Chiapas vive una ola de violencia debido a los enfrentamientos entre grupos criminales locales contra el Cártel Jalisco Nueva Generación por la dominación del territorio, lo que ha provocado que habitantes del Ejido El Sabinalito, municipio de Frontera Comalapa se trasladaran a Guatemala y pidieran protección en calidad de migrantes refugiados. Este miércoles, la Fiscalía estatal aseveró que no se trata de auténticos desplazados, sino de las familias de los principales narcos de la zona serrana y de Frontera Comalapa.
El pasado 19 de agosto, el Instituto Guatemalteco de Migración informó que 100 personas de nacionalidad mexicana fueron acogidas en Huehuetenango desde el 10 de agosto, luego de huir del país debido a la ola de violencia que azota al estado de Chiapas.
Sin embargo, el fiscal de Distrito Sierra Mariscal de Chiapas, Jackson Leonidas Gutiérrez Martínez, afirmó que este movimiento migratorio no se debió a un desplazamiento por violencia, sino que, algunas de estas personas incluso se encuentran huyendo de la ley por órdenes de aprehensión emitidas en las últimas semanas.
Gutiérrez Martínez hizo referencia a la circulación en redes sociales de información sobre un numeroso desplazamiento de personas hacia Guatemala debido a la violencia en el estado, pero afirmó que estos movimientos hacia el país vecino tienen un fin mucho más amistoso, ya que, señala, habitantes del ejido el Sabinalito y Santa Teresa Llano Grande viajan a visitar por algunos días a visitar a sus familiares en dicho país.
Según el responsable de la Fiscalía en la zona serrana, se habría hecho pasar estos movimientos por “depslazamientos forzados” derivados de la violencia en la zona.
Indicó que desde que se dio el despliegue de elementos de seguridad en el estado con el fin de preservar la paz, muchas personas ligadas a líderes criminales como Vladimir N. y Toño N. se desplazaron a distintos puntos para no ser alcanzados por la ley.
Afirmó que además de las órdenes de aprehensión dirigidas a los líderes criminales, la Fiscalía solicitó más de 100 órdenes de captura contra personas que apoyaron sus actividades ilícitas, y alrededor de 60 han sido detenidas.
El fiscal de distrito afirmó que, ahora que estas personas cuentan con la protección de las autoridades de Guatemala, se dificulta su detención.