El Tribunal Supremo (TS) español ha dejado en suspenso, a petición del partido de ultraderecha Vox y de la organización Iustitia Europa, las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), necesarias para ejercer el derecho al voto, hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados por esta vía cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles; periodo que abarca desde 1936, año en que comenzó la Guerra Civil, a 1955, dieciséis años después de finalizado el conflicto y en plena dictadura de Francisco Franco.
El alto tribunal estimó parcialmente la medida cautelar solicitada por ambas organizaciones, que denunciaron la «interpretación laxa» de la Ley de Memoria Democrática por parte del Gobierno, al abrir la puerta a otorgar la nacionalidad española a descendientes de españoles que se establecieron en el extranjero por causas ajenas a la persecución política.
Esta vía para obtener la ciudadanía española generó una fuerte polémica: la oposición acusó al Ejecutivo de «ingeniería electoral» y de «fabricar votantes» para «alterar» el censo electoral.
Acreditación de exilio por descendiente de perseguidos
A partir de ahora, los consulados deberán certificar que las concesiones de nacionalidad potribunmar exilio se otorgan conforme a los requisitos estrictos de la ley —es decir, demostrando el exilio político, ideológico, de creencia o de orientación e identidad sexual— para que los solicitantes puedan inscribirse en el censo electoral CERA.
Asimismo, el fallo del Supremo ordena a la Oficina del Censo Electoral que revise los expedientes de inscripción que procedan tanto de la aplicación directa de los supuestos de exilio como de la interpretación ejecutiva cuestionada.
De agotarse la actual legislatura, el límite para celebrar las próximas elecciones generales en España es el 22 de agosto de 2027. No obstante, el presidente del Gobierno conserva la facultad de convocarlas de forma anticipada si los socios parlamentarios retiran su apoyo al Ejecutivo.
Hasta el momento, más de 1.2 millones de personas han solicitado la nacionalidad española por la Ley de Nietos, de las cuales 544,722 han sido aprobadas y 306,000 figuran ya inscritas como españolas, según los últimos datos oficiales.
México, segundo país de AL con más solicitantes
El Consulado General de España en México y su red consular (Guadalajara, Monterrey) concentran uno de los mayores volúmenes de trámites de nacionalidad en América Latina debido a la masiva emigración española del siglo XX.
La oficina consular en México ha recibido más de 117,000 solicitudes de nacionalidad española en México, lo que sitúa al país como el segundo con mayor número de peticiones a nivel global, solo por detrás de Argentina.