El lunes 8 de septiembre del presente año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó a la Cámara de Diputados los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Basados en las condiciones del país y en las internacionales, estos documentos presentan el paquete fiscal para el próximo año 2026.
En términos generales, el paquete fiscal descrito propone un gasto público muy elevado, de 26.1% del producto interno bruto (PIB). Ante la dificultad de financiar este monto a través de los impuestos tradicionales, el gobierno de México ha propuesto diversas medidas para ampliar la recaudación fiscal. Entre éstas se reduce la deducción de impuestos de ciertos rubros, se incrementan las tasas impositivas de diversos impuestos especiales, como el de los refrescos, el tabaco y el ahorro y se propone establecer aranceles a una gran cantidad de productos importados, principalmente provenientes de Asia.
Es necesario señalar que en el paquete fiscal se observa una preocupación de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum por contener el crecimiento de la deuda pública. No obstante, la estrategia presentada no considera diversos costos que surgen de la misma estrategia. Hay un costo grande de administrar impuestos con tasas muy diferenciadas. En el caso de los aranceles el problema es mayor, pues la propuesta es intervenir 1400 fracciones arancelarias. Por otra parte, impuestos como el del ahorro son, de acuerdo a la corriente principal de la teoría económica, la mejor receta para frenar el crecimiento económico de largo plazo.
En los últimos veinte años, ha habido un crecimiento muy grande de la deuda pública en México. En todo este período la razón de deuda pública a PIB ha aumentado en cerca de treinta puntos porcentuales. Actualmente está en alrededor de 52% en los términos señalados. Lo anterior ha ocasionado un incremento muy considerable en el costo financiero de la deuda. El paquete fiscal propone un gasto en intereses de la deuda de 4.1% del PIB. Este monto es superior al que se destina en forma separada a educación y salud. Por lo anterior, algunos analistas han planteado la posibilidad de que en algún momento pudiera haber una crisis de deuda en México.
“Aun en el caso en que fuera viable que México operara con una razón de deuda a PIB superior a la actualmente observada, el costo financiero que este valor representa restaría una gran cantidad de recursos a proyectos sociales y de infraestructura que son prioritarios...”
Conviene mencionar que la estructura de la deuda pública de México ha cambiado significativamente en relación con décadas pasadas. Alrededor del 80% de dicha deuda está denominada en moneda nacional, por lo cual es difícil que pudiera ocurrir una crisis como las de los años ochenta y noventa del siglo XX, que fueron ocasionadas básicamente por la gran dificultad de pagar deuda denominada en dólares. Asimismo, los valores de México son, hoy por hoy, bien aceptados en los mercados financieros aun cuando las tasas de interés han estado bajando. Por lo anterior, no se vislumbra que pudiera haber una insolvencia en los pagos de la deuda del gobierno mexicano en los próximos años.
Sin embargo, y dado el enorme incremento que ha experimentado la deuda pública mexicana en tiempos recientes, parece aconsejable estabilizar la deuda como proporción del PIB, pues no es claro cuando el tamaño de dicha deuda pudiera convertirse en un problema. Algunos países tienen un valor de la deuda pública doméstica en relación con el PIB de más de 100% y han operado así muchos años, pero en otros no ha sido así. Un caso particular es el del Turquía en 2001, que con una razón de deuda a PIB menor a 100% tuvo una crisis de deuda doméstica.
Aun en el caso en que fuera viable que México operara con una razón de deuda a PIB superior a la actualmente observada, el costo financiero que este valor representa restaría una gran cantidad de recursos a proyectos sociales y de infraestructura que son prioritarios. Es por eso que estabilizar la deuda como proporción del PIB, e incluso reducirla, parece muy conveniente.
Del análisis anterior surge una pregunta obligada. ¿El paquete fiscal presentado por el gobierno de México es compatible con la estabilización de la deuda pública como proporción del PIB?
El gobierno afirma que, en 2026, con un crecimiento de entre 1.8 y 2.8%, una inflación de 3%, una deuda inicial de 52.3% del PIB, una tasa de interés de 6% y un superávit primario de 0.5% del PIB, la deuda como proporción del PIB se estabilizaría en 52.3%. Tal escenario supone que el superávit primario sube a 0.8% del PIB en los siguientes años. Es de dudarse que esta variable pueda subir a esos niveles, pues hay presiones enormes de gastos en programas sociales, pensiones e inversiones del gobierno federal principalmente en PEMEX.
Por lo anterior, llevamos a cabo un ejercicio multianual entre 2026 y 2035 con dos diferentes escenarios, cuyos supuestos se muestran en el cuadro 1.
El escenario base es muy similar al del documento de Criterios de Política Económica. Suponemos un crecimiento del PIB de 2% para todos los años del período considerado. Dicho crecimiento está en la parte baja del intervalo del documento mencionado. Los demás supuestos son los de Criterios al menos para 2026. A diferencia de los supuestos del gobierno, y por las presiones de gasto que ya mencionamos antes, en este escenario básico mantenemos el superávit primario en 0.5% del PIB entre 2026 y 2035.
En el escenario alternativo, que probablemente sea más realista, suponemos el mismo crecimiento de 2%, una inflación de 4%, que es consistente con lo observado en los últimos años. El balance primario se considera en equilibrio, es decir que es cero, algo más consistente con el promedio observado para esta variable en los últimos años y con las presiones de gasto ya descritas. La tasa de interés suponemos que permanece en 7% y no baja a 6%, pues eso da por resultado una tasa real de interés cercana a 3%, algo similar a los supuestos de Criterios.
En ambos escenarios estamos considerando que hay ajustes que se suman al déficit público para generar los llamados requerimientos financieros del sector público (RFSP). En el escenario compatible con el gobierno esos efectos son los que señala el documento de Criterios. En el escenario alternativo el supuesto es que esos ajustes son de 0.6% del PIB, lo cual es más congruente con lo que ha sucedido en años recientes.
Con estos supuestos se lleva a cabo una proyección del comportamiento de la razón de deuda pública a PIB, la cual se muestra en la siguiente gráfica 1.
En el escenario compatible con Criterios la razón de deuda pública a PIB aumenta, pero no demasiado. Si en 2025 dicha cifra es 52.3% del PIB para 2030 llega a 54.6% y en 2035 muy cerca de 57%. Esos montos parecen manejables en el corto y mediano plazos.
En el escenario alternativo la razón de deuda pública a PIB aumenta más. En 2030 llega a cerca de 58% del PIB y en 2035 a poco más de 63% en los mismos términos. Es posible que esos montos de deuda sean manejables, pero implican un incremento adicional a la deuda actual de 11 puntos del PIB en 10 años. No parece ser un escenario positivo para la economía mexicana.
Evitar que la deuda pública como proporción del PIB siga subiendo debería ser una prioridad. Si algún día el tamaño de la deuda doméstica de México representara un problema mayor, se tendría que terminar la independencia del banco central, pues no se puede dejar quebrar a un gobierno. El Banco de México tendría que liquidar los valores vencidos de deuda imprimiendo dinero. Entonces volveríamos a experimentar un período largo de alta inflación.