BúsquedaPepe Merino, titular de la Agencia Digital, ofreció una explicación detallada sobre los alcances y objetivos de la nueva Ley de Telecomunicaciones, la cual busca regular integralmente el ecosistema de comunicaciones en México.
La legislación no se limita al servicio de internet, sino que abarca también televisión abierta y por cable, así como radiodifusión. Se establece un marco regulatorio para el acceso y uso de las redes de comunicación, incluyendo aspectos como el espectro, la calidad de los servicios, las posiciones orbitales, el despliegue de infraestructura, la interconectividad, así como mecanismos de supervisión y sanción.
“Hay muchos lugares que no tienen cobertura, queremos que en esos lugares haya cobertura ¿cómo? hay una legislación en Brasil de ahí lo tomamos en donde el privado puede decir: ‘yo te pongo cobertura en toda esta zona de manera gratuita sobre los derechos de concesión’, se puede hacer eso. La otra es que CFE Internet para Todos pueda tener más facilidad para su cobertura. Eso es en esencia lo que estamos planteando, es fuerte en términos de los cambios, pero es para el bien de México y de las y los mexicanos, pero al mismo tiempo se permite que los privados sigan haciendo todo su trabajo, toda su labor”, explicó.
Actualmente, 10.2 millones de personas viven en zonas sin cobertura 4G, y otras 4.4 millones, aunque tienen acceso, no cuentan con los recursos para adquirir datos. México se ubica como el país con el precio por gigabyte más alto del mundo, con un costo promedio de 5.22 dólares, seguido por Sudáfrica, Colombia y Turquía.
Durante el sexenio anterior, se avanzó significativamente en materia de conectividad, al pasar de 40 a 97 millones de personas con acceso a internet. Actualmente, el 92% de la población habita en zonas con cobertura, con un gasto promedio de 721 pesos mensuales.
La nueva ley busca cerrar la brecha digital mediante el uso del espectro para fines públicos o comerciales, garantizando el derecho de todos los mexicanos a la conectividad. Además, refuerza derechos como los de las audiencias —incluyendo códigos de ética y defensorías— y de los usuarios, con medidas para proteger recursos orbitales estratégicos.
En cuanto a la estructura institucional, se establece una reorganización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), separando las funciones de cobertura y competencia, esta última bajo la supervisión de la comisión antimonopolio. Se impulsan decisiones colegiadas e independencia técnica, además de reservar espectro para fines gubernamentales.
Finalmente, se destaca que el artículo 109 garantiza que no habrá censura, mientras que el artículo 210 se mantiene para evitar propaganda de gobiernos extranjeros en medios nacionales.