Los corredores públicos en el país se alistan para asumir las funciones de la nueva reforma a la Ley Agraria que los reconoce como fedatarios en materia agraria con lo cual buscarán jugar un rol clave en transformación del campo mexicano.
El pasado 1 de octubre, la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma a la Ley Agraria que reconoce a los corredores públicos como fedatarios en materia agraria y solo falta que la apruebe el pleno de San Lázaro.
Con ello se dará acceso real a servicios profesionales para los más de 32 mil núcleos agrarios del país, al ofrecer servicios más accesibles en regiones donde la presencia notarial ha sido limitada por la falta de notarios en zonas rurales sin contar los altos costos de traslado y la lentitud en trámites que ello implicaba.
“La reforma no solo amplía la cobertura de la fe pública, sino que incorpora a los corredores públicos como socios estratégicos en la modernización institucional del sector agrario.”, explicó el presidente del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana (CNCPM), Eduardo Ruiz Orozco.
En el marco de la jornada académica “La Correduría Pública y el Derecho Agrario”, destacó que este cambio institucional amplía el alcance de la fe pública y coloca a la Correduría Pública como actor estratégico por lo cual este gremio ya se prepara con seriedad y responsabilidad, para asumir estas funciones y contribuir desde sus responsabilidades a la solución de los retos agrarios del país con ética, compromiso y conocimientos.
La presencia de más fedatarios rompe con el monopolio fáctico que durante años restringió la competencia. Al abrir nuevas opciones, se abaratan costos, se agilizan procesos y se fomenta la seguridad patrimonial, garantizando que los actos de las comunidades tengan pleno respaldo legal.
“Con más de 32 mil núcleos agrarios y comunales en el país, esta transformación significa acceso real a servicios profesionales que antes estaban limitados por la falta de notarios en zonas rurales, los altos costos de traslado y la lentitud en trámites. La reforma democratiza la legalidad y devuelve equidad al campo mexicano”, recalcó
Orozco Pérez recalcó que la iniciativa representa un avance decisivo para evitar criterios restrictivos y reconocer plenamente a las corredoras y los corredores públicos como fedatarios y valuadores en materia agraria, fortaleciendo la certeza jurídica y el desarrollo de los ejidos y comunidades hacia una auténtica prosperidad compartida.
En este foro académico organizado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), se discutieron los impactos de esta reforma a la Ley Agraria impulsada por el diputado José Narro.
Otro de los puntos destacados en el foro fue el papel del Estado en esta nueva etapa pues esta colaboración con el Ejecutivo fortalecerá directamente la seguridad jurídica de ejidatarios y comunidades en asuntos esenciales como contratos, asambleas y cesiones de derechos.
También se hizo énfasis sobre la importancia de contar con más opciones de fe pública en zonas rurales.
“La presencia de más fedatarios rompe con el monopolio fáctico que durante años restringió la competencia. Al abrir nuevas opciones, se abaratan costos, se agilizan procesos y se fomenta la seguridad patrimonial, garantizando que los actos de las comunidades tengan pleno respaldo legal”, estableció
Juristas y corredores públicos coincidieron en que esta reforma evitará interpretaciones reglamentarias restrictivas pues reconoce la intervención de las corredoras y los corredores Públicos como fedatarios y valuadores en materia agraria, fortaleciendo la certeza y el desarrollo de los ejidos y comunidades hacia una auténtica prosperidad compartida.
Tal incorporación –agregan--permitirá brindar soporte documental, valuaciones profesionales y acompañamiento técnico en operaciones que influyen directamente en la vida comunitaria, coincidieron los participantes.