La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, volvió a ser el centro de la atención pública tras exigir más espacio para su equipo de trabajo. La petición se habría planteado en una sesión privada del Máximo Tribunal, donde Batres argumentó que las oficinas asignadas a sus colaboradores resultaban insuficientes.
Según el periodista Julián Mazoy, quien tuvo acceso a la minuta de la sesión, la ministra cuenta actualmente con 250 metros cuadrados más que sus colegas y solicitaba un total de 700. Ninguno de los demás ministros respaldó su demanda, y la sesión terminó con la ministra retirándose visiblemente molesta, dejando sobre la mesa los documentos de la reunión.
Los asesores de Lenia Batres
Batres encabeza el mayor equipo dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con 79 personas distribuidas entre áreas jurisdiccional, administrativa, de investigación y comunicación. A diferencia de lo que podría entenderse como simples asesores, estos colaboradores se encargan de estudiar casos, elaborar proyectos de resolución y conducir los juicios, incluyendo notificaciones y audiencias.
La ministra insistió en que las ponencias funcionan como un juzgado, pero con mayor complejidad y carga de trabajo, y que su estructura responde a criterios técnicos y operativos, no a conveniencias políticas.
Batres aclaró que ninguno de sus colaboradores percibe un salario mayor al de la presidenta de la República y que, desde el inicio de su gestión, su equipo renunció a seguros y beneficios complementarios para cumplir con los principios de austeridad. Entre enero de 2024 y agosto de 2025, el gasto de su ponencia fue 19 millones de pesos menor al de otros ministros, representando apenas el 9% del total del personal de la Corte.
La solicitud de más metros cuadrados para su equipo desató críticas y reavivó la discusión sobre la gestión de recursos en el Máximo Tribunal. Sin embargo, hasta el momento la ministra no ha fijado su postura ante este señalamiento.
La controversia no es menor porque enfrenta el delicado equilibrio entre eficiencia administrativa, transparencia institucional y percepción ciudadana.