El juez Juan Carlos Peinado dio por concluida la investigación y decidió procesar a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de recursos públicos y apropiación indebida, en un caso que se abrió desde abril de 2024.
La resolución judicial establece que existen indicios suficientes para que el caso avance a una posible etapa de juicio; además, el magistrado fijó un plazo de cinco días para que las partes definan si solicitan la apertura formal del proceso, que podría desarrollarse ante un jurado popular.
La investigación también seguirá contra la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, en relación con algunos de los delitos señalados. En contraste, el juez decidió archivar la acusación por intrusismo profesional.
El caso se originó tras una denuncia presentada por la organización Manos Limpias, basada en información difundida en medios de comunicación.
¿De qué acusan a la esposa de Pedro Sánchez?
De acuerdo con el juez, uno de los puntos centrales es el presunto uso de la cercanía con el poder político para obtener beneficios. Señala que, desde que Sánchez asumió el gobierno en 2018, se habrían tomado decisiones públicas que favorecieron un proyecto académico vinculado a Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.
El magistrado considera que la posición de Gómez como esposa del presidente pudo influir en la obtención de apoyos y recursos, lo que encuadraría en un posible delito de tráfico de influencias.
En cuanto a la acusación de corrupción, la resolución apunta a que Gómez habría promovido la captación de financiamiento privado que, según los indicios, no necesariamente estaba destinado al proyecto universitario, sino que podría haber tenido beneficios personales o indirectos.
También se plantea un posible caso de malversación, relacionado con el trabajo de su asesora, quien habría realizado actividades fuera de sus funciones oficiales, pese a recibir un salario con recursos públicos.
Otro de los puntos señalados es la presunta apropiación indebida de un software desarrollado dentro de una cátedra universitaria, que habría sido registrado a título personal.
Mientras el proceso avanza, Gómez y el presidente Sánchez se encuentran en una gira oficial en China. El caso entra ahora en una fase clave que definirá si se abre juicio formal contra la esposa del jefe del Ejecutivo español.