En la iniciativa que Morena presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados el pasado miércoles se expone una condena de diez años a prisión por el delito de extorsión, conducta catalogada como grave en la Constitución que obliga la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, se trata de una “sanción reducida” ante un flagelo social que en 2023 se ubicó en el tercer lugar de los delitos del fuero común, señala el especialista en Programas de Gobierno.
En 2023, la extorsión fue el tercer delito más frecuente a nivel nacional, con una tasa de 5,213 hechos por cada 100 mil habitantes , detrás de fraude y robo/asalto en calle o transporte1 . La cifra negra de la extorsión alcanzó 96.7% en 2023 (es decir, sólo alrededor de 3 de cada 100 casos derivan en investigación formal). En conjunto, en 2023 se estimaron 31.3 millones de delitos y 92.9% no se investigó (cifra negra general). Con base en carpetas de investigación del SESNSP, la tasa nacional de extorsión creció entre 2018 y 2024 , mostrando una tendencia al alza sostenida.
Al ser consultado sobre si esta pena máxima de diez años es suficiente y ejemplar, como se establece en el proyecto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Perseguir y Castigar el Delito de Extorsión, además de si hubiera sido útil el Parlamento Abierto, el experto en temas de Seguridad Pública advierte que en Morena hay “una cerrazón” para escuchar a los expertos, a las instituciones y a todo aquello que modifique sus decisiones.
“Muy seguramente esa iniciativa será aprobada tal y como la presentan. No veo que vayan a cambiar, porque en Morena hay una ‘cerrazón’ de escuchar a los expertos, por ello coincido en que debió darse un Parlamento Abierto, instalar un panel de expertos, abrirlo a la sociedad, a académicos, especialistas, incluso a la ciudadanía en general, a efecto de que pudieran haber emitido su opinión, pero tengo entendido que antes de presentar la iniciativa, en intramuros, la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de Omar García Harfuch y su equipo hicieron un diagnóstico, y un poco a la manera de la vieja Policía Federal, él está formado en esta materia. Es decir, busca hacer contacto con los especialistas afines con los que ellos tienen eh vínculo y generar así sus propuestas. Yo no estoy de acuerdo con este procedimiento que estableció el gobierno federal. Yo soy partidario siempre del Parlamento Abierto, pero entiendo que sí se hizo una consulta ‘sui géneris’ para la ley de combate a la extorsión.
-Pero, ¿la pena de diez años es ejemplar?
-Tengo dudas con respecto a las penas. Al momento de revisar el proyecto, me parecía, en efecto, que vienen penas bastante reducidas para el tipo de delito del que estamos hablando. Sin embargo, al momento de cruzar esta información con la Fiscalía General de la República, con algunos contactos comunes que tengo, me decían que normalmente el delito de extorsión ocurre con otros delitos, la asociación delictuosa, posesión de arma de fuego, privación ilegal de la libertad en su caso, es decir, hay una concatenación de delitos. Me decían que en el análisis que realizaron, más del 90% de los delitos están en esto en estos casos, en el de extorsión. Entonces, pues como son acumulados, la perspectiva que tenían estas personas de imponer estas sanciones junto con otras este que van ocurriendo al momento de que se comete el delito de extorsión. Yo tampoco estoy de acuerdo con esa perspectiva, pero entiendo que esta fue la lógica que inspiró esas penas. En mi opinión, son penas tan reducidas y seguramente habrá ocasiones en las que algún delito de extorsión se suceda sin el acompañamiento de otros delitos, entonces un extorsionador va a tener una penalidad irrisoria.
La iniciativa presentada por la diputada Karina Piceno y suscrita por al menos una treintena de legisladores morenistas, casi todos plurinominales, se deja fuera consultar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para restrear activos y ganancias económicas del o los presuntos extorsionadores. Y aunque sí se plantea que este delito se perseguirá de oficio, como lo ha propuesto la presidenta Claudia Sheinbaum, la propuesta de ley general señala que la víctima debe presentar pruebas.
David Saucedo advierte que no involucrar a la CNBV y que víctimas deban presentar pruebas no son elementos tan adversos para perseguir el delito de extorsión
“Primero considero que sí debió involucrarse a la CNBV. Sin embargo, de igual modo, en este caso en particular, como se le está dando a Omar García Harfuch este el control, incluso más que a la propia Fiscalía General de la República (FGR) para la investigación del delito de extorsión. La intención es que el titular de dicha dependencia tenga a cargo el combate, con todo lo que se requiera, aunque la norma como tal no lo establezca. Me parece que se trata de una deficiencia jurídica, y lo que se espera es es que la operatividad y la línea y la estructura orgánica del administrador subsane el vacío legal, pero esto no funciona. Esto está probadísimo, no funciona. Tiene que quedar en la ley para que pueda asumirse realmente este mandato. Y sí, en efecto, se convoca la víctima para que aporte elementos de prueba, pero no me parece que sea la víctima la que tenga que aportar el mayor elemento de prueba, tiene que ser la agencia investigadora. Hay partes que te decía que no están contenidas en la ley, pero están contenidas en el Plan Nacional de Combate a la Extorsión, el que se presentó en una conferencia mañanera.
“Este combate a la extorsión parece que tiene varias vertientes, las detenciones como tales, la creación de un Centro Nacional de Combate a la Extorsión, centros estatales de combate a la extorsión. Da una sensación de que se trata de un tema de voluntad política, que terminara con marcar esa voluntad al cambio de este ánimo de intento. Porque hablaban en esa estrategia nacional de homologación de salarios, capacitación también, protocolos homologados para todo el país y eso, en efecto, no aparece en la ley. Ni los centros estatales de combate, de la extinción, el centro nacional, todo eso que incluso tenía oportunidad de conversar con algunos de los comandantes que van a estar a cargo de estas plantillas, no figuran en la norma, desconozco la razón, me parece que es un vacío legal grave”.
La iniciativa se compone de 28 artículos, y se fijan 90 días para su entrada en vigor. En su articulado establece la especialización de personal de las fiscalías de todas las entidades federativas
Al respecto, David Saucedo comenta: “Me remito a lo que conversé directamente con autoridades al respecto. Entiendo que ahora hay ministerios públicos especializados para poder atender ‘fast track’, de manera rápida este tipo de situaciones. Pero si no , con la orden judicial para una intervención, entiendo que tendría que hacerse así, además de una unidad especializada para atender el delito”.
Los diputados de Morena proponen que los recursos que conlleven el combate a la extorsión deberán estar supeditados al Presupuesto Federal 2026 que se asigne al Fondo para la Seguridad Pública (Fortaseg)
Cruzada contra la extorsión de García Harfuch
¿No quedarán recursos marginados, cuando se prevé incluso que haya recortes en seguridad pública?
-Hay una priorización en Morena al combate de extorsión en ciertos estados del país, y te lo voy a decir con mucha honestidad y franqueza, entiendo que esto se está también viendo por una perspectiva de procesos electorales que en breve se dará en algunas entidades, en 17 entidades, y entiendo que va por ahí de ir combatiendo de manera focalizada la extorsión, sobre todo en aquellos estados del país y municipios, distritos en donde haya una percepción disparada de la extorsión, o una comisión disparada de este delito, para ir o1pacando el malestar ciudadano. Entonces, como verás, son las patas de una mesa, de cuatro patas, por lo menos. Es el andamiaje jurídico, el recurso presupuestario, la estructura democrático-administrativa y la perspectiva político-electoral. Si sumas todos estos cuatro componentes, te hace un poco más de sentido. Si centras tu atención únicamente en la pata uno, en la estructura jurídica, pues en efecto se te cae. Y lo que percibo es que, a diferencia del combate al fentanilo, a diferencia del combate a la migración ilegal, que son temas impuestos por Estados Unidos, el tema del combate a la extorsión sí le interesa al gobierno federal. Porque sí genera erosión a las autoridades, a los gobiernos morenistas, porque lesiona la economía de segmentos de la población, son electores de Morena y sí hay un interés, un deseo de combatirlo. Creo que se están cometiendo muchos errores en el planteamiento de la estrategia nacional. Algunos tú ya los detectaste en el frente jurídico. Hay otros que también están en las otras patas de la mesa. Yo creo que va a ser por ensayo y error. Y también tengo la sospecha de que sí va a haber operatividad de vinculación de estructuras dedicadas a la extorsión. Va a haber una cruzada, en efecto, en contra de los grupos criminales dedicados a la extorsión. Ahora entiendo están enfocados en el mapeo criminal, de dónde son, cuántos son, dónde están las mafias dedicadas a la extorsión, cárteles sobre todo, y mandar un mensaje contundente de que va a haber mano dura para el combate de este delito. Es lo que yo alcanzo a ver, te reitero, no sé qué vaya a ocurrir. Esta estrategia ya está en marcha y vamos a ver, en un plazo razonable, vamos a ver, primer corte de caja, vamos a ver cómo funcionó con relación a las expectativas que las propias autoridades tenían.
La iniciativa resalta necesario señalar que “el promedio de pena mínima es de 4 años con seis meses y la máxima es de 12 años con 2 meses, si se toma en consideración todos los Códigos Penales de la República. Así las cosas, se toma el promedio nacional para establecer la punibilidad en el presente proyecto”.
Así, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se identificó la operación de una célula delictiva con base en la alcaldía Iztapalapa, dedicada a la extorsión, tráfico de drogas, homicidio, robo y despojo de inmuebles con violencia. Como parte del seguimiento, se aplicaron técnicas de investigación que permitieron ubicar un inmueble en el municipio de Acolman, donde se resguardaban sus integrantes, de acuerdo con un comunicado de la Marina, que mediante un operativo coordinado entre las instituciones de seguridad, se ejecutó la orden de cateo en la colonia Las Brisas, donde fueron detenidas Erika “N” y Wendy “N”, señaladas como líderes de la célula criminal, así como dos hombres y otra mujer. En el inmueble se aseguraron dos vehículos, dos motocicletas, equipo de cómputo, teléfonos celulares, cartuchos útiles, dinero en efectivo y dosis de droga.
A las cinco personas detenidas se les informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, que definirá su situación jurídica. El inmueble fue asegurado y permanece bajo resguardo policial.
En este operativo participaron con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia y Secretaría de Seguridad, ambas del Estado de México, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México; que dio como resultado la ejecución de una orden de cateo en el municipio de Acolman y la detención de cinco personas que formaban parte de una organización criminal vinculada con extorsión y otros delitos..