advirtieron seis relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un pronunciamiento conjunto.
Los expertos señalaron que los hechos también podrían tomarse como una privación arbitraria de la vida y representar violaciones graves al derecho internacional. Entre los firmantes se encuentran los relatores de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz; libertad de reunión, Gina Romero; y tortura, Alice Jill Edwards.
Preocupación internacional por los ataques de ICE y CBP en Minnesota
El comunicado expresa además una preocupación más amplia por un patrón de abusos vinculados a la llamada Operación “Metro Surge”, desplegada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el estado de Minnesota, con el objetivo de detener y deportar a personas migrantes en situación irregular.
Según los relatores, además de los dos tiroteos mortales, se han denunciado casos de uso excesivo de la fuerza contra presuntos migrantes indocumentados, manifestantes pacíficos e incluso personas que se encontraban en el lugar sin relación con los operativos.
Desde diciembre, miles de agentes armados del ICE y la CBP han llevado a cabo redadas descritas como militarizadas, muchas de ellas sin orden judicial, basadas presuntamente en perfiles raciales y con detenciones agresivas en zonas sensibles como escuelas y hospitales.
Ante este panorama, los expertos de Naciones Unidas urgieron a las autoridades estadounidenses a garantizar que cualquier asesinato ilegal o violación a los derechos humanos sea investigado y sancionado, advirtieron que, sin una desescalada inmediata, respeto al derecho a la vida y a las libertades fundamentales, así como una rendición de cuentas clara, el clima de tensión podría derivar en episodios de violencia más amplios.
El documento también fue firmado por la relatora de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, así como por los relatores sobre lucha antiterrorista, Ben Saul, y libertad de expresión, Irene Khan.