La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó orden de aprehensión en contra de Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la guardería ABC, sitio donde fallecieron 49 niños, el cinco de junio de 2009.
La mujer es señalada por los delitos de homicidio y lesiones culposas y fue capturada para que cumpla con la sentencia condenatoria dictada en 2016, de 28 años, 11 meses y cuatro días de cárcel, sin embargo, dicha sentencia fue reducida a cinco años y siete meses en abril de 2022.
La orden de aprehensión fue ejecutada en la ciudad de Nogales, Sonora. Posteriormente, Sandra Lucía fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil, en Hermosillo.
Sandra Lucía Téllez Nieves estaba prófuga en territorio estadounidense, sin embargo, luego de que fue detenida el pasado tres de agosto, sumado a diversas gestiones realizadas por la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales de la FGR, se efectuó su deportación controlada en la Garita l, Puerta México, Dennis DeConcini, en Nogales.
La captura se habría logrado gracias a una ficha roja emitida por Interpol, sin embargo, los familiares denunciaron no haber sido notificados formalmente por parte de las autoridades mexicanas.
Según los padres, una firma de abogados estadounidense estaría solicitando asilo político para Téllez Nieves, alegando que la mujer es perseguida política “cuando en realidad es responsable de homicidio culposo de 49 niños y niñas y de lesiones culposas en más de 106 niños y niñas”, acotaron.
El 5 de junio de 2009 en Hermosillo, un incendio que comenzó en una bodega de la Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal se propagó hacia la Guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En el incendio fallecieron 25 niñas y 24 niños menores de cinco años, y sobrevivieron más de 70 con quemaduras severas en su cuerpo y más de 39 con afectaciones en su organismo.
La guardería tenía las salidas de emergencias bloqueadas e incumplía con las medidas de seguridad, pero nadie está en prisión por su responsabilidad en el incendio y, aunque se han fijado responsabilidades a más de 20 exfuncionarios públicos, muchos han muerto y quienes están vivos no han recibido sentencia.