CDMX — A 15 días de la entrada en funciones de los juzgadores que fueron electos en las urnas el pasado 1 junio, uno de los retos que tendrá la aplicación de la Constitución y sus leyes es zanjar con influencias políticas o económica en asuntos intrafamiliares que dañen derechos humanos.
Aunque sin datos precisos de los juicios pendientes a resolver por causa de conflicto de interés familiar, en Yucatán la justicia está en entredicho por mantener una acusación ‘estridente’ entre empresarios por la supuesta venta de terrenos en Holbox, Quintana Roo, caso iniciado en 2013 y en el que se apunta al delito de fraude cuando tras su prescripción, un año después, el litigio aún no se resuelve.
Crónica dio cuenta de las irregularidades que se fraguaron para mantener acusaciones en el delito de fraude, pese a que con pruebas documentadas los juzgadores yucatecos responden al empresario Ponce García y contra derechos humanos de su exyerno Castilla Roche.
Este expediente supera los 12 años de litigio en el que se vincula el presunto delito de fraude y que incluso no debe ser motivo para privar de la libertad a un acusado.
“El caso pasa a etapa definitoria, con pruebas y contradicciones de testigos de la fiscalía que exhiben —a la vista pública— la prescripción y la validez del poder notarial de las transacciones controvertidas, bajo seguimiento de la Suprema Corte y de medios nacionales”, se ha argumentado en el juicio sin fin que enfrentan en Yucatán.
Este tema se ha convertido en tema de interés nacional por el riesgo de que el Poder Judicial se utilice para pleitos intrafamiliares con efectos severos sobre derechos constitucionales de todos los mexicanos.
El expediente transita a una etapa decisiva cuyo desenlace podría fijar precedente con impacto nacional.
De acuerdo con constancias incorporadas a la causa, la defensa ofreció prueba del Archivo General de Notarías que acredita la vigencia del poder para actos de dominio utilizado en todas las operaciones, con su segundo testimonio en cada escritura. Ese elemento —señalan— desarticula el supuesto de engaño típico del fraude al demostrar que las ventas se realizaron bajo facultades plenas y vigentes.
En materia temporal, la primera denuncia del querellante se presentó en Quintana Roo el 18 de septiembre de 2013, lo que activa un plazo de un año para ejercer acción penal; la querella en Yucatán ingresó el 15 de junio de 2015, es decir, más de ocho meses después de operada la prescripción legal, extinguiendo constitucionalmente la causa.
“El asunto fue ganado en tres instancias en Quintana Roo a favor de Castilla Roche, así como la controversia sobre competencia territorial en Yucatán, sostenida por la fiscalía con el argumento de que el supuesto delito “se planeó en un avión” sobrevolando el estado.
La reactivación de causas prescritas que impactan principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y cosa juzgada. precedente que tiene implicaciones nacionales”. Bajo ese contexto —y con el foco de la Suprema Corte y de medios nacionales— prevén que la resolución de primera instancia deba atender el estudio de prescripción y la eficacia del poder notarial; incluso, ante un eventual fallo adverso, consideran inescapable su corrección en segunda instancia por los mismos fundamentos.
“En Yucatán y otros estados se ha vuelto una crisis recurrente el activar causas penales para dirimir pleitos intrafamiliares aun con inconsistencias de origen, desplazando la vía civil y exponiendo al Poder Judicial a desgaste y escrutinio que suelen beneficiar a actores con influencia”, dicen abogados contratados en este caso.