En el último año, 411 personas en situación de pobreza, que se encontraban en prisión en su mayoría por delitos contra la salud en baja escala, lograron la amnistía y salieron en libertad gracias a esa ley vigente desde el 2020.
La gran mayoría de los beneficios están relacionados con delitos contra la salud vinculados al narcotráfico de baja escala, así como con casos de robo simple sin violencia y con la falta de acceso a la justicia para comunidades indígenas.
Por el contrario, no se han registrado solicitudes por los delitos de aborto, homicidio en razón de parentesco ni sedición.
La Secretaría de Gobernación (Segob) entregó al Senado de la República el Informe Anual 2025 de la Comisión de Amnistía, en el que destaca que del 31 de agosto de 2024 al 29 de agosto de 2025 se concedieron 479 beneficios de amnistía, lo que representa el dato más relevante del último periodo de trabajo de este órgano colegiado.
El informe precisa que de las 479 amnistías concedidas en el último año, 411 ya fueron calificadas como legales por jueces federales, lo que permitió extinguir la acción penal, eliminar antecedentes judiciales y restituir los derechos políticos y civiles de las personas beneficiadas.
En consecuencia, 411 personas recuperaron su libertad por amnistía. El resto de las solicitudes procedentes se encuentran en distintas etapas: 45 fueron calificadas como no legales, 9 están pendientes de calificación judicial, 11 quedaron sin materia y 3 no pudieron ser dictaminadas por falta de parámetros suficientes.
De las 479 amnistías concedidas en este periodo:
159 corresponden a mujeres, 319 a hombres y 1 a una persona de la comunidad LGBTTTIQ+.
44 son indígenas (12 mujeres y 32 hombres).
En cuanto a nacionalidad, 444 son mexicanas, 12 ecuatorianas, 10 colombianas, 8 guatemaltecas, 2 peruanas, 1 estadounidense, 1 hondureña y 1 salvadoreña.
Las principales causas acreditadas para otorgar el beneficio fueron: 430 casos por situación de pobreza, 11 por discapacidad permanente, 10 por haber actuado bajo indicación, 7 por temor fundado, 7 por falta de acceso a la justicia de pueblos indígenas, 6 por robo simple sin violencia, 5 por condición de discriminación, 2 por consumo de drogas y 1 por coacción de grupos delictivos.
Las entidades federativas con mayor número de amnistías son Sinaloa (120), Ciudad de México (64) y Chiapas (50).
De acuerdo con el reporte, en total se han recibido 2,391 solicitudes de amnistía desde que entró en vigor la Ley en 2020.
De ellas, 2,024 ya fueron analizadas y determinadas en 16 sesiones —13 ordinarias y 3 extraordinarias—, mientras que 275 permanecen sin proyecto de resolución.
Estas últimas incluyen 214 en análisis, 52 en reserva por falta de información y 9 turnadas a instancias de Segob y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al estar vinculadas con solicitudes de preliberación o casos de tortura.
Con este informe, la Segob cumple con la obligación de reportar al Senado la aplicación de la Ley de Amnistía, cuyo propósito es beneficiar a personas en situación de vulnerabilidad y garantizar justicia en casos de procesos irregulares.