Las reformas económicas anunciadas por el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, la semana pasada, para salvar al país del inminente colapso de la isla, agravado por el embargo petrolero, no son suficientes para Estados Unidos.
Este martes, el Departamento de Estado que dirige Marco Rubio, de padres cubanos exiliados en Miami, impuso nuevas sanciones contra cinco entidades estatales cubanas, tres de ellas vinculadas al conglomerado económico Gaesa, controlado por las fuerzas armadas de Cuba y al que Washington describe como “el músculo financiero detrás del aparato represivo de seguridad cubano”, así como contra la esposa de uno de los hijos del hombre fuerte del régimen, Raúl Castro, este último acusado en EU por el derribo de avionetas del exilio cubanoestadounidense en 1996.
“La situación en Cuba está retrocediendo ya que el régimen corrupto, brutal y comunista antiestadounidense sigue dando prioridad al control total en vez del bienestar, la libertad y las oportunidades del pueblo cubano”, escribió Rubio en un mensaje en redes sociales. “El conglomerado Gaesa, bajo control militar, sirve de manera persistente como el principal medio para que las élites del régimen se apropien de los pocos recursos de la isla y los dediquen a la represión, la subversión antiestadounidense y el espionaje, en vez de a escuelas, plantas eléctricas y las necesidades básicas del pueblo cubano”.
En concreto, Washington ha impuesto castigos a tres empresas del llamado Grupo de Administración Empresarial SA (Gaesa), una forma de eludir la identidad de los verdaderos dueños de Cuba: los militares surgidos de la revolución y leales al castrismo. Asimismo, se impuso sanciones a Annalie Lilliam Rueda Cardero, la esposa de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y antiguo jefe de los servicios de inteligencia cubanos.
Entre las tres entidades relacionadas con Gaesa, dos son instituciones financieras asociadas con “el movimiento de dinero en nombre del régimen”, según el Departamento de Estado: Rafin y Banco Financiero Internacional (BFI). La otra es una empresa logística y portuaria, Almacenes Universales, “que ejecuta lo que el régimen le ordena en toda la isla”.
Las otras dos empresas no relacionadas con Gaesa son la siderúrgica José Martí, que es la mayor productora de acero bruto de Cuba y que fue modernizada recientemente con fondos rusos, y GeomInera, que gestiona activos de minerales metálicos no niquelíferos, y que cuenta con inversión de la australiana Antilles Gold y otras firmas extranjeras.
“Todas estas entidades y personas aportan fondos, facilitan o se benefician de las actividades malignas del régimen, tanto en Cuba como en nuestro continente”, señala el comunicado del Departamento de Estado.
Reformas insuficientes
Las medidas de este martes se han anunciado apenas cuatro días después de que Cuba anunciara un paquete de 176 medidas económicas drásticas, el conjunto de reformas más extenso en décadas y que introduce formalmente dinámicas de mercado, autoriza la creación de bancos privados, permite devaluaciones sucesivas de la moneda nacional y abre las empresas estatales a accionistas particulares, entre otros pasos.
Esa reforma, que busca “hacer lo necesario para conservar lo esencial”, parece un intento de responder a las presiones de Estados Unidos contra el régimen, que se aceleraron tras la operación militar que capturó a Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero.
Fallo a favor de Exxon
No fue el único golpe a la comatosa economía cubana ocurrido este martes.
La Corte Suprema de EU falló a favor de que ExxonMobil, la mayor petrolera del mundo, pueda proseguir con su demanda contra la compañía cubana Corporación Cimex para solicitar compensaciones por los bienes confiscados por el Gobierno de Cuba en 1960, poco después del triunfo de la revolución castrista.
El alto tribunal considera la prevalencia de la ley federal Libertad y Solidaridad Democrática Cubana de 1996, también llamada Ley Helms-Burton, sobre la llamada excepción de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de 1976 (FSIA por sis siglas en ingles) que protegía a Estados extranjeros y a sus entidades.
La demanda de Exxon podrá seguir ahora su curso en los tribunales y brinda más impulso a la posibilidad de que empresas extranjeras puedan demandar compensaciones por dichas expropiaciones en la isla.
La ley Helms-Burton establece en su título III, el esgrimido por el Supremo, que toda entidad jurídica o ciudadano de EE.UU. (lo que incluye a cubanos que después se nacionalizaron estadounidenses) “posee la reclamación” sobre una propiedad confiscada después de 1959, año del triunfo de la revolución castrista en la isla.
En el escrito de argumentación, los magistrados explicaron que “toda la arquitectura de la Ley Helms-Burton establece que dicha ley levanta la inmunidad soberana extranjera de las agencias y entidades instrumentales cubanas, y no exige a Exxon cumplir además con alguna de las excepciones a la inmunidad soberana extranjera previstas en la FSIA”.