La activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por parte del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad del Estado mexicano frente a la crisis de desapariciones en el país.
El CED, integrado por 10 expertos independientes en derechos humanos, tomó la decisión tras analizar información recibida desde 2014, incluyendo denuncias, acciones urgentes, comunicaciones individuales e informes derivados de su visita a México. Según el artículo 34, si el Comité encuentra indicios de una práctica sistemática de desapariciones forzadas y considera que la situación lo amerita, puede llevar el asunto ante la Asamblea General de la ONU a través del Secretario General.
Ante esta medida, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no coincide con la decisión del Comité y recalcó que la mayoría de las desapariciones actuales están vinculadas al crimen organizado, a diferencia de décadas pasadas, cuando estaban asociadas a motivos políticos. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que la situación actual es “muy distinta” a lo que ocurría en los años 60, 70 y parte de los 80, cuando el Estado era responsable de desapariciones forzadas con fines políticos.
“Lamentablemente, las desapariciones que existen en México están vinculadas con la delincuencia organizada en la gran mayoría de los casos. No es la violencia del Estado”, explicó la mandataria, y añadió que aunque los casos deben ser atendidos, los mecanismos actuales buscan dar respuesta conforme a la ley y la Constitución mexicana.
Sheinbaum también confirmó que los estados y el Gobierno federal se encuentran en discusión sobre la regulación de acuerdos para atender las denuncias relacionadas con la desaparición forzada, buscando mecanismos coordinados que permitan su investigación y resolución.