El consejo de seguridad emitió el Acuerdo nacional para fortalecer a las instituciones de seguridad pública, el cual tiene como eje que las 32 entidades incrementen el estado de fuerza y profesionalización; fortalezcan las capacidades de inteligencia e investigación y modernicen y estandaricen la infraestructura tecnológica y del Sistema Nacional de Información.
Durante la celebración del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, propuso a los titulares de los ejecutivos del país presentar ante sus Congresos locales iniciativas de reforma para la armonización de su marco jurídico con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública a más tardar en noviembre de 2025.
Esta Ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de julio del 2025, propone regular el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación entre los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- y las instituciones de seguridad, como el ministerio público y la Guardia Nacional.
Sus objetivos incluyen la profesionalización del personal, el establecimiento de una metodología uniforme de acción a través de un Sistema Nacional de Información, y asegurar que las instituciones de seguridad actúen con legalidad, objetividad, eficiencia y respeto a los derechos humanos.
25% más personal policial y 30% ministerial
Adicionalmente, antes de diciembre del 2029, los gobernadores crecerán el estado de fuerza de las policías estatales y de investigación un 25 por ciento a nivel nacional. De manera simultánea, incrementarán el personal de los Ministerios Públicos de las fiscalías estatales en un 30 por ciento a nivel nacional.
Para el mejor trabajo y colaboración entre las secretarías de seguridad y las fiscalías estatales, elaborarán un Plan de Reclutamiento Estatal para el periodo 2026–2030, en un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de la publicación del acuerdo emitido por el Gobierno de México.
Academias de formación de personal policial
El Secretariado Ejecutivo, a través de la Academia Nacional de Seguridad Pública, emitirá el Modelo Operativo de Homologación de Academias e Institutos, a más a tardar en enero de 2026. Las entidades federativas deberán garantizar que en enero de 2028 cuenten con al menos una academia o instituto certificado por el Sistema Nacional, con la infraestructura y los recursos indispensables para su adecuado funcionamiento.
A partir de enero de 2026, las instituciones de seguridad pública estatales atenderán el Modelo de Unidades de Investigación que actualizará y publicará el Secretariado Ejecutivo en diciembre de 2025.
También, las academias o institutos de formación impartirán el Programa de Formación para Personal Policial con Funciones de Investigación e Inteligencia que emitirá el Secretariado Ejecutivo, a través de la Academia Nacional, en diciembre de 2025.
En ese fortalecimiento, las instituciones de seguridad pública estatales garantizarán que el perfil del personal policial con funciones de investigación e inteligencia cumpla con los estándares que establecerá el Secretariado Ejecutivo a partir de diciembre de 2025.
Extorsión se investigará de oficio
En las próximas semanas, la titular del ejecutivo, Claudia Sheinbaum, enviará a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los delitos en Materia de Extorsión.
Esta propuesta tendrá que ser homologada a las 32 entidades federativas y entre sus principales ejes serán:
- Se investigará de oficio el delito de extorsión
- Establecerá un tipo penal básico de extorsión y unificará las diversas modalidades vigentes
- Homologará la actuación de los estados, municipios y federación en materia de extorsión
- Creación y fortalecimiento de las Fiscalías especializadas
Con el fin de consolidar las capacidades de investigación del delito de extorsión, las entidades federativas asumirán que las fiscalías estatales que no cuenten con Unidades Especializadas para la denuncia e investigación del delito de extorsión deberán formalizar su creación y operación a más tardar enero de 2026.
Por igual, las Fiscalías estatales iniciarán carpetas de investigación con base en la información que reciban por parte de los Centros de Comando y Control a través de la línea de denuncia anónima 089.
Modernización de los Centros de Control y Comando
Con el fin de consolidar la operación de los Centros de Comando y Control en el país, a partir de enero del 2026 los ejecutivos estatales garantizarán los recursos y capacidades adecuadas para aplicar y cumplir con:
- Lineamientos de operación del número de atención de llamadas de emergencia 911, que emitirá el Secretariado Ejecutivo en diciembre de 2025
- Lineamientos de operación de la línea de denuncia anónima 089, que emitirá el Secretariado Ejecutivo en diciembre de 2025
- Modelo de Certificación de los Centros de Comando y Control, que emitirá el Secretariado Ejecutivo en diciembre de 2025
- Los Centros de Comando y Control deberán garantizar que las y los operadores de las líneas 911 y 089 cuenten con la capacitación que emitirá e impartirá el Secretariado Ejecutivo a partir de febrero de 2026
Mejor capacidad de análisis y registro de homicidios
Con el fin de fortalecer los registros de incidencia delictiva y procuración de justicia del Sistema Nacional de Información, las entidades federativas se comprometerán:
- Las fiscalías estatales aplicarán los lineamientos del Registro Nacional de Incidencia Delictiva que emitirá el Secretariado Ejecutivo a partir de enero de 2026
- En octubre de 2025 las fiscalías estatales iniciarán la implementación de la nueva metodología de recopilación de información diaria para el delito de homicidio doloso. A nivel estatal que actualizará el Secretariado Ejecutivo en coordinación con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a fin de fortalecer las capacidades de análisis y evaluación que realiza el Gabinete Federal de Seguridad Pública
- Las fiscalías estatales iniciarán el reporte de su información al Registro Nacional de Eficiencia Ministerial, según la metodología que emitirá el Secretariado Ejecutivo en un plazo máximo de 60 días naturales a partir de la publicación del Acuerdo