En los últimos días, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, la fuente principal para el análisis de la desigualdad y la pobreza en México. En esta edición destaca un dato alentador: México se encuentra en el nivel más bajo de pobreza de su historia reciente. De acuerdo con las estimaciones más recientes, 29.6% de la población mexicana en 2024 se encontraba en pobreza multidimensional y 5.3% en pobreza extrema. Aunque aún existen algunos elementos que deben aclararse, de confirmarse sería un avance relevante en el bienestar de millones de hogares y, en el debate público, ha sido presentado como un éxito de la política social y económica implementada en el sexenio anterior.
Avances con bajo crecimiento económico
Uno de los aspectos más llamativos de esta reducción de la pobreza es que, por primera vez en dos sexenios consecutivos, se registraron reducciones sostenidas de la pobreza. Esto significa que tanto en la administración 2012-2018 como en la de 2018-2024 hubo considerables caídas en las tasas de pobreza, especialmente en las de pobreza por ingresos. A simple vista podría interpretarse como un cambio estructural en la manera de enfrentar este desafío. Sin embargo, conviene no perder de vista un dato central: en este mismo periodo, el producto interno bruto (PIB) per cápita creció menos de 0.5% anual en promedio.
En otras palabras, los avances recientes en pobreza en su mayor parte no pueden atribuirse al crecimiento económico, tal como ocurrió en otras etapas de la historia nacional. ¿Entonces cómo se podría explicar la reducción de la pobreza?
De acuerdo con el INEGI, así como diversos analistas, la reducción de la pobreza en los últimos años se explica principalmente por el crecimiento del ingreso laboral, gracias a distintas políticas laborales implementadas, tales como el aumento en el salario mínimo, la prohibición del outsourcing o las reformas en la operación de los sindicatos, que impulsaron una redistribución de los ingresos. Sin embargo, esto nos enfrenta a un dilema importante: ¿en qué medida podremos mantener o reducir aún más los niveles de pobreza en ausencia de una economía más dinámica? Un mercado laboral que crece con salarios más altos puede sacar a muchas familias de la pobreza, pero sin aumentos en la productividad y en la inversión resulta complicado imaginar que esta tendencia continúe en el largo plazo.
Una de las políticas más ambiciosas, el aumento al salario mínimo, ya no tiene tanto espacio como antes para continuar su tendencia, pues el nivel actual ya se encuentra muy cercano a la remuneración media nacional. Aunque sería deseable seguir impulsando mayores salarios, hacerlo a través de la política de salarios mínimos corre el riesgo de empezar a generar efectos negativos en la economía.
La paradoja de los programas sociales
Otro de los factores más mencionados como posibles explicaciones para la reducción de la pobreza es el aumento en las transferencias de los programas sociales. De hecho, la información de la ENIGH sugiere que, entre 2018 y 2024, el ingreso promedio por programas sociales aumentó 223%, e incluso en el caso de las pensiones para adultos mayores creció un sorprendente 551%. Sin embargo, el efecto de los recursos de programas sociales es mínimo, ya que representan menos del 4% del ingreso total de los hogares. Aunque se perciban montos mayores, su peso relativo en la economía familiar sigue siendo reducido y, como herramienta de reducción de la pobreza, es limitada.
Un hecho preocupante es que hoy México gasta tres veces más en programas sociales que en 2018, pero los resultados en términos de pobreza y desigualdad son todavía modestos. En 2018, las transferencias públicas permitían reducir la pobreza por ingresos de 51.3% a 49.9% (una disminución de 1.4 puntos porcentuales).
Seis años después, con un gasto triplicado, el conjunto de los ingresos que recibieron los hogares de los principales programas sociales sólo redujo 3.5 puntos porcentuales la pobreza por ingresos, al permitir que bajara de 38.8% a 35.4%. Se presentan avances, pero no en la magnitud que cabría esperar considerando el volumen de recursos invertidos.
El problema de la “universalización”
¿Por qué ocurre esto? La explicación radica en la manera en que se distribuyen los recursos de los programas sociales. En 2018, la política social mexicana se caracterizaba por tener un gasto focalizado, orientado a los grupos de menores ingresos. Ello implicaba que las transferencias se dirigían con mayor intensidad hacia los hogares más pobres.
Hoy, en contraste, el gasto es más amplio, pero al convertir a los programas sociales en derechos para toda la población, su efecto se diluye. Los datos muestran que, si separáramos a la población en 10 grupos iguales, ordenándolos de menor a mayor ingreso, cada uno de esos grupos recibiría prácticamente la misma cantidad de las transferencias realizadas por los programas sociales (ver Gráfica 1), de modo que su capacidad de redistribuir la riqueza de quienes tienen más a quienes la necesitan es mínima. En muchas sociedades habría un debate acalorado al saberse que el 10% de los hogares más pobres reciben casi lo mismo que el 10% más rico. Este diseño dice partir de un criterio de universalidad, pero parece ignorar que no todos los hogares parten del mismo piso.
Universalidad con piso parejo
Universalizar los programas sociales puede ser una estrategia legítima, sobre todo en sociedades con altos niveles de desigualdad y con una fuerte demanda de justicia social. Sin embargo, la universalización debe partir de un piso parejo: si todos reciben lo mismo, lo único que hacemos es replicar las estructuras de desigualdad ya existentes. Un gobierno que busque genuinamente ayudar a los más pobres debe ser sensible a que no se alcanzará la justicia social si quien gana dos millones al mes tiene el mismo derecho a recibir un programa social que quien se queda con hambre por las noches o quien no alcanza a mandar a sus hijos a la escuela.
En México, el piso parejo aún no existe. Persisten profundas brechas en el acceso a servicios básicos, educación y salud que limitan las oportunidades de millones de personas. Si se distribuyen los recursos de manera uniforme entre todos, se corre el riesgo de perpetuar estas desigualdades en lugar de corregirlas. Por ello, resulta indispensable repensar la orientación del gasto social, no necesariamente para gastar más, sino para gastar mejor.
Hacia una política social más equitativa
El gran reto para los próximos años sería, entonces, consolidar los avances en reducción de la pobreza al mismo tiempo que se construye un modelo más equitativo y sostenible. Desde mi punto de vista, esto implica tres tareas fundamentales:
- Impulsar el crecimiento económico. Sin mayor dinamismo productivo y sin un mercado laboral que ofrezca empleos formales y bien remunerados, los avances actuales serán difíciles de sostener.
- Reasignar los recursos con criterios de equidad. No necesariamente se trata de gastar más; es posible alcanzar mejores resultados redirigiendo lo que ya se invierte: si los recursos que hoy recibe el 20% más rico se asignaran al 20% más pobre, la pobreza extrema por ingresos podría bajar de 9.3% a 8.5%. Con un rediseño más profundo, incluso podría reducirse hasta 4.9%.
- Construir un piso universal de derechos. Antes de universalizar beneficios monetarios, es imprescindible garantizar que toda la población cuente con acceso efectivo a servicios de salud, educación de calidad, agua y vivienda digna. Solo así puede hablarse de una universalidad que no reproduzca desigualdades, sino que siente las bases para una mayor equidad.
Consideraciones finales
México ha logrado avances significativos en la reducción de la pobreza, pero todavía enfrenta dos grandes retos: cómo impulsar un mayor crecimiento económico y cómo gastar mejor. El futuro de la política social no puede centrarse únicamente en repartir más dinero, sino en hacerlo con criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad.
De continuar con la tendencia actual, podríamos encontrarnos con una paradoja: menos pobreza en el corto plazo, pero una desigualdad persistente en el largo plazo. La verdadera apuesta debe ser construir un modelo que combine crecimiento, redistribución inteligente y universalidad con piso parejo. Solo así México podrá dar el siguiente paso hacia un desarrollo sostenido e incluyente.