La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó este jueves un balance de las reformas políticas, institucionales y económicas impulsadas por su Gobierno durante los últimos meses y reafirmó su compromiso de celebrar elecciones con una autoridad electoral renovada, dentro de un proceso de transformación que, según explicó, busca garantizar la convivencia democrática, la estabilidad y la reconciliación nacional.
En un mensaje dirigido al país, Rodríguez defendió una hoja de ruta basada en reformas institucionales, garantías de participación política, diálogo entre distintos sectores y recuperación económica, y sostuvo que el avance del proceso debe medirse por el cumplimiento de objetivos concretos.
“Habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo”, afirmó la mandataria, aunque no estableció una fecha para su celebración.
Explicó que el calendario electoral estará vinculado al cumplimiento de una serie de condiciones previas, entre ellas el fortalecimiento de la convivencia democrática, la reforma del sistema de justicia, la renovación de las instituciones electorales y la garantía de condiciones de participación para todas las fuerzas políticas.
“El horizonte político de Venezuela no se mide con una fecha en el calendario, sino desde una secuencia de objetivos que debemos alcanzar”, señaló.
La presidenta insistió en que el propósito es alcanzar unas elecciones que contribuyan a resolver las diferencias políticas, en lugar de reabrir los conflictos que han marcado al país durante los últimos años.
Amnistía, reformas judiciales y garantías políticas
Entre los principales avances de su gestión, Rodríguez destacó la aplicación de la ley de amnistía aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional en febrero pasado, que, según las cifras presentadas, ha beneficiado a casi 9.000 personas.
La mandataria precisó que más de 1.000 personas han sido puestas en libertad como resultado de la aplicación de esta ley y de la revisión de otros procesos judiciales no contemplados en ella.
También anunció nuevos pasos para reformar el sistema de justicia, entre ellos una consulta nacional sobre la justicia penal que busca combatir la corrupción, reducir el retardo procesal y fortalecer la transparencia e imparcialidad de las instituciones.
Rodríguez informó de un acuerdo de asistencia técnica con la Unión Europea para acompañar estas reformas y señaló que el Gobierno también ha solicitado la colaboración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Otro de los anuncios estuvo relacionado con la reforma de la denominada ley contra el odio, después de que la propia mandataria reconociera en septiembre que esta legislación había sido aplicada de manera abusiva.
La propuesta, presentada recientemente ante la Asamblea Nacional, contempla eliminar las sanciones penales previstas en la norma y reforzar su carácter educativo. Rodríguez pidió abrir un proceso amplio de consultas y explicó que, una vez promulgada la reforma, deberán revisarse los procesos penales iniciados bajo esta legislación.
La presidenta invitó además a organizaciones independientes a verificar los avances de estas medidas y aseguró que el Gobierno continuará adoptando decisiones dirigidas a fortalecer las garantías ciudadanas.
En ese contexto, informó de que ha instruido a los cuerpos de seguridad para que ninguna persona sea detenida sin orden judicial, salvo en casos de flagrancia, y reivindicó el derecho constitucional a la protesta pacífica.
“Todas y todos tenemos derecho a pensar distinto, sin temor a represalias de ningún tipo”, afirmó.
También confirmó que continuará el restablecimiento del acceso a portales informativos que habían sido objeto de restricciones administrativas durante años de confrontación política.
El diálogo político y la transformación institucional
Rodríguez situó el diálogo entre los distintos sectores del país como uno de los ejes del proceso de transformación.
Recordó que en octubre se celebró en Caracas la tercera ronda de conversaciones entre representantes del Gobierno y de la Asamblea Nacional elegida en 2015, con una agenda centrada en las garantías para los próximos procesos electorales, la reforma del Tribunal Supremo de Justicia y la recuperación de recursos para la reconstrucción tras los terremotos del pasado 24 de junio.
“No es un diálogo para la foto, son temas duros y no se resuelven en un día”, señaló.
La mandataria defendió que las transformaciones deben realizarse mediante los mecanismos constitucionales y las instituciones existentes, con el propósito de fortalecerlas y recuperar la confianza de la ciudadanía.
En uno de los pasajes más personales de su intervención, Rodríguez reivindicó su experiencia en distintas responsabilidades del Estado como una fortaleza para impulsar cambios desde las propias instituciones.
“Vengo del sistema que estamos transformando y cambiando, no lo escondo”, afirmó.
Reconoció que las reformas generan resistencias en distintas direcciones y que algunas decisiones pueden ser consideradas insuficientes por unos sectores y excesivas por otros.
“Entre esas dos tensiones se gobierna”, manifestó, al defender una transformación gradual, ordenada y verificable.
Cuatro incrementos de ingresos en 2027 y nuevas medidas económicas
En materia económica, Rodríguez anunció que durante 2027 están previstos cuatro incrementos de los ingresos de los trabajadores venezolanos, vinculados al desempeño de la economía.
Según explicó, los aumentos se producirán en cuatro momentos del año y no podrán ser inferiores al crecimiento económico registrado en el trimestre precedente.
La medida forma parte de las conversaciones que mantiene el Gobierno con las principales centrales sindicales y las cámaras empresariales para alcanzar acuerdos laborales.
Rodríguez reconoció las demandas de mejoras salariales y sostuvo que la recuperación de los ingresos y de los servicios públicos debe ser una prioridad de las políticas económicas.
La presidenta también anunció avances en la evaluación de activos no esenciales del Estado que podrían ser ofrecidos al sector privado o devueltos a sus antiguos propietarios, como parte de una política de estímulo a la actividad productiva y de reconocimiento de los derechos de propiedad.
En el sector energético, informó de la firma de 61 contratos de hidrocarburos con inversionistas nacionales e internacionales bajo la nueva legislación petrolera y señaló que otros 44 acuerdos se encuentran en negociación.
Añadió que están en marcha conversaciones para atraer nuevas inversiones en sectores mineros estratégicos, entre ellos el oro, el aluminio y el hierro.
La mandataria vinculó estas medidas con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, generar empleo y mejorar las condiciones de vida de la población.
Una transformación con resultados para la población
A lo largo de su intervención, Rodríguez insistió en que las reformas institucionales y económicas deben traducirse en mejoras tangibles para los ciudadanos.
Entre las prioridades mencionó la recuperación del sistema eléctrico, la mejora de los ingresos laborales, el fortalecimiento de los servicios de salud y la reconstrucción de las viviendas e infraestructuras afectadas por los terremotos de junio.
La presidenta aseguró que el proceso de reconstrucción continuará y se comprometió a presentar balances mensuales de las obras ejecutadas y de los avances alcanzados.
También defendió una política exterior basada en el respeto mutuo, la cooperación internacional y el interés nacional, con el objetivo de atraer inversiones y generar nuevas oportunidades para Venezuela.
Al mismo tiempo, reivindicó que las decisiones sobre el futuro político e institucional del país deben adoptarse desde Venezuela, dentro del marco de su Constitución.
Rodríguez, que asumió la Presidencia encargada en enero tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense, presentó las reformas como parte de una nueva etapa para el país, marcada por la búsqueda de consensos y la recuperación de las instituciones.
La mandataria insistió en que el éxito de este proceso no debe juzgarse únicamente por los anuncios, sino por sus resultados.
“Es más honesto reconocer la mitad del camino que celebrar una meta por alcanzar”, afirmó, al reconocer que todavía quedan reformas pendientes para consolidar los cambios políticos y económicos que impulsa su Gobierno.