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Se convocó a legisladores, académicos y a la comunidad universitaria a sostener una conversación pública en torno a las consecuencias del tráfico de armas

Especialistas discuten en UDG realidad del tráfico de armas

UDG

En el marco del foro tráfico de Armas en México: Efectos Sociales y Económicos, organizado por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), de la Universidad de Guadalajara, el diputado Jesús Valdés Peña, presidente de la Comisión de Economía Social y Fomento al Cooperativismo de la Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura, expuso que más de 500 mil armas ingresan, cada año, de manera ilegal a México a lo largo de los tres mil kilómetros de frontera de frontera común con los Estados Unidos. Tal cifra refiere que, en los últimos diez años, nuestro país a sido receptáculo de alrededor de cinco millones de armas que en su mayoría, proceden del vecino país del norte; “Si nos preguntamos de dónde vienen esas armas, nos damos cuenta de que proceden del país vecino, Estados Unidos, a través de ocho armadoras que las producen. Incluso, algunas de estas armas llevan logos de integrantes del crimen organizado”, señaló.

El legislador destacó que resulta de capital importancia fijar esta discusión y impulsar su relevancia en la agenda pública, pues al día de hoy el debate suele ausentarse de los foros políticos de discusión.

En la unión americana, de acuerdo con los datos presentados por Valdés Peña, las armas se comercializan por medio de ocho mil centros de distribución o venta, establecimientos donde pueden adquirirse sin mayores requisitos, lo que genera graves consecuencias para México: “Estas armas provocan desestabilización social, deterioro del comercio local, un impacto directo en la economía, afectaciones en centros educativos y de salud, en general en la cohesión social. Como dato: el 70 por ciento de los homicidios dolosos en el país son cometidos con arma de fuego. Esto se traduce en miles de víctimas al año, y en 2024 el impacto económico de la violencia en México ascendió a alrededor de 4.9 billones de pesos, equivalente al 19.8 por ciento del Producto Interno Bruto”, amplió.

Por su parte, y de forma complementaria a lo descrito por el diputado, la rectora del CUCEA, Mara Robles Villaseñor, calificó el tema como “especialmente delicado”, al tiempos que enunció que las amplia gama de violencias y delitos que derivan del uso de estas armas, golpes, asesinatos, homicidios y desapariciones forzadas; “Para que todos esos crímenes se perpetren hacen falta instrumentos: armas y municiones que permiten materializar la violencia. Esa demanda internacional en contra del tráfico ilegal de armas hacia nuestro país ha tenido repercusión en el exterior, pero pareciera que la conversación pública en México se silencia constantemente, y los temas que deberían preocuparnos a diario se diluyen”, señaló.razón de esta problemática es que el CUCEA convocó a legisladores, académicos y a la comunidad universitaria a sostener una conversación pública en torno a las consecuencias del tráfico de armas, desde la perspectiva de las víctimas, del impacto económico y de la inseguridad que genera. De manera que el foro concertado organizó mesas de discusión tales como la titulada Efectos socioeconómicos del tráfico de armas en México, tablado que contó con la participación del doctor Alexandre Parmant, del Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos, quien habló sobre las rutas del narcotráfico, explicó que las armas se compran legalmente en Estados Unidos y se transportan a México, desde donde los cárteles las envían a países vecinos de Colombia, como Panamá, Brasil, Venezuela y Ecuador. A decir del especialista las organizaciones criminales extranjeras, especialmente de México, intercambian armas sofisticadas por cocaína, “la presencia de estos actores está asociada a un incremento de la violencia y de la corrupción”; flujo al que se suman los movimientos guerrilleros en Colombia, mismos que adquieren armamento sofisticado, incluidos drones para ataques con explosivos o con fines de inteligencia.

La doctora Aurea Esther Grijalva Eternod, investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), ahondó en la cuestión al agregar que la disponibilidad de armas facilita y fortalece las operaciones del crimen organizado de diversas maneras, a saber, mayor capacidad ofensiva, reducción de costos de control, menor denuncia, intimidación y coacción. Entre los datos aportados por la investigadora, se enunció lo recabado por un estudio realizado en 2021 donde se identificó que incluso cuando las armas no se utilizan, su simple presencia en un evento criminal contribuye al éxito en la comisión del delito. En la misma tónica, el investigador del CUCEA Willy Cortez, trató el impacto económico y social del contrabando de armas, al precisar que hay un “tráfico hormiga”, en el que se paga aproximadamente 100 dólares por un paquete de 50 balas y hasta 2 mil dólares por un rifle automático.

En suma, el foro llegó a enlistar algunas de las consecuencias más relevantes y graves con respecto al tráfico de armas, más allá del impacto económico y social que este acarrea, ya de por sí deleznable, el tráfico provoca un estrepitoso aumento de la violencia y el crimen, la desestabilización de regiones, el estancamiento económico y el desplazamiento de personas hacia zonas con menor inseguridad.

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