CDMX — El próximo miércoles, el magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz García asumirá como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPF), y voces dentro del mismo órgano jurisdiccional ven renovación que será integral para todas las áreas clave, y este sábado recorrió sus instalaciones.
En ceremonia solemne, Bátiz García tomará las riendas del TEPJ a poco más de un año del inicio del proceso de las elecciones intermedias, cuando los ciudadanos acudan a las urnas a dejar su voto por 17 gubernaturas, diputaciones federales por 300 distritos y la segunda etapa de los comicios dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Gilberto de Guzmán Bátiz saludó este sábado a personal del órgano electoral con parte de su equipo. y en las próximas semanas vendrán los cambios administrativos con un presupuesto federal aún más recortado para 2026, que asciende a 4,009,492,877 millones de pesos, conforme al dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, que comenzará a discutirse el próximo martes.
Pese a esto, dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación voces que piden anonimato señalan que habrá un nuevo respiro con la llegada de Gilberto Bátiz a la presidencia, y con ello la cohesión en el organismo y una imagen de conciliación.
Para Gilberto Bátiz, “los problemas de la justicia son estructurales y multifactoriales, por lo que se propone implementar una debida comunicación, coordinación y cooperación de las capacidades institucionales, incluyendo las tecnológicas. En el ámbito electoral, de la Sala Superior con relación de las Salas Regionales y Tribunales locales, para garantizar la certidumbre en los procesos, así como la confianza en los resultados de los procesos de elección popular”, de acuerdo con sus propuestas presentadas como candidato al PJF dentro de la primera elección popular de jueces, magistrados y ministros.
El nuevo presidente del TEPJF señala su sumo interés por proyectar la justicia como un servicio público con efecto nivelador, dispuesto para quienes no han accedido de forma igualitaria a los bienes y recursos de una sociedad.
“Esto supone una visión humanista de dos vertientes: interna, desde el personal, entorno y actividad jurisdiccionales con enfoque de derechos humanos; externa, a partir de una identificación adecuada del sujeto actuante y del contexto de la controversia para eliminar la conflictividad social”.
