Nueva era de la SCJN — La reforma constitucional de 2024 transformó radicalmente la integración del Poder Judicial: por primera vez en 143 años, los ministros de la SCJN son elegidos mediante voto popular, en elecciones celebradas el 1° de junio de 2025. En esa jornada inédita, los ciudadanos eligieron nueve integrantes del tribunal.
La reforma judicial fue presentada por el oficialismo como un acto de democratización profunda, encaminada a devolver la confianza en un Poder Judicial acusado de elitismo, corrupción y falta de cercanía con la sociedad. No obstante, la oposición y buena parte de la academia jurídica han advertido que el remedio puede generar un problema mayor: ministros sujetos a intereses políticos, con pérdida de autonomía frente al poder Ejecutivo y a los partidos dominantes.
Adiós a la Corte de once: menos ministros, más carga de trabajo
La reforma constitucional redujo de 11 a 9 el número de integrantes de la SCJN, lo que representa una simplificación formal pero también una concentración de responsabilidades. Otro cambio mayor fue la desaparición de las dos salas —la Primera, especializada en materia civil y penal, y la Segunda, enfocada en asuntos administrativos y laborales—.
Hasta ahora, estas salas resolvían cientos de casos cada año, permitiendo que el Pleno se concentrara en controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y temas de mayor trascendencia. A partir de septiembre, todos los asuntos pasarán directamente al Pleno, lo cual plantea riesgos de saturación.
Los ministros electos durarán 12 años en el cargo sin posibilidad de reelección y la presidencia del tribunal será rotativa cada dos años. Este esquema busca evitar la concentración de poder y garantizar una renovación periódica de liderazgos.
Los rostros de la nueva Corte: paridad y diversidad
El resultado de las elecciones trajo consigo una Corte paritaria: cinco mujeres y cuatro hombres. Entre los perfiles destaca Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen mixteco y defensor de una justicia intercultural, quien obtuvo la votación más alta y encabezará la presidencia durante el primer bienio.
Aguilar ha llamado la atención por anunciar que no usará la toga tradicional, sino vestimenta ceremonial indígena, como símbolo de pluralismo cultural. “La justicia no es ajena a la identidad de los pueblos”, declaró tras su elección. Esta decisión generó entonces un debate público: algunos lo celebraron como un gesto de inclusión histórica, otros consideraron que debilita la formalidad y unidad institucional.
Las demás ministras y ministros provienen de trayectorias diversas: academia, litigio social, cargos judiciales previos y, en algunos casos, militancia política. Esta composición plural es uno de los principales argumentos del gobierno para defender la reforma.
Un tribunal con herencia pesada: más de 1,300 casos en espera
El nuevo pleno de la Corte recibirá un rezago histórico: al menos 1,350 expedientes pendientes de resolución, aunque algunas estimaciones lo elevan hasta 1,500. Entre ellos hay casos de enorme trascendencia: controversias constitucionales entre estados y federación, acciones contra leyes aprobadas en los últimos años y cientos de amparos individuales con impacto en derechos humanos.
De este universo, solo alrededor de 382 asuntos están listos para ser discutidos; el resto requiere elaboración de proyectos. La eliminación de las salas ralentizará la tramitación, pues lo que antes podía resolverse en semanas, ahora deberá pasar por discusiones plenarias más largas y complejas.
La reforma además fijó un plazo máximo de seis meses para que los ministros resuelvan cada asunto. De incumplirse, podrían enfrentar sanciones administrativas. El nuevo esquema, por lo tanto, no solo incrementa la presión de trabajo, además obliga a una productividad sin precedentes.
Trasfondo político: la sombra de Morena y la baja participación
Aunque se presentó como un triunfo democrático, la elección de los ministros estuvo marcada por críticas. Morena y sus aliados lograron impulsar a candidatos cercanos al oficialismo, lo que generó la percepción de que la SCJN quedará alineada con el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.
La participación ciudadana también fue baja: apenas 12.4% del padrón acudió a votar. Hubo denuncias de falta de información, listas de candidatos poco conocidos y campañas mínimas, lo que llevó a que muchos ciudadanos votaran sin pleno conocimiento de las propuestas o trayectorias.
La oposición denunció que el verdadero objetivo de la reforma fue desarticular a un tribunal que, en años recientes, había frenado algunas de las iniciativas más polémicas del Ejecutivo. En contraste, el gobierno federal celebró que “por primera vez, el pueblo decidió quién juzgará en su nombre”.
Independencia judicial en disputa
Expertos han subrayado que el gran reto de esta nueva Corte será demostrar que, pese a su origen electoral, puede ejercer funciones con independencia. El presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, advirtió que la elección popular puede convertir a los jueces en figuras vulnerables a la lógica partidista, debilitando la imparcialidad que exige el cargo.
Por su parte, académicos como José Roldán Xopa y Catalina Botero consideran que el verdadero riesgo está en la legitimidad: “una Corte percibida como brazo político del gobierno no podrá ser árbitro confiable en conflictos constitucionales”, señalaron en foros recientes.
Al interior del oficialismo, la respuesta ha sido distinta. Legisladores de Morena y aliados sostienen que la elección fue un acto de justicia histórica.
“Los ministros dejaron de ser designados en negociaciones cupulares y hoy emanan directamente del pueblo”, afirmó la presidenta de la Cámara de Diputados.
Expectativas sociales
Más allá del debate político, existe una expectativa ciudadana de que la nueva Corte logre ser más ágil, transparente y sensible a las demandas sociales. El Centro de Capacitación para el Nuevo Poder Judicial ha difundido que el enfoque de los ministros electos será “humanista, inclusivo y de justicia expedita”.
El énfasis en la paridad de género y en la diversidad cultural busca que las sentencias reflejen realidades más amplias de la sociedad mexicana. Yasmín Esquivel, una de las ministras electas, afirmó que la Corte “será espejo de la pluralidad del país y trabajará para que la justicia deje de ser privilegio de pocos”.
Organizaciones civiles, sin embargo, han llamado a mantener una vigilancia constante: “La legitimidad no se gana solo en las urnas, sino en las decisiones que tomen a partir del 1° de septiembre”, declaró el colectivo México Evalúa.
La Crónica de Hoy/2025