La Suprema Corte de Justicia de la Nación atraviesa un comienzo turbulento bajo la presidencia de Hugo Aguilar Ortiz. A unas semanas de haber asumido el cargo, el ministro ya enfrenta cuestionamientos por el tamaño de su equipo, la llegada de asesores polémicos y un giro jurisprudencial que especialistas describen como un retroceso en materia de derechos.
Los asesores de la SCJN
Un reportaje firmado por Jorge García Orozco reveló que la nueva presidencia de la Corte arrancó con 97 asesores, entre secretarios de estudio y cuenta, auxiliares y personal administrativo. El costo mensual de esta nómina supera los seis millones de pesos, una cifra que rebasa la de administraciones anteriores y que abrió el debate sobre la pertinencia de este gasto en la institución que debería encarnar el equilibrio del poder judicial.
La revelación llevó a la propia Suprema Corte a emitir un comunicado. En él se anunció una reducción de cuarenta por ciento en la plantilla a partir de octubre, aunque la presidencia insistió en que se trata de una redistribución de tareas y no de un recorte.
“Esta plantilla se reducirá 40% a partir del 1º de octubre, quedando integrada por 7 secretarios de estudio y cuenta, 8 secretarios auxiliares y 25 personas de apoyo operativo”, explicó la Corte en una tarjeta informativa.
Además, la SCJN explicó que mantendrá una Coordinación de Dictaminación encargada de revisar los proyectos de las y los demás ministros, que está integrada por 1 coordinador, 12 secretarios de estudio y cuenta, 5 secretarios auxiliares, 1 dictaminador y 15 personas de apoyo operativo.
¿Qué dijo el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz?
Al compartir el comunicado, Hugo Aguilar subrayó que, a diferencia de sus antecesores, ahora el ministro presidente no solo dirige al Pleno sino que también integra una ponencia y presenta proyectos de sentencia para presentarlos ante el Pleno y así —dijo— contribuir al desahogo de la carga jurisdiccional. .
Los perfiles que incomodan en la nueva Corte
El tamaño del equipo no es el único motivo de controversia. Entre los nuevos secretarios se encuentran figuras que generan división en la opinión pública. Destaca la incorporación de Vidulfo Rosales, abogado que representó a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y la de Daniel Wong Ibarra, vinculado en el pasado con la Iglesia de la Luz del Mundo. Ambos forman parte del círculo de confianza de Aguilar, un hecho que ha encendido debates sobre la orientación que podría tomar la Suprema Corte bajo su presidencia.
El ministro defendió estas designaciones asegurando que no se trata de asesores decorativos, sino de profesionales con atribuciones jurídicas específicas. Pese a ello, documentos oficiales muestran que varios de ellos perciben salarios que superan los cien mil pesos mensuales, lo que alimenta la percepción de opacidad y privilegio.
Lanzan advertencia de regresión en la Suprema Corte
Las tensiones en la nueva Corte no se limitan a lo administrativo. En las primeras resoluciones del Pleno se perfiló un cambio en torno al derecho de consulta a personas con discapacidad. El nuevo criterio elimina la obligación de revisar de oficio la falta de consulta en leyes que impacten a este sector.
El ministro en retiro Javier Laynez advirtió que esta decisión es regresiva porque traslada a las propias personas con discapacidad la carga de impugnar normas que les afectan. Explicó que algunos integrantes de la Corte comenzaron a perfilar un cambio de criterio en torno al derecho de consulta a personas con discapacidad.
Agregó que, proponen acotar los supuestos en que las violaciones a este derecho puedan ser estudiadas de oficio por el Pleno, bajo el argumento de “darles un papel más protagónico en la impugnación”.
“Esta postura es, cuando menos, regresiva, pues impone a las personas con discapacidad la carga de defender por sí mismos un derecho que justamente reconoce las asimetrías que los atraviesan”, explicó.
La ministra Lenia Batres defendió la decisión con el argumento de dar un papel más protagónico a este grupo en la defensa de sus derechos. Explicó que se determinó abandonar el criterio que obligaba al estudio oficioso de la falta de consulta a las personas con discapacidad sobre leyes que les afectaran de acuerdo con la propia Corte e independientemente de lo que consideraran las personas con discapacidad.
Con el nuevo criterio —dijo— ya no se invalidarán leyes por el solo hecho de que no se hubiera realizado la consulta.
El arranque de la presidencia de Hugo Aguilar Ortiz deja a la Suprema Corte bajo un escrutinio intenso. La ampliación del equipo de asesores, los perfiles polémicos que integran la ponencia y el cambio de criterios sobre la consulta a personas con discapacidad plantean un escenario de debates que marcarán los próximos meses.