Por mayoría de Morena y sus aliados, las comisiones unidad de Seguridad Pública y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron este sábado el dictamen que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, llamada también “Ley Espía”.
“México necesita inteligencia, porque un país sin inteligencia es un país ciego, vulnerable y reactivo”, advierte
La oposición alertó que esta Ley promueve un modelo de vigilancia masiva sin controles judiciales, lo que representa un retroceso democrático y una amenaza a la privacidad de los ciudadanos.
El priista Miguel Riquelme acusó que la ley consolida la militarización de la seguridad pública y permite el acceso sin restricciones a datos personales, creando un “Estado fisgón” con tintes autoritarios.
“Están construyendo una dictadura perfecta, disfrazada de modernización, donde la vigilancia masiva y la militarización serán los instrumentos para silenciar la disidencia y aplastar la esperanza. La libertad es el alma de México. Nuestra vida privada es un derecho sagrado que ninguna ley autoritaria debe violar”, afirmó.
Esta ley es pieza clave de la Estrategia Nacional de Seguridad 2024–2030, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y busca dotar al Estado mexicano de herramientas legales, técnicas y humanas para anticiparse a las amenazas del siglo XXI y garantizar la paz, justicia y legalidad para todas y todos los mexicanos.
Según lo aprobado, se consolida un nuevo paradigma de seguridad que privilegia la prevención, la información estratégica y la cooperación institucional.
La inteligencia deja de ser una función marginal para convertirse en el “cerebro del sistema de seguridad”, establece
El documento reconoce que el crimen organizado en México opera con alta capacidad logística, económica y territorial, por lo que el Estado necesita un sistema de inteligencia anticipatoria, que detecte amenazas antes de que se materialicen.
El nuevo sistema permitirá integrar y coordinar datos de diversas dependencias, desde las fuerzas armadas hasta autoridades financieras, bajo principios de legalidad, interoperabilidad y control democrático.
Se prevé que esta estructura también fortalezca la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, en temas como el tráfico de armas, drogas, personas y dinero, además de robustecer acuerdos como el Entendimiento Bicentenario.
El priista Manuel Añorve reiteró que el dictamen equivale a instaurar un “Big Brother del bienestar” sin garantías para la ciudadanía.
A su vez, la emecista Alejandra Barrales advirtió que la norma invade la privacidad de los mexicanos y permite opacidad al poder público.
“Por un lado invaden la privacidad de los mexicanos y, por otro, otorgan manga ancha a las autoridades para que, sin control alguno, puedan acceder a toda la información patrimonial, fiscal, financiera, registral, comercial y de comunicaciones que tengamos los mexicanos.
Lo que decimos es que, en esta propuesta, vemos prácticamente al mundo al revés: esta ley obliga a la exposición y abre la intromisión en la vida privada de los ciudadanos, mientras que para el poder público establece mecanismos de opacidad, reserva y confidencialidad”, aseguró
En el mismo tenor, el panista Gustavo Sánchez alertó sobre la posibilidad de que autoridades accedan a bases de datos sin orden judicial, incluyendo información biométrica, fiscal, de salud y telecomunicaciones.
“Y para muestra un botón, la fracción tercera del artículo 12 del dictamen de la ley de investigación precisa el cual faculta a la Secretaría de Seguridad para solicitar sin necesidad de orden judicial el acceso a cualquier extensa base de información y registros de cualquier mexicano en este país. Esto incluye los datos biométricos, vehiculares, telefónicos, fiscales, comerciales, financieros de salud, entre otros, lo cual preocupa. La amplitud de esta facultad equivale en los hechos a instaurar un sistema permanente de vigilancia masiva sobre la población”, acusó
Desde Morena, el senador Manuel Huerta rechazó las críticas y aseguró que la ley busca acabar con el Estado espía y crear un “Estado protector” para combatir a quienes lucran con la violencia.
“Vienen y sabíamos que iban a venir con el cuento del Estado espía. Lo que deben de entender es que lo que se va a acabar es el Estado espía y lo que nace es el Estado protector. Esta ley no es para perseguir a los de abajo, sino para investigar a quienes lucran con la violencia, el terror y el dinero manchado de sangre”, afirmó.
La ley incluye propuestas puntuales para fortalecer las capacidades del Estado frente a fenómenos delictivos como:
• Robo a transportistas y delitos en vías generales.
• Secuestro y extorsión.
• Huachicol y delitos en hidrocarburos.
• Tráfico ilícito de armas y drogas.
• Desapariciones forzadas.
• Lavado de dinero.
• Generación de inteligencia operativa de calidad.
La norma tiene como objetivo central modernizar y fortalecer el modelo de seguridad pública en México mediante un sistema nacional de inteligencia estratégica, capaz de prevenir y combatir eficazmente a los grupos criminales, con respeto a los derechos humanos y en apego al Estado de Derecho.
Ejes de la Estrategia de Seguridad
El dictamen destaca cuatro ejes principales entre ellos la atención a las causas estructurales de la violencia, mediante políticas de bienestar enfocadas en jóvenes y sectores excluidos.
Asimismo consolidación de la Guardia Nacional, bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), pero con formación policial civil y fortalecida en derechos humanos.
El Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, con la creación de una Subsecretaría especializada dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Coordinación plena del Gabinete de Seguridad con entidades estatales y municipales para operativos conjuntos y evaluación regional.
El dictamen subraya que contar con un sistema de inteligencia moderno permitirá a México participar activamente en foros multilaterales y ejercer un “soft power” regional.
No obstante, advierte que la inteligencia no debe convertirse en una herramienta de vigilancia discrecional, por lo que se incorporan mecanismos de control interno y externo, respeto a la privacidad y perspectiva de género.
Aplicación operativa y diagnósticos regionales
Se establecerán diagnósticos regionales actualizados para adaptar las estrategias a las particularidades locales, y se reforzará la coordinación con PEMEX, UIF, FGR y autoridades locales.
Ambos dictámenes fueron enviados a la mesa directiva de la Cámara Alta y se prevé que el próximko martes durante la sesión del pleno sean aprobadas.