La relatora de la ONU para Irán, la japonesa Mai Sato, denunció este lunes que al menos 7,000 personas murieron en la represión de las protestas de finales de diciembre y enero en Irán, aunque indicó que la cifra “podría llegar a las 17,000”, ya que hay otras 10,000 posibles, aún no identificadas.
“La cifra que incluí en mi informe al Consejo de Derechos Humanos es de más de 7,000 pero es una estimación conservadora, basada en verificación rigurosa. La organización que las documenta señala que otras 10,000 personas aún no han sido identificadas”, destacó en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Ginebra.
La relatora japonesa señaló que sigue siendo complicado dar cifras sobre esa represión y comentó que ha oído hablar de hasta 40,000 víctimas, pero “sin documentación que explique cómo se llega a esos números”.
Respecto a las cifras oficiales de las autoridades iraníes, que hablan de unos 3,000 fallecidos, Sato subrayó que no solo son sensiblemente menores a las que dan organizaciones de la sociedad civil, sino que “añaden la (falsa) narrativa según la cual muchas fueron asesinadas por terroristas, mercenarios o manifestantes violentos”.
“Guerra ilegal”
Sobre la actual guerra, la relatora insistió en que los ataques de Estados Unidos e Israel “son ilegales según el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas”, aunque subrayó que la situación “aún está evolucionando”, por lo que es pronto para concluir si alcanzan o no el nivel de crímenes de guerra.
“Sí estoy segura de que son ilegales y de que ya hay muchos civiles muertos, hospitales destruidos, escuelas atacadas e infraestructuras dañadas. Es algo sobre lo que ofreceré más detalles en mi próximo informe”, prometió.
Sato concluyó que “está claro que los ataques son ilegales, pero también está claro que Irán tiene graves problemas de derechos humanos, ambas cosas pueden coexistir”, por lo que rechazó el argumento dado este lunes por la delegación de Irán ante la ONU según la cual los informes sobre abusos del régimen habían sido utilizados para justificar la agresión al territorio iraní.
“No estoy de acuerdo con quienes establecen esa conexión, no es necesario elegir entre condenar los ataques o reconocer los problemas de derechos humanos en Irán”, insistió.
La relatora afirmó que la guerra probablemente está exacerbando la represión en Irán y auguró que “si el conflicto termina con una República Islámica debilitada, es posible que haya una represión muy fuerte”, como ya ocurrió el pasado año tras la llamada guerra de los doce días.
Jamenei, líder supremo terrorista
En Irán, durante 2025 se registraron al menos un millar de ejecuciones por ahorcamiento, la cifra más alta en casi tres décadas y considerada por organizaciones de derechos humanos como una “campaña de asesinatos masivos”.
Las organizaciones en el exilio denuncia ante la comunidad internacional (sin mucho éxito) que el líder supremo religioso, ayatolá Ali Jamenei (asesinado en un bombardeo tras el comienzo de los ataques de EU e Israel contra Irán), es el principal impusor de la pena de muerte contra los iraníes, en muchos casos celebrados en juicios sumarísimos.
El régimen chiita es el segundo país con más ejecuciones del mundo, después de China, según Amnistía Internacional, seguido de cerca por su némesis sunita, Arabia Saudí y Estados Unidos.