La Fiscalía de la Corte Penal Internacional decidió no avanzar con una investigación sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela, al considerar que no existen elementos suficientes para abrir un caso por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La decisión se refiere al expediente conocido como “Situación en Venezuela II”, un proceso que comenzó en 2020 después de que el gobierno venezolano denunciara ante la Corte que las sanciones estadounidenses habían provocado graves daños a la población.
Caracas argumentó que esas medidas económicas podían estar relacionadas con asesinatos, persecuciones, deportaciones y otros actos considerados inhumanos.
Sin embargo, tras revisar la información disponible, la oficina del fiscal concluyó que no hay pruebas suficientes para sostener esa acusación.
Según explicó la Fiscalía, los datos analizados no permiten establecer una relación clara de causalidad ni demostrar que las sanciones se hayan aplicado con la intención de cometer delitos que entren dentro de la jurisdicción de la Corte.
En otras palabras, el tribunal consideró que no hay una base razonable para iniciar una investigación formal sobre ese punto.
La decisión ya fue notificada tanto a las autoridades venezolanas como a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte.
A partir de ahora, el gobierno de Venezuela tiene un plazo de 90 días para solicitar que se revise el fallo.
El caso no afecta otra investigación abierta
La Fiscalía también aclaró que esta resolución no tiene relación con otro expediente distinto que sigue activo dentro de la Corte.
Ese proceso, conocido como “Venezuela I”, continúa en curso y se centra en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos dentro del país, especialmente en el contexto de detenciones y hechos ocurridos desde al menos 2014.
La oficina del fiscal subrayó que la decisión sobre las sanciones estadounidenses no modifica ni afecta el avance de esa investigación.
Tampoco está ligado a los hechos recientes en Venezuela
El tribunal internacional también dejó claro que el análisis sobre las sanciones no tiene relación con los acontecimientos ocurridos en enero de 2026 en Venezuela.
En ese momento se produjo una operación militar estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro, quien había gobernado el país durante más de una década.
Desde entonces, el exmandatario se encuentra detenido en Estados Unidos mientras enfrenta un proceso judicial por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Con la resolución anunciada por la Fiscalía, el caso presentado por el gobierno venezolano contra las sanciones estadounidenses queda, por ahora, cerrado en la etapa preliminar, a menos que Caracas decida pedir una revisión dentro del plazo establecido por la Corte.