La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este lunes de "una inminente ruptura del orden constitucional" en Guatemala para impedir que el presidente electo, el socialdemócrata y líder anticorrupción Bernardo Arévalo de León, no tome posesión del cargo el 14 de enero.

La resolución adoptada por la CIDH considera que el objetivo del Ministerio Público (MP) guatemalteco —que el pasado viernes declaró inválida la victoria de Arévalo de León, por supuestas “irregularidades administrativas” del Tribunal Supremo Electoral— tiene como objetivo "invalidar la integridad y los resultados del proceso electoral y evitar la toma de posesión de las autoridades electas conforme a la voluntad popular expresada en las elecciones generales".

La CIDH, que se suma de esta manera a la cascada de reacciones en la región y en Europa, alertando de un inminente golpe de Estado en Guatemala, a un mes de la investidura, opina que "la instrumentalización del sistema de justicia y el derecho penal en Guatemala desde el inicio del proceso electoral han puesto de manifiesto el ejercicio indebido y arbitrario del poder con fines político-electorales por parte del Ministerio Público".

Proteger la vida del presidente electo

La resolución de la CIDH dijo que se vio obligada a emitir su resolución "ante la grave crisis política e institucional en ese país derivada de las acciones e injerencias indebidas y arbitrarias" del Ministerio Público, dependiente en última instancia del gobierno del presidente saliente, Alejandro Giammattei, acusado por muchos sectores de la sociedad de su creciente autoritarismo y de estar detrás de este golpe de Estado en ciernes, para impedir que él mismo y muchos otros actores del establishment sean juzgados por corrupción.

La gravedad del caso llevó a la CIDH a alertar incluso sobre la propia integridad personal del presidente electo, por lo que hizo un llamado “a los poderes públicos para proteger la integridad de las autoridades políticas electas y a garantizar la transición presidencial”.

Grupo de Puebla pide intervención de la OEA

Tras el último golpe judicial de la Fiscalía guatemalteca contra el presidente electo Arévalo de León, el Grupo de Puebla pidió este domingo por carta a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que active “la cláusula democrática contenida en la Carta Democrática del 2001 en su capítulo IV que prevé la intervención del organismo cuando se presenten graves afectaciones del orden democrático".

En la carta, firmada por el ya expresidente de Argentina Alberto Fernández, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el colombiano Ernesto Samper y el ecuatoriano Rafael Correa, entre otros representantes, consideran que los hechos de Guatemala "socavan la transición democrática al presidente electo" y son una "violación al sistema democrático".

Por ello, alegan que en Guatemala "sería procedente aplicar la carta democrática (de la OEA) puesto que se cumplen los presupuestos del derrocamiento de un gobierno democráticamente constituido".

La propia OEA condenó "el intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala" por la tentativa de los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales para anular las elecciones generales del país.

Y solicitó al presidente del país, Alejandro Giammattei, a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso que actúen contra los "perpetradores de este atentado" para "defender las instituciones y el orden constitucional".

Según la Secretaría General de la OEA, "el intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo".