Sin capacidad financiera y técnica, la gran mayoría de los 2,864 Organismos Operadores de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) que existen en México han demostrado que ya quedaron obsoletos o caducos ante las intensas lluvias que se presentan cada vez más en nuestro paí que desbordan la capacidad de desalojo del alcantarillado y han provocado grandes tragedias en la población mexicana.
Lo más grave es que si no fortalecen su capacidad de respuesta no solo para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, sino también para prevenir catástrofes socioambientales y prepararse adecuadamente para estos escenarios de sequías más prolongadas y severas así como las fuertes lluvias, el panorama para el país luce con nubarrones.
En México existen 2,864 organismos operadores de agua, de los cuales 2,660 pertenecen al sector público y 166 al sector privado. De ellos, 1,642 proporcionan el servicio a poblaciones urbanas y 1,184 a localidades tanto urbanas como rurales (INEGI, 2019).
Sin embargo. La mayor cantidad de ellos son financieramente insolventes, no pueden cumplir con sus obligaciones jurídicas, y se caracterizan por sistemas hidráulicos con altas pérdidas de agua por falta de mantenimiento, además de no garantizar una cobertura total, continua y de calidad, según advierte una investigación del l Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado “Indicadores de evaluación para los Organismos Operadores de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento a nivel municipal”.
El documento advierte que la mera existencia de una cuenca con recursos hídricos abundantes no garantiza un servicio de abastecimiento de calidad, continuo y sostenible para la población de los municipios.
De ahí la importancia de que los OOAPAS se modernicen e inviertan en infraestructura para hacer frente a los retos del cambio climático que trae consigo una serie de fenómenos climatológicos que provoca desastres naturales y graves daños, pérdidas materiales y sobre todo humanas.
El IBD explica que la creación de la Comisión Nacional del Agua (1989) y la publicación de la Ley de Aguas Nacionales (1992) consolidaron el marco normativo e institucional que regula la creación y el desarrollo de los organismos municipales encargados de la administración del agua y el saneamiento en el ámbito urbano.
Con ello se canalizó a los municipios esta responsabilidad pues los gobiernos locales pueden responder de manera más directa e inmediata a las necesidades locales de la ciudadanía.
No obstante, los cambios se realizaron sin que los municipios contaran con las capacidades financieras y técnicas necesarias para asumir tales responsabilidades.
Además—agrega-- en muchos casos la descentralización se llevó a cabo bajo el predominio de criterios políticos en el establecimiento de tarifas y la designación del personal directivo, en lugar de basarse en lineamientos técnicos que favorecieran una gestión adecuada.
“Esto ha derivado en organismos operadores que no pueden cumplir con sus obligaciones jurídicas, que son financieramente insolventes y que se caracterizan por sistemas hidráulicos con altas pérdidas de agua por falta de mantenimiento, además de no garantizar una cobertura total, continua y de agua y alcantarillado”, establece