Un terremoto puede durar segundos... sus cifras pueden discutirse por décadas
Ha pasado poco más de una semana desde que dos terremotos sacudieron el norte de Venezuela, y conforme avanzan las labores de rescate, el número de víctimas continúa aumentando mientras que brigadistas, rescatistas y miles de familias siguen buscando entre los escombros alguna señal de vida.
Esta escena, lamentablemente, no resulta ajena. Primero aparecen los sobrevivientes, después los muertos y finalmente, las preguntas.
¿Cuántas personas fallecieron realmente?
Y quizá una todavía más incómoda:
¿Quién decide cuándo una víctima entra —o queda fuera— de una estadística oficial?
Hasta el 29 de junio, las autoridades venezolanas reportaban 1,719 personas fallecidas, más de cinco mil heridas y miles de desplazadas. Sin embargo, Amnistía Internacional advirtió que esas cifras “probablemente no reflejan plenamente el alcance total de los daños humanos y materiales”, debido a que miles de personas permanecían desaparecidas y las labores de búsqueda continuaban entre edificios colapsados y zonas donde las réplicas dificultaban el acceso.
Esta observación no implica necesariamente que las cifras oficiales sean falsas pero sí nos plantea una dura verdad: en los grandes desastres la primera cifra rara vez es la definitiva.
Contar muertos no es sumar cadáveres
A simple vista, contabilizar víctimas parecería una simple operación matemática, pero es, de hecho, uno de los procesos más complejos dentro de la gestión de un desastre.
Cada número representa una decisión metodológica con múltiples aristas.
- ¿Debe considerarse víctima únicamente quien murió aplastado por un edificio?
- ¿También quien falleció días después porque un hospital colapsó y nunca recibió atención médica?
- ¿Qué ocurre con quienes siguen desaparecidos?
- ¿Y con los cuerpos que jamás pudieron ser identificados?
Estas preguntas han ocupado durante décadas a especialistas en gestión de riesgos.
Investigaciones como las de Roger Pielke Jr. y Mary Downton sobre las pérdidas ocasionadas por desastres naturales advierten que las estadísticas oficiales suelen presentar diversos sesgos metodológicos. Aunque su trabajo analiza principalmente inundaciones, sus conclusiones ayudan a entender por qué las cifras posteriores a terremotos, huracanes o tsunamis suelen ser objeto de debate.
Uno de los principales problemas consiste en distinguir entre víctimas directas e indirectas. Muchas bases de datos únicamente registran a quienes fallecieron de forma inmediata durante el evento, dejando fuera a personas que murieron posteriormente debido a la interrupción de servicios médicos, enfermedades derivadas del desastre, condiciones sanitarias extremas e incluso secuelas de salúd mental.
También existe un sesgo geográfico en el cual las comunidades alejadas o de difícil acceso suelen tardar más tiempo en ser censadas, mientras que las grandes ciudades concentran la atención de autoridades y medios de comunicación.
A ello se suma el problema de la ausencia de una definición universal sobre qué significa ser una “víctima del desastre”, creando discrepancias y modificando sustancialmente las cifras.
La política y los números
Los desastres naturales no solo ponen a prueba la capacidad de respuesta de un Estado sino que también ponen a prueba su legitimidad.
El especialista en comunicación de crisis William Timothy Coombs sostiene que en una catástrofe, los gobiernos enfrentan dos emergencias simultáneas. La primera es la evidente, qué sucede en las calles. La segunda ocurre en la opinión pública.
Mientras equipos de rescate buscan sobrevivientes, las autoridades también deben transmitir certidumbre, así como demostrar capacidad de respuesta y convencer a la población de que mantienen el control de la situación.
En ese contexto, las cifras oficiales cumplen una doble función: informativa y comunicativa. Esto hace que los números dejen de ser exclusivamente técnicos y adquieran un peso político inevitable.
En situaciones donde las instituciones políticas atraviesan una crisis de confianza, cualquier cifra oficial termina siendo observada con escepticismo.
México 85: incertidumbre y nuevos protocolos
El terremoto del 19 de septiembre de 1985 transformó para siempre a México. No solamente modificó los reglamentos de construcción o dio origen al actual Sistema Nacional de Protección Civil sino que también marcó el nacimiento de una sociedad civil organizada que descubrió su capacidad para responder cuando el Estado era incapaz de hacerlo.
Carlos Monsiváis describió aquellos días como el despertar ciudadano, en el que miles de jóvenes, vecinos, estudiantes y trabajadores salieron espontáneamente a remover escombros con picos, palas, cubetas o simplemente con sus propias manos. De esa movilización surgieron brigadas como los Topos y decenas de organizaciones vecinales que redefinieron la relación entre la sociedad y el gobierno.
Mientras la ciudadanía buscaba sobrevivientes, el número de víctimas seguía siendo inexacto. El gobierno federal reconoció alrededor de seis mil víctimas mortales mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó cerca de 26 mil. Al mismo tiempo, diversas organizaciones de damnificados hablaron de aproximadamente 35 mil y otras estimaciones rondaron cifras cercanas a 40 mil.
Cuarenta años después, ninguna institución ha conseguido establecer un número definitivo y la explicación a ello implica varias razones más allá de los problemas políticos.
- Los hospitales colapsaron.
- Edificios desaparecieron junto con sus registros.
- Hubo cadáveres imposibles de identificar.
- Familias enteras quedaron sepultadas sin que existieran listas previas de habitantes.
- Las tecnologías forenses disponibles eran limitadas y México aún no contaba con protocolos estandarizados para la identificación masiva de víctimas.
Esto aunado a la ausencia de un procedimiento transparente y uniforme convirtió el conteo de fallecidos en otra de las heridas abiertas del terremoto. La cifra se convirtió en un símbolo de la crisis institucional que vivía el país.
Haití: cuando las cifras responden a incentivos
Si México representa el caso donde durante décadas persistieron dudas sobre un posible subregistro, Haití mostró que las controversias también pueden surgir en sentido contrario.
Tras el devastador terremoto de 2010, el gobierno haitiano informó inicialmente más de 220 mil fallecidos y posteriormente elevó la cifra oficial hasta superar las 300 mil víctimas. Sin embargo, investigaciones independientes basadas en encuestas por muestreo y análisis demográficos estimaron un número considerablemente menor.
La diferencia abrió un debate internacional sobre la metodología utilizada y sobre los incentivos políticos que podían existir detrás de cada estimación. Mientras algunos investigadores argumentaban que una cifra elevada permitía dimensionar adecuadamente la tragedia y atraer mayores recursos internacionales, otros sostenían que las estimaciones oficiales sobrepasaban ampliamente la evidencia disponible.
Venezuela: contar muertos en medio de una crisis de confianza
En el reciente caso venezolano se incorpora un elemento adicional. Los terremotos ocurrieron en un país que apenas comenzaba a reconfigurar su escenario político tras meses de profunda incertidumbre institucional. La transición gubernamental, la polarización política y la desconfianza acumulada hacia las instituciones hacen que cada actualización del número de víctimas sea observada bajo un velo de desconfianza. No precisamente porque exista evidencia concluyente de manipulación, sino porque la confianza pública constituye uno de los recursos más escasos después de una crisis política.
En ese contexto, la advertencia realizada por Amnistía Internacional adquiere especial relevancia, no porque afirme que las cifras oficiales sean incorrectas, más bien recuerda que mientras existan miles de personas desaparecidas y continúen las labores de búsqueda, cualquier número debe entenderse como una fotografía parcial de una tragedia todavía en desarrollo.
El nombre detrás de cada cifra
Desde hace años, organismos como la INTERPOL, la Organización Panamericana de la Salud y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas han desarrollado protocolos para la identificación de víctimas en desastres masivos.
El procedimiento internacional contempla la recuperación adecuada de cuerpos, la obtención de información post mortem, la recopilación de datos proporcionados por las familias y un proceso de conciliación mediante huellas dactilares, registros odontológicos, ADN y otros elementos científicos. El objetivo no consiste únicamente en contar cadáveres sino más bien en regresarles su identidad.
Cuando esos procedimientos fallan —ya sea por falta de recursos, infraestructura o coordinación— es cuando aparecen los vacíos estadísticos.
Pero no podemos olvidar que detrás de cada vacío existe una familia que continúa esperando respuestas.
La última víctima
Ningún desastre termina cuando dejan de moverse los escombros. Al contrario, este es el punto de partida para poder hacer el control de daños: encontrar a quienes faltan, identificarlos, entregarlos a sus familias...
Las cifras oficiales permiten dimensionar una tragedia, planear la reconstrucción y asignar recursos, pero también construyen la memoria colectiva.
Cada persona que queda fuera de una estadística no desaparece únicamente de un registro gubernamental corre el riesgo de desaparecer también de la historia. Quizá es por eso que, cuatro décadas después del terremoto de 1985, México sigue preguntándose cuántos murieron realmente.
Y quizá por esa misma razón, mientras Venezuela continúa removiendo escombros, la pregunta no debería limitarse a conocer el próximo reporte oficial.
Porque cuando las cifras permanecen en disputa, lo que está en juego no es solamente un número. Es el derecho de las víctimas a ser recordadas, la confianza en las instituciones y la manera en que una nación decide narrar sus peores tragedias.