El modelo de concesiones de infraestructura de Chile, considerado uno de los más consolidados de América Latina, enfrenta uno de sus mayores desafíos en más de tres décadas, luego de que el gobierno suspendiera adjudicaciones que ya habían cumplido con los procesos técnicos.
En agosto de este año, el Ministerio de Obras Públicas frenó la adjudicación provisional de los corredores de transporte de las Rutas 150 y 160 y de la Autopista Concepción-Talcahuano, en la Región del Biobío. Los tres proyectos contemplan inversiones privadas por más de 400 millones de dólares.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, argumentó que los compromisos no pueden ser absorbidos bajo las actuales restricciones presupuestarias y reconoció un escenario fiscal estrecho. La decisión abrió además la posibilidad de sustituir inversión privada por financiamiento estatal.
Un modelo construido durante tres décadas
Desde la adjudicación del Túnel El Melón, en 1993, Chile ha licitado 108 contratos de concesión, de los cuales 74 permanecen vigentes, con inversiones comprometidas por más de 27 mil millones de dólares y participación de empresas de 14 países.
Para el Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada, la fortaleza del modelo radica principalmente en su estabilidad institucional, pues fue mantenido por ocho gobiernos de distinto signo político sin modificaciones que alteraran su esencia. Chile también se ha consolidado como referente regional en infraestructura y logística, además de ser el único país latinoamericano con calificación de riesgo “A” y perspectiva estable.
El riesgo está en el precedente
El Instituto advierte que el problema no son únicamente los 400 millones de dólares de los proyectos suspendidos, sino la señal que la medida puede enviar a los inversionistas.
Actualmente existen más de 20 iniciativas ya adjudicadas, con un valor superior a 10 mil millones de dólares, que todavía no han comenzado obras. A ellas se suma una cartera de 22 procesos previstos para 2026 y 2027, por 8 mil 16 millones de dólares. Con base en indicadores oficiales, el organismo estima que la cartera paralizada podría poner en suspenso alrededor de 95 mil empleos y hasta 12 mil millones de dólares de actividad económica, aunque precisa que se trata de cálculos propios.
Contradicciones en la política de infraestructura
El organismo señala una contradicción fiscal: el sistema de concesiones busca precisamente atraer capital privado y reducir la presión sobre las finanzas públicas. Sustituirlo por inversión estatal podría trasladar la carga a un presupuesto que ya enfrenta restricciones.
También existe una contradicción con la estrategia anunciada por el propio gobierno. En junio, la Subsecretaría de Obras Públicas planteó elevar de mil a 4 mil millones de dólares anuales la inversión mediante concesiones y señaló como prioridad destrabar proyectos ya adjudicados. Dos meses después, suspendió parte de esas obras. La decisión también impacta al Biobío, región para la que el gobierno había anunciado un plan de mil 200 millones de dólares destinado a generar 22 mil empleos.
La preocupación del sector
La suspensión ocurre en medio de un ajuste fiscal que contempla recortes de 3 por ciento en los presupuestos ministeriales. El presupuesto de Obras Públicas de 2026 ya registraba una reducción de 17.1 por ciento en inversión, mientras que la Dirección General de Concesiones tuvo una caída de 38.5 por ciento, según datos citados por la Cámara Chilena de la Construcción.
Carlos Cruz, presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura y exministro de Obras Públicas, calificó la medida como una “señal gravísima” por introducir un factor de discrecionalidad en el sistema. El Instituto Coordenadas propone restablecer las adjudicaciones resueltas, establecer un calendario vinculante para la cartera comprometida y garantizar que los proyectos adjudicados sean ejecutados.
La discusión trasciende los proyectos del Biobío. Chile enfrenta una brecha de infraestructura estimada en 250 mil millones de dólares y su inversión mediante concesiones pasó de representar más de 1 por ciento del PIB en la década de 2000 a 0.25 por ciento en 2025.
Lo que Chile pone en juego frente a la región
El capital de inversión en América Latina se asigna por certeza contractual antes que por rentabilidad esperada. La ventaja chilena no proviene del tamaño de su economía ni de la obra ya construida, sino de la previsibilidad de sus reglas: Perú y Colombia no compiten con Chile en infraestructura instalada, compiten por el mismo capital. Cuando esa previsibilidad se debilita, Chile no baja un lugar en un ranking, pierde su factor diferencial completo. El país tiene por delante una brecha de infraestructura de 250 mil millones de dólares, con una inversión concesionada que pasó de más de 1 por ciento del PIB en la década de 2000 a 0.25 por ciento en 2025.