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Una corte de apelaciones en Miami, integrada por tres jueces del 11º Circuito, dictaminó este jueves que los demandantes —una treintena de acreedores, proveedores y tenedores de bonos de Oceanografía— presentaron argumentos suficientes para alegar que Citigroup tuvo una participación sustancial en el esquema fraudulento.
El tribunal concluyó que la decisión previa de desechar el caso fue errónea.
Banamex, Pemex y préstamos irregulares
Oceanografía trabajaba como contratista de Pemex en la provisión de servicios de perforación. A través de su filial mexicana Banamex, Citigroup adelantó fondos a la empresa entre 2008 y 2014, con la expectativa de recuperar el capital más intereses.
Sin embargo, los demandantes afirman que durante ese periodo la institución financiera sabía que Oceanografía estaba fuertemente endeudada y falsificaba firmas de Pemex para obtener autorizaciones de pago.
En total, Citigroup habría adelantado 3,300 mdd a la firma mexicana, a pesar de contar con indicios claros de irregularidades.
Omisiones deliberadas
La jueza Britt Grant, autora del fallo de 82 páginas, indicó que existen elementos suficientes para sostener que Citigroup ocultó información crucial sobre el verdadero estado financiero de Oceanografía. Señaló que el interés del banco en seguir recibiendo pagos lo incentivó a ignorar las señales de alerta.
“Citigroup es una de las instituciones financieras más sofisticadas del mundo, y cuesta creer que, si se asumen ciertos hechos como verdaderos, no tuviera conocimiento de las actividades de Oceanografía”, escribió Grant.
Citigroup reconoció en 2014 haber detectado casi 430 mdd en adelantos fraudulentos. Como consecuencia, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) impuso una multa de 4.75 mdd a la firma por deficiencias en los controles internos de Banamex.
Michael Corbat, entonces director general de Citigroup, anunció el despido de 12 empleados relacionados con el caso. En México, autoridades financieras señalaron que al menos 10 trabajadores del banco enfrentaban responsabilidad penal.
Juan Morillo, abogado de los querellantes —que incluyen empresas navieras, arrendadoras, fondos de inversión y Rabobank, con sede en los Países Bajos—, dijo que sus representados estaban satisfechos con la reactivación del proceso judicial, que lleva ya nueve años en marcha.
El caso vuelve a poner en el centro del debate los vínculos entre grandes instituciones financieras y empresas contratistas del sector público en México, en particular con Pemex, en medio de cuestionamientos sobre transparencia y vigilancia corporativa.