La crisis social en Bolivia sumó este sábado un nuevo episodio de violencia. Al menos dos policías resultaron heridos por disparos durante un operativo conjunto entre fuerzas del orden y el Ejército para desbloquear una carretera en Santa Cruz, una de las regiones más afectadas por las protestas que desde hace un mes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La intervención comenzó alrededor de las 6:00 horas, cerca de la localidad de San Julián, a unos 117 kilómetros al noreste de la capital cruceña.
El objetivo era reabrir una ruta alterna que conecta Santa Cruz con Beni y el occidente del país, cerrada desde hace 24 días por grupos movilizados.
De acuerdo con el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, los agentes fueron recibidos con una fuerte resistencia.
“Los comunarios se organizaron y nos empezaron a agredir de manera brutal, con petardos, piedras y otros elementos (...) nosotros utilizamos agentes químicos para poder dispersar a esta multitud que se encontraba de manera agresiva”, declaró.
Aunque inicialmente lograron habilitar el paso vehicular, minutos más tarde los manifestantes volvieron a concentrarse y comenzó un enfrentamiento que se prolongó durante más de cuatro horas.
En medio del caos se escucharon detonaciones de arma de fuego. Gómez informó que uno de los uniformados recibió un impacto de bala en la cabeza, mientras que otro fue herido en el muslo derecho. Ambos tuvieron que ser evacuados de emergencia.
El jefe policial sostuvo que los manifestantes no solo lanzaron objetos contundentes, sino que también hicieron uso de armas de fuego, situación que obligó a ordenar el repliegue de policías y militares.
La violencia ocurre cuando Bolivia cumple un mes inmersa en bloqueos de carreteras impulsados por la Federación de Campesinos Túpac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones vecinales de El Alto y grupos afines al expresidente Evo Morales. Todos mantienen una misma exigencia: la renuncia inmediata de Rodrigo Paz.
Los sectores movilizados aseguran que el mandatario los excluyó de las decisiones gubernamentales y lo acusan de impulsar un paquete de leyes relacionadas con energía, hidrocarburos y recursos evaporíticos que, según denuncian, abriría la puerta a la privatización y al aumento de tarifas de servicios básicos. El Gobierno ha rechazado esos señalamientos.
Lo que comenzó el pasado 6 de mayo en La Paz y El Alto terminó extendiéndose a ocho de las nueve regiones del país, con alrededor de un centenar de puntos carreteros afectados.
El impacto ya golpea distintos sectores. La Cámara Nacional de Industrias estima pérdidas económicas por unos 2 mil 100 millones de dólares, mientras que el Ministerio de Turismo calcula afectaciones por mil 230 millones de dólares, además del deterioro de la imagen internacional de Bolivia.
Los bloqueos también han tenido consecuencias humanas. Según la Defensoría del Pueblo, siete personas murieron por no recibir atención médica a tiempo debido a las interrupciones en las vías de comunicación. Otras tres fallecieron en el contexto de las protestas, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante otro operativo de desbloqueo.
La falta de circulación ha provocado además escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal en diversas regiones del país, profundizando la crisis económica que Bolivia arrastra desde 2023, marcada por la falta de divisas y el aumento de precios.
En medio de este escenario, han aumentado las voces que exigen al Gobierno declarar un estado de excepción. Este sábado, además, la Cámara de Diputados tiene previsto discutir un proyecto de ley que ampliaría las facultades de las Fuerzas Armadas para actuar en casos de conmoción interna, iniciativa que ya recibió el visto bueno del Senado.
A nivel internacional, varios gobiernos que integran el denominado Escudo de Las Américas, promovido por Estados Unidos, expresaron su respaldo a Rodrigo Paz y denunciaron un supuesto intento de desestabilización financiado con recursos ilícitos vinculados al narcotráfico.
Bolivia también ha recibido ayuda humanitaria de Estados Unidos, Perú y Chile, mientras que Argentina envió aviones de carga para fortalecer el puente aéreo destinado al traslado de alimentos hacia La Paz y El Alto.
Pese a los intentos de mediación impulsados por el Parlamento, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras de derechos humanos, el diálogo sigue estancado. Incluso, los campesinos aimaras del altiplano paceño dieron un ultimátum al presidente para que presente su renuncia.
Rodrigo Paz ha insistido en que agotará la vía del diálogo antes de recurrir a medidas más severas, aunque advirtió que utilizará todos los mecanismos que le permite la Constitución para enfrentar una crisis que mantiene al país en tensión y sin una salida clara.