España, el país de las corridas de toros y paraíso europeo de la caza mayor, es al mismo tiempo el país con una de las leyes más estrictas del mundo para la protección de los “seres sintientes”.
La Ley de Bienestar Animal entró en vigor en 2023, pero ha sido su actualización en marzo de 2026 la que ha generado polémica y mucha confusión entre los dueños de animales, así como indignación entre los propietarios de tiendas de mascotas, que pierden gran parte de su negocio al quedar prohibida la venta de perros, gatos y hurones (el resto de animales, como peces, tortugas o conejos, quedan exentos).
Esta restricción busca limitar su comercialización exclusivamente a través de criadores autorizados y centros de adopción registrados, eliminando la figura de intermediarios como las tiendas de mascotas para estos animales.
El incumplimiento de esta prohibición se considera una infracción muy grave, con multas que oscilan entre 50.001 y 200.000 euros (1.1 millones de pesos a 4.5 millones de pesos), además de la intervención y retirada de los animales. En caso de reincidencia, podría acarrear la clausura del establecimiento y la inhabilitación para ejercer actividades relacionadas con los animales.
De igual manera, los propietarios de mascotas están sujetos a fuertes multas en España a partir de ahora.
El artículo 27 de la legislación recoge la prohibición de mantener animales de forma permanente en balcones, azoteas, sótanos, patios y vehículos. La normativa española no impide de forma total que las mascotas salgan al balcón o a la terraza durante determinados momentos del día; lo que sí prohíbe de manera expresa es convertir estos espacios exteriores en su lugar de residencia permanente o habitual.
Al dejar de ser catalogados como meros objetos de entretenimiento o acopañamiento de la familia para ser considerados seres vivos sintientes, se considera un incumplimiento dejar al animal sin vigilancia en estos sitios durante largos períodos, especialmente bajo temperaturas extremas, lluvia o condiciones climáticas adversas.
De igual manera, está prohibido dejar a los perros sin supervisión más de 24 horas consecutivas (para el resto de animales de compañía, como gatos o hámsteres, el límite es de 3 días); también podrán ser denunciados los dueños de animales que permanezcan atados en el interior de la vivienda, situación que, según la nueva legislación, “detona estrés, ansiedad y problemas físicos”. Queda prohibido también el uso de collares eléctricos, de ahogo o cualquier herramienta que pueda causar dolor o miedo.
En el caso particular de los felinos, la ley busca prevenir accidentes comunes como las caídas desde ventanas. Este tipo de lesiones, catalogadas en la medicina veterinaria como el “síndrome del gato paracaidista”, representan una de las urgencias más recurrentes en las clínicas especializadas durante los meses de calor.
Según la nueva legislación ibérica, esta serie de prohibiciones responde a “criterios veterinarios fundamentados” y señala que “los expertos llevan años advirtiendo que el aislamiento prolongado y la falta de interacción social provocan conductas compulsivas, agresividad, miedo o apatía en perros y gatos”.
Por último, está prohibido sacrificar animales por motivos económicos, falta de espacio o edad. Solo se permite la “eutanasia clínica por causas médicas irreversibles”, como la vejez avanzada, invalidez severa o cáncer.
Cursillos de formación
A partir de ahora, todos los perros, gatos y hurones deben tener microchip obligatorio y estar identificados y registrados en bases de datos oficiales interconectadas en los 27 países de la Unión Europea.
Los dueños de perros, independientemente de la raza, deberán tomar un curso de formación, gratuito y en línea, para garantizar la tenencia responsable, y tendrán que contratar un seguro de responsabilidad civil en caso de ataque. Sin embargo, ambas medidas aún no han entrado en vigor, generando confusión.
Polémica e hipocresía
Una de las medidas anunciadas, pero que por su polémica aún no han entrado en vigor, es la creación de un “Listado Positivo” de especies que se podrán tener como animales de compañía, dejando en principio fuera a muchas que se consideraban domésticas, como hámsteres o conejos.
Al mismo tiempo, se señala como una gran hipocresía que la ley excluya a perros de caza, cobayas de laboratorio o los toros de lidia, dejándolos expuestos al maltrato y al sacrificio.
Deportado por matar al gato
El pasado 9 de junio, la policía española detuvo a un ciudadano colombiano de 29 años en la ciudad de Torrevieja (región de Valencia), luego de ser condenado por un juzgado a cinco años de expulsión del país por matar a golpes a Nala, la gata de su expareja.
Según la Asociación Leal, una entidad animalista que se personó en el juicio como acusación particular, es la primera vez que “el maltrato animal ha tenido consecuencias reales” y el fallo judicial “marca un precedente”.
El acusado prefirió aceptar la deportación a su encarcelamiento y será devuelto a su país de origen, desde el que no podrá viajar a ningún país de la Unión Europea durante el periodo vigente de la sentencia.
Según se pudo ver en un video que se hizo viral en redes sociales, el condenado apaleó en plena vía pública a la gata con un mango de escoba, la estampó contra una pared y después siguió propinándole puntapiés, incluso cuando el animal ya estaba sin vida.
Los vecinos alertaron a la Policía local, que envió cuatro patrullas. Tras comprobar que el felino había fallecido, trataron de tranquilizar a los testigos, entre los que se había generado una gran tensión, y redujeron al agresor que, según informaron en su momento fuentes del Ayuntamiento, mostraba signos evidentes de consumo de drogas y alcohol.
En su fallo, el juez quiso dejar claro que no se trata ni mucho menos de un castigo ejemplar por tratarse de un inmigrante, sino por tratarse de un maltratador animal al que se le dio la oportunidad de permutar deportación por cárcel: a los ciudadanos españoles sin otra nacionalidad les espera la cárcel en casos de extrema violencia como este.